La Suprema Corte, oportunidad perdida
Venustiano Carranza, el primer jefe de la Revolución Constitucionalista, en el proyecto de nueva Constitución presentado por él al Congreso reunido en Querétaro concebía a la Suprema Corte como el poder garante de la legalidad y legitimidad de los actos de los otros dos poderes, pero no sólo mediante el juicio de amparo, protector de los derechos humanos en casos específicos y personales de violación a garantías individuales, sino también mediante un procedimiento de investigación de algunos casos de violaciones generales o muy graves a garantías individuales o al voto público. La averiguación o búsqueda de la verdad daba al supremo tribunal la oportunidad de indagar directamente en estas circunstancias.
Esta facultad investigadora, con las reformas constantes al texto de los artículos constitucionales, emigró parcialmente, del tercero al segundo párrafo del artículo 97, pero en lo sustancial se mantiene vigente.
Mediante dicha facultad investigadora, la Corte tiene una de las más altas funciones que la ley suprema le confiere. Por esa facultad, pocas veces ejercida, el más alto tribunal de la Federación adquiere el nivel de un verdadero poder en los delicados temas de violaciones a garantías individuales, y con ella se eleva por encima de su labor cotidiana de resoluciones singulares de casos generalmente ya dirimidos en otras instancias y respecto de los cuales el tribunal sólo revisa en voluminosos expedientes elaborados por otras autoridades, a toro pasado, como se dice, y a veces a años de distancia de los hechos que le toca analizar.
En cambio, con la facultad que le otorga el 97 párrafo segundo, la Corte puede ordenar una investigación por conducto de uno o varios de sus integrantes, quienes tendrían que ir más allá de los papeles y folios sobre los que normalmente dicta sus resoluciones, para entrar al mundo verdaderamente jurisdiccional de investigar hechos, recabar pruebas, oír testigos y, en fin, tener un contacto directo y actual con lo acontecido que motive su indagatoria.
Para la Corte debiera ser de oro esa oportunidad equilibradora que le confirió el Constituyente, pero salvo en casos de excepción como el de Aguas Blancas en fecha relativamente reciente, y el de la matanza de León con motivos electorales, hace ya más de 50 años, y otros pocos, ha preferido eludir y abstenerse.
La más reciente ocasión para usar esta facultad ha sido la relativa a los graves acontecimientos ocurrido en Oaxaca. La Corte podría haber iniciado la investigación por sí y sin necesidad de impulso externo; el precepto le autoriza "cuando así lo juzgue conveniente", a su discreción, a acudir con sus investigadores, a buscar la verdad y sacar conclusiones, las que tendrían un gran peso moral y político, pero la oportunidad la perdió por enésima vez, y esto a pesar de que en esta ocasión se lo solicitaron varios distinguidos integrantes del Frente Amplio Progresista.
La respuesta fue elusiva, formalista, timorata, para decir lo menos. En ella se adujo que los firmantes, Ifigenia Martínez, Jesús Ortega, Porfirio Muñoz Ledo, Jesús González Schmal y Manuel Camacho Solís no tienen legitimación activa para solicitar a la Corte su intervención, pues según el texto aplicable sólo pueden impulsar una actuación de esta naturaleza algunos órganos de gobierno enumerados en el párrafo citado.
Los señores ministros (no todos, afortunadamente), escurridizos, soslayan por un lado que los firmantes en ejercicio del derecho de petición están plenamente legitimados para solicitar su intervención, aunque ciertamente esta solicitud no les obliga, pero tampoco les impide abocarse al asunto, pues con ella o sin ella la Corte tiene de por sí la facultad investigadora que debe ser usada para casos graves como el de Oaxaca, en el que debieron, en lugar de rechazar, agradecer a quienes les recuerdan sus altas responsabilidades. Lo que faltó fue voluntad y decisión en un asunto que tanto requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto.
Perdió nuevamente este alto cuerpo colegiado la oportunidad de salir del mundo de papel y expedientes que recibe de las múltiples burocracias del país y dentro del cual vive permanentemente, y enfrentarse a una realidad social que está lastimando gravemente a la colectividad mexicana, y también de paso, perdió la oportunidad de cambiar su imagen de un tribunal conservador, indeciso y proclive a los excesivos formalismos, especialmente cuando favorecen a los grandes intereses.
Se les va otra ocasión (que, como se sabe, pinta calva) no a cada ministro en particular los hay conscientes y sabios, pero sí al cuerpo colegiado en su conjunto, que seguirá, por lo que se ve, en la misma línea con la que resolvió casos en contra del interés popular. Recuerdo algunos: el anatocismo bancario, el de la cooperativa Pascual, el del Fobaproa y la absurda sentencia en el asunto de Oscar Espinosa Villarreal.
Está confirmado que nuestra nación, el Estado mexicano, requiere de un cambio real y profundo y lo requiere con urgencia; la presión es mucha y sería deseable que los integrantes del alto tribunal, con mayor sensibilidad que la que han mostrado, pusieran de su parte para que el cambio sea incruento como todos lo esperamos.