En diciembre pasado "González Alcocer trató de dar albazo": Carlos Sotelo
Busca frenar el PAN iniciativa para despenalizar la difamación y calumnia
Los casos de Lydia Cacho y Proceso, para silenciar el discurso crítico, dice el perredista
La determinación de despenalizar injuria, difamación y calumnia, que adoptó la Cámara de Diputados, desde principios de 2006, a fin de evitar que se hostigue y hasta encarcele a periodistas que formulan críticas o revelan corruptelas de funcionarios o particulares poderosos, pretende ser frenada en el Senado por legisladores del PAN.
El perredista Carlos Sotelo denunció que incluso el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, trató de "dar un albazo" en diciembre pasado, al presentar un dictamen "cachirul" en el que se da marcha atrás en eliminar del Código Penal los llamados "delitos de prensa".
El 28 de marzo de 2006 el pleno senatorial dio entrada a una minuta proveniente de San Lázaro, por la que se modificó el Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de eliminar del mismo las figuras de calumnia y difamación, para que las denuncias en la materia sean resueltas por la vía civil.
La minuta, que elimina la pena de prisión a quien enfrente cargos de abuso de la libertad de expresión, deja abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros en la vía civil, no fue aprobada en el pasado periodo de sesiones, la heredaron los actuales legisladores y ahora el panista González Alcocer pretende enterrarla.
Al respecto, el senador Sotelo, quien preside la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, hizo notar que hay una actuación poco clara de González Alcocer, que debe aclarar, ya que es fundamental evitar que se repitan casos como el de Lydia Cacho, quien debió enfrentar un proceso penal por presunta difamación en contra del empresario Kamel Nacif, o la demanda civil, por supuesto daño moral, interpuesta por la entonces esposa del presidente Vicente Fox en contra de la empresa editora de la revista Proceso.
Ambos "son ejemplos claros de la aplicación de leyes que lejos de proteger el honor de las personas son utilizados para atacar, o mejor dicho, silenciar el discurso considerado crítico y de denuncia contra excesos de poderosos intereses".
Desde el poder, agregó, se aprovecha el actual marco jurídico, que posibilita "una discrecional, parcial y condicionada aplicación de la ley, mediante normas absolutamente anacrónicas, que están ahí como una especie de espada de Damocles para ser utilizados cuando conviene a un poderoso o a una autoridad indignada".
Recordó que el pasado 16 de octubre, desde el pleno formuló una excitativa, a fin de que se dictaminara la minuta y se refrendara la decisión que todas las fuerzas políticas tomaron en la Cámara de Diputados de despenalizar la calumnia y la difamación, para que los periodistas no sean más víctimas de coerciones, persecuciones y trabas "como lo fue Lydia Cacho a manos del góber precioso y de Kamel Nacif" con el pretexto de denuncias por los llamados delitos contra el honor.
El senador Sotelo recalcó que todo indicaba que la Comisión de Justicia avalaría la minuta de la Cámara de Diputados, pero sorpresivamente, el pasado 20 de diciembre poco antes de concluir el periodo de sesiones ordinario el panista González Alcocer presentó un dictamen en el que echa abajo esa reforma, mantiene la difamación y la calumnia como delitos penales y endurece las sanciones para las mismas por la vía civil.
Agregó que al darse cuenta del intento de albazo, la fracción del PRD logró que se retirara el dictamen por tener dudas de su legitimidad. Incluso, precisó que los senadores Ricardo Monreal y Tomás Torres informaron a los demás integrantes de su bancada que en sesión ordinaria de la Comisión de Justicia se aprobó el dictamen de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, estuvo a punto de ser aprobado y quedó en primera lectura el otro dictamen en el que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, rechazan eliminar del Código Penal las figuras de difamación y daño moral, por considerar que "no es de ninguna manera conveniente que el Estado claudique en proteger los legítimos intereses de los individuos", y deje sin posibilidades de defender su honra y reputación a quien lo considere necesario.