Reprueban la participación por los casos de "graves" abusos a derechos humanos

ONG: la creciente militarización de la seguridad menoscaba la política civil

La lucha contra el crimen, ajena a la milicia, que debe defender el territorio nacional, dicen

EMIR OLIVARES ALONSO

La creciente incorporación de militares en tareas de seguridad interior va en detrimento de la fortaleza de la política civil, además de que esa respuesta del gobierno federal ante la legítima demanda de seguridad de los ciudadanos "ha demostrado su ineficacia" en años recientes, aseguraron organizaciones defensoras de derechos humanos.

"Desde hace dos décadas, el gobierno mexicano ha señalado al narcotráfico como un problema de 'seguridad nacional', en virtud de lo cual ha construido el entramado jurídico necesario para combatirlo mediante la legalización ­ya sea de manera directa o discrecional­ de la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, normalmente destinadas a las policías civiles del ámbito federal", expresaron en un documento conjunto los centros de derechos humanos Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, el Frente Cívico Sinaloense y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

En el texto afirman que involucrar a militares en tareas de seguridad interior en un país "con una incipiente democracia electiva y con un incremento acelerado de la pobreza", como es el caso de México, "representa un riesgo importante para la construcción de un modelo de seguridad pública" que garantice de manera eficaz el respeto a los derechos humanos la seguridad de la población.

"La experiencia nos manifiesta que existe un riesgo real en que las fuerzas armadas se involucren en actividades de seguridad pública. No son pocos los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por militares contra poblaciones vulnerables durante operativos, como el actual, pues el fuero militar evita que los miembros de las fuerzas armadas puedan ser presentados ante la justicia civil, lo cual propicia la impunidad y la falta de rendición de cuentas", subrayan las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Señalaron que los operativos ordenados por el presidente Felipe Calderón, que se ejecutan en varios estados, colocan sobre la mesa la "urgente necesidad" de plantear una reforma al sistema de seguridad pública, en el que se planteé de manera clara la competencia de cada uno de los órganos de seguridad, además de que se desmienta "el falso dilema entre el respeto a los derechos humanos y la efectividad en la prevención y combate a la inseguridad pública".

Las organizaciones pro garantías fundamentales expresaron que es un error incorporar a la lucha contra el crimen organizado a la milicia, debido a que la misión de las fuerzas armadas para la defensa del territorio nacional "requiere de un esquema opuesto a las prácticas democráticas, como son la participación, la discusión y la mediación", pues sus funciones implican un uso de la fuerza "difícil de controlar".

En cambio, consideraron, las instancias encargadas de la seguridad pública deben prevenir y perseguir los delitos, por lo que éstas requieren "de una actuación altamente efectiva, pero respetuosa de los derechos humanos de la población".

Recordaron que organismos internacionales, como el grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, han solicitado al Estado mexicano la separación de los militares de las tareas policiacas.

Subrayaron que un ejemplo claro de la ineficacia de que militares afronten el crimen organizado se dio en la administración pasada con el operativo México Seguro, creado para combatir el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de indocumentados, el robo de vehículos y la portación y trasiego de armas. "No obstante (de ese operativo), el informe de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados reportó que durante el sexenio que acaba de concluir se cometieron 9 mil ejecuciones relacionadas con el narcotráfico. Datos que nos llevan a cuestionar la efectividad de esos operativos", argumentaron las ONG.