Una corte prohíbe a la entidad estadunidense tratar de impedir envíos de dinero
El procurador de Arizona, sin autoridad para confiscar transferencias a México
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Un indocumentado descansa en Nogales, Sonora, tras haber caminado durante días en el desierto bajo temperaturas heladas y ser arrestado y deportado por la Patrulla Fronteriza, en diciembre pasado
Foto: Ap /Gregory Bull
La Corte Superior de Maricopa, Arizona, dictaminó que el procurador general del estado, Terry Goddard, no tiene autoridad para confiscar las transferencias de dinero que se hacen de Estados Unidos a México.
El año pasado el procurador confiscó más de 12 millones de dólares en envíos de dinero de particulares provenientes de 26 estados del país vecino a Arizona y Sonora, con el argumento de detectar el lavado de dinero producto de actividades de tráfico de drogas y de seres humanos. Esta medida afectó a más de 11 mil personas, principalmente de origen mexicano.
Como consecuencia de esto, un grupo de organizaciones e individuos, entre los que se encontraba Juan Salgado, consejero del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en Chicago y presidente de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados de Illinois, presentó el 18 de octubre una demanda en contra del procurador, al considerar que la medida es violatoria de la Constitución de Estados Unidos.
En su fallo, la Corte Superior del condado de Maricopa declaró que el estado de Arizona no tiene autoridad para confiscar envíos de dinero generados fuera de la entidad y para ser cobrados en México.
Además, prohibió al estado tratar en el futuro de intervenir en envíos de dinero que no sean cobrados dentro de Arizona.
Pero son muchas las alcaldías y condados de Estados Unidos donde se están librando ofensivas locales contra los indocumentados, y las organizaciones pro migrantes están obteniendo triunfos importantes.
Ejemplo de lo anterior es que recientemente el condado de Cherokee, localizado en la zona metropolitana de Atlanta, Georgia, tuvo que dar marcha atrás en su pretensión de penalizar a los caseros que renten casas o departamentos a inquilinos indocumentados.
Un grupo de siete indocumentados, junto con el arrendador Robert Steward Inc., que administra el Bells Ferry Mobile Home Park, demandaron ante un juez federal en Atlanta la anulación de la ordenanza aprobada el 5 de diciembre.
Una batalla parecida se libra en Farmers Branch, Texas, donde el pasado viernes entraría en vigor una "ordenanza" que obliga a los caseros a comprobar el estado migratorio legal de los inquilinos antes de otorgarles un contrato de arrendamiento.
Pero de nuevo la presión de organismos defensores de migrantes logró que los comisionados acordaran un plebiscito para aprobar o derogar esa disposición.
Diversas organizaciones de los derechos humanos de ambos lados de la frontera han señalado que los argumentos vertidos en estas batallas legales en las cortes estadunidenses sintetizan el debate en el que están involucradas muchas regiones estadunidenses en torno a los migrantes.
En el caso de Cherokee y ante la corte, los propios comisionados del condado congelaron la medida hasta saber qué sucede con decisiones judiciales que suspendieron de manera temporal otras ordenanzas similares en Hazelton, Pennsylvania; Valley Park, Missouri, y Escondido, California.