Repudian la propuesta de Ortiz Mayagoitia, ministro presidente de la SCJN
Molestia de jueces por anuncio de recorte salarial
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, convocó a jueces y magistrados federales a aceptar la reducción de su sueldo en 10 por ciento, o en su defecto, la disminución del 50 por ciento del bono cuatrimestral que reciben y que es equivalente, cada uno, a un mes de salario; también les dijo que el salario de los ministros también bajaría en 10 por ciento.
La propuesta hecha por conducto de los coordinadores de los jueces de distrito y magistrados federales fue recibida con desagrado por la gran mayoría de los juzgadores, no sólo porque la Constitución prohíbe expresamente bajar los sueldos, sino además porque consideran que antes que bajar los sueldos, Ortiz Mayagoitia debe preocuparse por reducir los gastos suntuarios en que se incurre en la Corte, y particularmente el Consejo de la Judicatura Federal.
También argumentaron, en una reunión celebrada el pasado miércoles, que en todo caso aceptarían bajar sus percepciones con la condición de que, de una vez y en definitiva, los salarios de ministros, magistrados y jueces, quienes perciben "libres" al mes 350 mil, 160 mil y 130 mil pesos, respectivamente, sean del conocimiento público y que los recursos de la Corte y el consejo sean manejados en forma transparente y sin dispendios. De acuerdo con información obtenida por este diario, Ortiz Mayagoitia aceptó en una reunión previa con los coordinadores de los jueces que estaba siendo "presionado" para sumarse a la decisión del presidente Felipe Calderón, de reducir su salario en 10 por ciento.
Incomodidad
Este comentario generó molestia en el encuentro de los juzgadores con sus representantes, porque la forma como hizo su planteamiento el ministro presidente genera dudas y confusiones. Por ejemplo: si es el presidente Calderón el que presiona a Mayagoitia para que se sume a la disminución de los salarios: esto mandaría una señal pésima a los jueces, porque quedaría en duda la independencia del Poder Judicial federal. Este constituye el escenario más cuestionado porque, además, levantaría un reclamo en contra del Presidente de la República, quien durante su campaña nunca habló de reducción de salarios, y además porque gran parte de los funcionarios de la Judicatura Federal votaron por Calderón, porque sabían que con Andrés Manuel López Obrador les bajarían el salario.
Si es el ministro Mayagoitia el que por decisión propia considera que debe sumarse a la propuesta de austeridad de Calderón, manda por otra parte señales "que sólo constituyen una mascarada, pero que no resuelven el problema de fondo". Esto porque, argumentaron en esa reunión, "el verdadero problema en el Poder Judicial federal es el derroche de recursos por parte de ministros y consejeros".
En este sentido, se dijo que si Mayagoitia quiere economizar recursos, que empiece por recortar gastos innecesarios, lo que representaría al menos un 30 por ciento de ahorro, "sin necesidad de recortar sueldos". Para este fin, demandaron incluso que la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión integral de las cuentas de la Corte y del consejo, para que quede en evidencia el manejo discrecional de los recursos y el derroche de los mismos en que se ha incurrido en los últimos años.
Durante el encuentro en el que participaron los representantes de jueces y magistrados y decenas de juzgadores de todas las materias, hubo comentarios que generaron consenso. Por ejemplo, el relativo a que, si el ministro presidente quiere ser congruente, que haga efectiva una reducción de los sueldos de sus pares y de los consejeros en 30 por ciento. En el caso de los jueces y magistrados, aceptaron incluso que su salario se redujera en más del 10 por ciento planteado, pero con la condición de que se transparentaran los ingresos totales de los involucrados.
Como parte del manejo discrecional del dinero en la Judicatura Federal, trascendió que en 2006 el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, ordenó la devolución de los impuestos retenidos de jueces y magistrados con motivo del bono cuatrimestral, que equivale cada uno a un mes de salario, a costa del presupuesto.
En todo caso, comentaron funcionarios que estuvieron presentes en la reunión, debe promoverse una reforma constitucional que fije tope salariales para los altos mandos de la administración pública, pero que sea obligatoria para todos, es decir, para los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y en la que no haya resquicios para que continúe el derroche de recursos o la asignación discrecional de compensaciones.
Se prevé que el ministro presidente anuncie en fecha próxima las reducciones salariales en la Judicatura Federal, lo que dependerá de posibles acuerdos con los jueces y magistrados federales para la desactivación de las inconformidades, la cual, según funcionarios consultados, es la más importante en los últimos 10 años.