El movimiento considera que el gobernador es incapaz de sostenerse por sí mismo
Ulises Ruiz se tambalea y por su debilidad pide apoyo a la PFP, asegura la APPO
El pueblo ya derrotó al miedo y seguirá en la lucha para garantizar un cambio, afirma
Ampliar la imagen Integrantes de la disidencia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca cerraron los accesos a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por lo que cerca de 35 mil alumnos perdieron el día Foto: Blanca Hernández
Oaxaca, Oax., 11 de enero. La posible petición del gobernador Ulises Ruiz Ortiz para que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, autorice incrementar el número de agentes de la Policía Federal Preventiva en la entidad demuestra "que no es capaz de sostenerse por sí mismo", afirmó hoy la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
"Con eso se reafirma que no puede gobernar ante el gran rechazo popular hacia su persona y al grupo en el poder", afirmó Florentino López Martínez, vocero de la alianza de organizaciones, quien demandó al gobierno federal rechazar la petición porque el regreso de un mayor número de las "fuerzas de ocupación" lo único que provocará "es complicar más la situación de Oaxaca".
El gobernador pretende el regreso de un mayor número de agentes federales, "pues a la salida del grueso de las fuerzas de ocupación su gobierno se ha comenzado nuevamente a tambalear ante la movilización del pueblo", dijo el portavoz.
Destacó que esa eventual petición "echa por tierra lo que ha dicho (Ruiz Ortiz ) de que ya concluyó el conflicto político social en la entidad y que en Oaxaca hay paz y tranquilidad".
Consideró que el gobernador "ve otra vez su cabeza al borde del precipicio" ante la recuperación de la APPO después de la represión de noviembre pasado y las crecientes movilizaciones en su contra.
"Le tiene miedo al pueblo y con la PFP y los sicarios pretenden acallarlo, pero la gente ya ha derrotado el miedo y ha demostrado que está firme en la lucha hasta la caída del tirano", asentó. Prueba de esto subrayó son las protestas realizadas la tarde del miércoles en esta capital y en otras ciudades del estado, a las que concurrieron miles de personas.
"La sociedad oaxaqueña seguirá en la lucha por lograr la transformación política, económica y social, así como la caída del tirano Ruiz Ortiz, la salida de la PFP y la liberación de todos los presos políticos y de conciencia, por ser condición indispensable para el restablecimiento de la paz y la tranquilidad en la entidad", comentó.
Del lado magisterial del movimiento, se informó que el ex secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y miembro de la comisión de diálogo de la APPO, Erangelio Mendoza González, sufrió un infarto al miocardio la tarde del miércoles y debió ser internado en un hospital privado.
El estado de salud de Mendoza González, uno de los primeros detenidos a raíz del movimiento popular, fue reportado estable por sus familiares, aunque tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para su recuperación.
Otro ex secretario general de la sección 22, Luis Fernando Canseco Girón, llamó a todas las corrientes del movimiento magisterial a hacer a un lado "las pequeñas o grandes diferencias" surgidas de la reciente etapa de lucha y priorizar el combate contra los charros del comité ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sus correligionarios, "sin que esto implique soslayar la principal demanda política de la salida del gobernador" Ruiz Ortiz.
"Debemos cerrar heridas, filas, puertas y todo lo necesario para evitar el retorno del charrismo al seno del magisterio del estado y así desaparecer del territorio oaxaqueño su pretendida sección 59", identificado con la presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, señaló.
La presidenta de la comisión ejecutiva de la sección 59, Erika Rapp Soto, demandó por su parte a la administración estatal la integración de mesas de diálogo con la sección 22 para la solución de los conflictos que aún persisten en escuelas del estado.
Acusó al gobierno de querer imponer a los afiliados de la sección 22 en seis centros escolares donde existen problemas, "a pesar de que en las comunidades los padres de familia no los aceptan por no tener interés en la educación".