El foro por los derechos humanos solicitará a la SCJN que investigue violaciones
Piden adecuar la ley para llevar el caso Oaxaca a la Corte de La Haya
Proponen que el Congreso de la Unión emprenda reformas en derechos humanos
Para que la denuncia por delitos de lesa humanidad contra Ulises Ruiz proceda ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, la querella debe plantearse de manera adecuada, con base en diversas acciones y estrategias en el ámbito nacional, mismas que deben instrumentarse antes de llevar el caso a escala internacional.
Por eso, los actores que participaron en el Foro por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca realizado el pasado martes en la Cámara de Diputados acordaron solicitar al Congreso de la Unión que trabaje en las modificaciones legales para que la leyes internas acaten la legislación internacional en materia de derechos humanos, y "así lograr que los delitos contra la humanidad se consideren graves (en la legislación mexicana) y se investiguen de oficio".
Entre las conclusiones a las que llegaron los participantes en dicho foro, que "son fundamentales para presentar el caso ante la CPI", destaca el rechazo, durante el sexenio foxista, al artículo 21 constitucional, pues con ello se le da "facultad discrecional" a la Cámara de Senadores para decidir qué casos pueden presentarse ante La Haya, lo cual "anula los alcances de la misma Corte Penal", porque el Estado decide cuáles de sus violaciones a derechos humanos pueden analizarse.
Exigen cambios en la ley de la CNDH
Otra de las demandas es solicitar cambios en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que un agraviado pueda presentar ante un tribunal, como prueba válida en su favor, las investigaciones realizadas por ese órgano y que la propia comisión se vea obligada a proporcionarlas a las autoridades.
Que los legisladores soliciten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, con base en el artículo 97 constitucional, el máximo tribunal atraiga el caso para que investigue las violaciones a las garantías fundamentales en Oaxaca y se pronuncie al respecto.
Que la actual legislatura del Congreso de la Unión dé seguimiento a las denuncias de juicio político contra Ulises Ruiz y de desaparición de poderes en Oaxaca, presentadas ante la legislatura pasada; además de que en ese órgano legislativo se conforme una comisión que investigue el conflicto en esa entidad.
Que la Cámara de Senadores exija al Ejecutivo federal que solicite, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la presencia de relatores e integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, para que éstos analicen la problemática y violaciones a los derechos humanos en que han incurrido las autoridades desde el inicio del conflicto, hace más de siete meses. Además de solicitar la presencia de miembros de la Cruz Roja Internacional para que visiten a los "presos de conciencia" a raíz del conflicto.
Asimismo, concluyeron que se debe exigir a la Procuraduría General de la República que dé seguimiento a las denuncias presentadas contra el ex presidente Vicente Fox, el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal y Ulises Ruiz por las violaciones a los derechos humanos en que hayan incurrido por el caso.
Otro de los propósitos es lograr la unión de las víctimas de agresiones por parte de las fuerzas policiacas del Estado en los hechos del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara; del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, y las de Oaxaca, para que las denuncias internacionales "tengan más fuerza".
Participantes en el foro realizado en la Cámara de Diputados aclararon que aunque la CPI castiga a particulares y no al Estado en su conjunto, el gobierno está obligado a proporcionar la información que ese órgano internacional le solicite y, en caso de encontrarse responsables, debe reparar el daño a las víctimas y el funcionario que incurrió en los delitos de lesa humanidad debe purgar pena corporal.
Agregaron que el Grupo de Acción Judicial de la Federación Internacional de Derechos Humanos se comprometió a brindar todo el apoyo a los agraviados para llevar el proceso judicial ante la Corte Penal Internacional de La Haya.