Acceso a información oficial pudo derivar en quebrantos al erario y tráfico de influencias

Legisladores del PRI piden investigar nexos de Gil con ISOSA e Hildebrando

Su incorporación al HSBC es una práctica corrupta, cuestiona la fracción del PRD

CIRO PEREZ SILVA

A la cuestionada incorporación de Francisco Gil Díaz al HSBC, los legisladores del PRI sumaron ayer nuevas dudas sobre su relación con ISOSA en el manejo de las aduanas del país y con el cuñado del presidente Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, ya que a partir de los contratos asignados para el procesamiento electrónico de datos del gobierno federal, se abrieron las puertas para que empresas privadas tengan acceso a información que, presumiblemente, ha derivado en quebrantos al erario y tráfico de influencias.

Por lo anterior, el coordinador priísta en la Comisión Permanente, el senador Carlos Lozano de la Torre, demandó que el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA) en las aduanas de México.

Por lo que toca al sistema instalado por la empresa Hildebrando, el senador aseveró que a partir de éste tendría acceso a la información relacionada con amparos contra actos, asuntos penales, asistencia legal, mesa de trámites, agenda del abogado, catálogo de contribuyentes, donativos deducibles, reportes de requerimientos generales y reportes de servicios al contribuyente, así como de juicios de nulidad, situación que resulta a todas luces contraria al interés general, a pesar de que la información que obra en los registros de autoridades federales debe quedar a resguardo de éstas y no de particulares.

Poco antes, la fracción del PRD exigió al gobierno federal iniciar una indagatoria en contra del ex secretario de Hacienda por el delito de ejercicio abusivo de funciones en el que incurrió al incorporarse al HSBC, ya que no se trata de un simple conflicto de intereses sino que "es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte".

En la exposición de motivos del punto de acuerdo que fue enviado a comisiones para su dictamen, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, comentó además que entre las "coincidencias" que marcan el trayecto de Gil Díaz es que de 1997 a 2000 fue director de Avantel, de la cual Banamex posee 51 por ciento de sus acciones, institución a la que protegió durante su gestión como secretario de Hacienda, aseguró el perredista. "Lo anterior no es un conflicto de intereses; es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte", acusó.

En su turno, Lozano de la Torre recordó que a mediados de 1992 Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos de la SHCP, convocó a una licitación pública para autorizar la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero. En julio de ese año se otorgó el fallo en favor de una sociedad llamada Integradora de Servicios SA de CV (ISSA) de la compañía canadiense Shl System House y la empresa Gervassi Clark, SA de CV, concesionaria de la trasnacional Internacional Business Machines (IBM) y propiedad de Angel Rolando Gervassi Santiago, misma que se presume fue creada ex profeso para concursar en la licitación.

El 31 de julio de 1992, el propio Gil Díaz, en representación de la SHCP y Gervassi Santiago firmaron un contrato con el objetivo de extender la red de servicio computarizado de la Subsecretaría de Ingresos a 3 mil terminales en 350 centros de cómputo, así como asistir y asesorar al personal técnicamente calificado para operar el despacho aduanero con las más altas calificaciones de calidad y de mercado, servicio por el que se acordó pagar a ISSA 23 mil 280 millones de viejos pesos anuales, cantidad que se actualizaba semestralmente de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor.

Después de una serie de "graves conflictos" entre Gil Díaz y Geervassi Santiago, el 28 de mayo de 1993 la Secretaría de Hacienda rescindió el contrato de servicios a ISSA. El 15 de junio de 1993, y a fin de continuar prestando el servicio de procesamiento electrónico de datos, fue creada ISOSA.

La operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada con motivo de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a 2001, 2002 y 2003, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por Derecho de Trámite Aduanero. Esos recursos, presumiblemente, han sido destinados a ISOSA.

Mencionó además que entre los múltiples contratos obtenidos por la empresa Hildebrando SA de CV, cuyo socio principal es Diego Hildebrando Zavala, relacionados con áreas medulares del gobierno federal, sobresalen tres de software y servicios informáticos para el SAT, al amparo del fideicomiso Aduanas I y de ISOSA. En conjunto, el importe de los contratos otorgados es de 12 millones 466 mil 747.53 pesos. Pero uno, el SL-171/01, tuvo como objeto la prestación de servicios de mantenimiento y desarrollo del sistema denominado Júpiter.

Según versiones periodísticas que citan documentos oficiales del SAT, el sistema Júpiter integra desde 1998 "todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica en un sistema de información que apoya la toma de decisiones y a la operación diaria".