Pondrá al Ejército al frente de la tarea de la erradicación de plantíos de enervantes
Restructurará Felipe Calderón fuerzas para combatir al narco; investirá un zar antidrogas
La nueva figura sólo reportará al Presidente; cambiarán PFP y PGR, aseguran fuentes
El gobierno de Felipe Calderón planea crear, a más tardar en marzo, la figura del zar antidrogas como parte de la nueva estrategia contra el crimen organizado, y también se realizará un nuevo análisis al reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, para convalidar que las fuerzas armadas se conviertan en la cabeza de la lucha antinarcóticos en cuanto a erradicación de cultivos ilícitos, revelaron fuentes gubernamentales.
Mientras, el despliegue de efectivos militares y elementos policiacos continuará como parte de la estrategia en materia de seguridad pública, hacia distintas entidades, como ocurrió en Baja California y Michoacán, para ello únicamente se han dejado alrededor de 400 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca.
De acuerdo con las versiones obtenidas, el gobierno federal prepara el escenario para que de manera real, exista un zar antidrogas, que se encargue de diseñar y ejecutar, en coordinación con las fuerzas armadas, las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR), acciones concretas contra los cárteles en todo el país.
La nueva estructura formará parte del área de seguridad nacional y no dependerá más que del Presidente de la República, pues sus facultades también le permitirán controlar los grupos de inteligencia que existen en todas las entidades de seguridad pública y procuración de justicia en el ámbito federal.
Además, contará con el "auxilio" de grupos de trabajo e inteligencia que existen en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Según los datos recabados en altos mandos gubernamentales, el zar antidrogas (función que entre otros realizó en la gestión de Ernesto Zedillo el general Jesús Gutiérrez Rebollo, y que después fue cesado, detenido y sometido a varios procesos penales por sus presuntos vínculos con el cártel de Juárez), esta vez ya no dependerá del procurador de la República, y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), únicamente será el órgano que se encargue de llevar los procedimientos penales contra los narcotraficantes y lavadores de dinero que sean detenidos.
Lo anterior, debido a que la investigación de los delitos correrá a cargo de la oficina del zar antidrogas, mientras que la ejecución de las órdenes de captura será responsabilidad de la policía federal, que estará integrada por la PFP y la Agencia Federal de Investigación.
La pretensión es que sea un mando único el que controle, desarrolle y ejecute las acciones contra el narcotráfico, y no como ocurre en la actualidad, cuando al menos cinco entidades gubernamentales realizan labores de investigación e infiltración.
Además, el zar antidrogas tendrá vínculo directo con oficinas como la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y todos las áreas de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.
Una de las tareas que le será encomendada como función primordial, es controlar y supervisar todas las operaciones financieras que parezcan sospechosas, para golpear la estructura económica de las organizaciones mexicanas e internacionales que participan en el cultivo y de trasiego de enervantes.
Lo anterior porque se ha detectado que grandes cantidades de las ganancias que deja la venta de mariguana, cocaína y drogas sintéticas, son transferidas a México y luego a naciones como Panamá, Guatemala, Colombia y Perú, por medio de distintas vías, una de ellas, en el interior de embarques de productos industriales y hasta enseres de cocina hacia esas naciones a través de las terminales áreas.
La creación del zar antidrogas se realizará al mismo tiempo que, por decisión presidencial, se modifiquen los reglamentos de regulan la vida de la SSP federal y la PGR, pero también las leyes orgánicas de esas instituciones en el Congreso de la Unión, dado que se busca dotar de autonomía al Ministerio Público federal, y convertir a la actual PGR en un órgano que ya no realice funciones policiacas, sino únicamente jurídicas, quedando en manos de la policía la tarea de investigar y perseguir a los criminales.