Al oficialismo, 70-80% de los puestos de la burocracia
Rechaza oposición boliviana exigir visas a ciudadanos estadunidenses
La Paz, 2 de enero. Políticos de oposición y representantes del sector empresarial afirmaron hoy que tendrá efectos políticos y económicos la decisión del presidente Evo Morales de exigir a todos los estadunidenses visa consular de ingreso a Bolivia.
Un día después del anuncio, el ex canciller del conservador Hugo Bánzer, Javier Murillo, el congresista opositor Roberto Ruiz y el empresario turístico Darius Morgan dijeron que la medida no ayudará a mejorar las relaciones con Washington y podría desincentivar el turismo de ese país.
No obstante, el vicecanciller Mauricio Dorfler dijo que la medida representa la "aplicación de un principio en derecho internacional, la reciprocidad entre estados".
A su vez, el viceministro de Coordinación del palacio de gobierno, Héctor Arce, afirmó que el decreto publicado el lunes no busca "enemistar a Estados Unidos", sino conducir a una "mejor relación".
Según el Ministerio de Turismo, al año ingresan al país unos 40 mil estadunidenses, que representan 9.7 por ciento de los visitantes extranjeros. Después de Perú, Bolivia es el segundo país sudamericano más visitado por viajeros de Estados Unidos.
Mientras, el gobierno de Morales anunció hoy que empezará a despedir funcionarios que considera "boicoteadores" de los lineamientos marcados por el mandatario.
"Nuestros planes y programas de gobierno los están boicoteando y obstaculizando", dijo otro portavoz del palacio de gobierno, Alex Contreras.
Al tomar la decisión de cesar a los "boicoteadores", el Ejecutivo se hizo eco del reclamo formulado por sectores oficialistas de ocupar de 70 a 80 por ciento de los empleos públicos, que suman unos 70 mil.
También en el plano político, pero como parte de los trabajos para llevar adelante la Asamblea Constituyente, el oficial Movimiento al Socialismo aceptó hoy dialogar sobre la demanda opositora de establecer como requisito de aprobación de iniciativas el voto de dos tercios de sus integrantes.
No obstante, precisó el MAS, en este sistema se tendría en cuenta si el pleno de la Constituyente aprueba el nuevo texto antes del 2 de julio, establecido como plazo máximo, siempre que sea el pueblo en un referendo el que diga la última palabra.