Evo empantanado
Al acercarse el primer aniversario del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), presidido por Evo Morales, la situación interna de Bolivia parece estancada con tendencia hacia la polarización política y social entre el Altiplano y el oriente. El enfrentamiento entre dos regiones tan diferentes encubre una abierta lucha de clases entre los indios que pueblan y gobiernan la región andina y las enriquecidas oligarquías que reinan sobre las llanuras. Los primeros son agricultores y comerciantes pobres que habitan las frías alturas altiplánicas, donde la voracidad del mercado evaporó sus riquezas mineras tras cinco siglos de feroz explotación, desde la plata al estaño. Los ricos de Santa Cruz, aliados ahora con los gobernadores de Pando, Beni y Tarija, se convirtieron en oligarquía gracias a los repartos ilegales de tierras de las sucesivas dictaduras, en particular la de Hugo Banzer, instalada en 1971, nacida en la región cruceña.
La pelea en torno a si la nueva Constitución debe construirse sobre la mayoría absoluta o bien sobre los dos tercios de los congresistas elegidos este año, representa la pugna sobre quién tiene el poder de veto y el poder de decisión: si las mayorías indias o los empresarios agrícolas y ganaderos de Santa Cruz. Del mismo modo, la lucha por la autonomía encarna la voluntad de una clase social de seguir beneficiándose de los privilegios políticos Santa Cruz estuvo siempre sobre-rrepresentada en los gobiernos neoliberales que le permitieron convertirse en clase empresarial exitosa. Este departamento genera 30 por ciento del PIB, recibe la mitad de la inversión extranjera directa y aporta 37 por ciento de los impuestos nacionales. Junto a la "media luna" (los otros tres departamentos autonomistas), donde están las principales reservas gasíferas, aportan 43 por ciento del PIB. En suma, Bolivia es inviable sin la porción autonomista y blanca que estas semanas ganó las calles en acciones multitudinarias, exigiendo dos tercios de los votos para elaborar la nueva Constitución.
La oligarquía cruceña, golpista, racista y con sectores inclinados hacia el fascismo, cuenta con aparatos armados entrenados por paramilitares colombianos. Este sector social, organizado en torno al Comité Cívico de Santa Cruz, está formado por descendientes de europeos huidos tras la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial (croatas, alemanes, serbios...) y por empresarios soyeros brasileños. La revista madrileña Diagonal denunció, en su edición del 28 de septiembre, que la Cámara Boliviana de Hidrocarburos promueve la creación de grupos armados en Santa Cruz, entre ellos la Unión Juvenil Cruceñista, definida por el viceministro de Seguridad Ciudadana, José Percy Paredes, como "un grupo de jóvenes con formación militar" que "entrenan en algunas propiedades de terratenientes".
Este sector parece dispuesto a emprender una verdadera limpieza étnica, como demostró el 15 de diciembre durante el cabildo abierto celebrado en Santa Cruz. Los indígenas de varias poblaciones habían montado bloqueos para impedir el paso de decenas de autobuses cruceñistas. Estos quemaron sus casas y puestos en los mercados, y los golpearon obligándolos a gritar "viva la autonomía" de rodillas. El MAS se convirtió este año en la fuerza más votada en el departamento, con 25 por ciento de los votos (frente a casi 70 por ciento en el Altiplano), y los movimientos sociales estaban creciendo. Ahora las elites pretenden imponer el dominio absoluto sobre "su" sociedad, como forma de negociar sus intereses con La Paz.
El conflicto no tiene salidas sencillas, toda vez que está en juego la continuidad de la acumulación de capital de las elites. El gobierno ha sido cuidadoso: no expropió los hidrocarburos y no confiscó tierras de la oligarquía cruceña, para no echar más leña al fuego. Es muy probable que de un enfrentamiento armado surja una Bolivia mutilada, ya que no parece sencillo derrotar a la oligarquía de Santa Cruz, apoyada por las multinacionales. De todos modos, el gobierno de Evo y su "negociador" en la materia, el vicepresidente Alvaro García Linera, ha tomado un camino que no lleva precisamente a la refundación y la descolonización del país, como se pretendía al convocar la Asamblea Constituyente.
En primer lugar, aceptó convocar la Constituyente bajo la premisa de los "dos tercios", pero luego de instalada dio marcha atrás y optó por la mayoría simple. Este cambio de reglas facilitó a los autonomistas acercar cientos de miles de voluntades a sus posiciones intransigentes. Por otro lado, el gobierno eligió un camino para construir la nueva Constitución refundadora que resulta calco y copia de las democracias electorales. Entendió que se trata de elegir congresales que debatan a puertas cerradas, cuando hace falta que toda una sociedad se ponga a debatir qué tipo de relaciones quiere mantener y de qué instituciones quiere dotarse. Se redujo el proceso prologando de debates y movilizaciones, al episodio electoral. En tercer lugar, una Constituyente de carácter social y cultural, única forma de hacerla descolonizadora, terminó partidizándose. En la propia convocatoria se otorgó prioridad a los partidos por encima de los movimientos que protagonizaron la historia reciente. Luego, ya instalada la Asamblea, las negociaciones en los pasillos y a puertas cerradas fortalecieron un estilo propio de la vieja política.
Evo está empantanado. Por este camino, la Constituyente no refundará el país ni conseguirá la ansiada descolonización. Como sucedió en Ecuador en los 90, todo apunta a reforzar modos y formas de la política de arriba. En paralelo, si no negocia con Santa Cruz, la guerra puede ser el camino que ponga fin a Bolivia como país y, por extensión, al proyecto de integración regional. Un conflicto en Bolivia amenaza al corazón del Brasil industrial, pero también al abastecimiento de gas a Argentina. Negociar, que parece lo prudente, implica poner punto final al proyecto de cambios.