Usted está aquí: domingo 17 de diciembre de 2006 Política Exigen garantías para observadores de derechos humanos en la entidad

Denuncian amenazas de muerte y otros actos de acoso

Exigen garantías para observadores de derechos humanos en la entidad

EMIR OLIVARES ALONSO

El Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos apremió a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad y la integridad física de las personas que vigilan el respeto de esos derechos en Oaxaca.

La organización internacional manifestó "su seria preocupación por la grave situación de inseguridad que sufren los defensores de derechos humanos en México, en particular en Oaxaca, quienes frecuentemente son víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, acoso e intimidaciones".

Agregó que sufren hostigamientos que parecen tener como objetivo "presionarlos" para que abandonen su labor en defensa de esos derechos.

En cartas dirigidas al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y al ombudsman José Luis Soberanes Fernández, entre otros, el observatorio recordó que desde mayo de 2006 se ha reprimido en Oaxaca la protesta social, en cuyo contexto se han perpetrado ejecuciones extrajudiciales, torturas, actos de violencia, detenciones arbitrarias e incomunicaciones, a lo que ahora se suma el hostigamiento contra representantes de organizaciones no gubernamentales.

El observatorio, con sede en París, Francia, aseveró que "es preocupante" la situación que viven Yésica Sánchez, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), capítulo Oaxaca; Aline Castellanos, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Enrique Rueda Pacheco, dirigente de la sección 22 del sindicato magisterial, sobre quienes pesan diversas órdenes de aprehensión.

El 7 de diciembre, el juzgado primero penal de primera instancia de Etla, Oaxaca, expidió una orden de captura contra Sánchez y Castellanos, a las que se acusa del delito de despojo agravado, relacionado con la toma de las instalaciones de Canal 9 el primero de agosto pasado.

Añadió que existen otras 35 órdenes de detención contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

"El observatorio teme que este nuevo acto de hostigamiento tenga como objetivo presionar a las señoras Sánchez y Castellanos y al señor Rueda Pacheco para que abandonen sus actividades a favor de los derechos humanos", afirma la misiva.

Por ello, la organización internacional exigió al Estado "tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica de todos los defensores de derechos humanos" en el país, en particular los de la Limeddh, capítulo Oaxaca.

También demandó que se realice una investigación exhaustiva e imparcial en torno a las denuncias que han realizado los activistas, con el fin de identificar a los responsables para "llevarlos ante un tribunal independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley".

La misiva también expresa que debe asegurarse la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.

 
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