Silva Meza presentó un proyecto de trabajo sumamente crítico y reformador
Aspiran a presidir la Suprema Corte 6 de los 11 ministros que la integran
Ortiz Mayagoitia se inclina por incrementar el nivel de confianza en el Poder Judicial
La sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió en una "olla de grillos", luego que seis de sus 11 integrantes presentaron proyecto de trabajo y oficializaron así su intención de ser presidente del máximo tribunal de justicia del país y suceder a Mariano Azuela Güitrón.
Juan N. Silva Meza, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls Hernández y José de Jesús Gudiño Pelayo, cumplieron con el requisito prestablecido de entregar un proyecto de trabajo para estar en condiciones de contender por la presidencia de la Corte en la sesión pública del próximo 2 de enero, en que se elegirá al sustituto de Mariano Azuela Güitrón.
Sorprendidos porque más de la mitad presentó su proyecto, ministros reconocieron que el elevado número de candidatos, legitima el que cada uno vote por sí mismo. Al menos en la primer ronda de votación que se lleve a cabo en la primera sesión pública del próximo año, porque los dos que obtengan más sufragios pasarán a una segunda ronda definitiva.
Los proyectos presentados por cada ministro fueron difundidos públicamente y llama la atención que el trabajo de Silva Meza no sólo es el más crítico acerca de la forma en como se han desarrollado los trabajos en la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, sino que plantea de entrada la necesidad de que el máximo tribunal siente las bases "para recuperar la confianza sobre nuestro sistema de impartición de justicia federal; confianza que representa aceptación y, por ende, legitimidad social".
En 33 cuartillas, el ministro resume su plan y plantea que la Corte no ha sido capaz de consolidarse como un tribunal de constitucionalidad, debido en parte a que los ministros están "inundados" de competencias administrativas.
Pone énfasis en la calidad de las sentencias de la Corte y puntualiza que el hecho de que éste emita más de 3 mil sentencias al año "pone en duda la capacidad del órgano jurisdiccional para desempeñar su papel; empieza a disminuir la capacidad de la comunidad jurídica para seguir y digerir apropiadamente la jurisprudencia", además de que "el peso específico de cada decisión se diluye y la jerarquía en la cumbre de la pirámide judicial del máximo tribunal se destruye".
Propone modificar el sistema de debate en el pleno, implementado por Azuela en su gestión, para hacer más eficientes las decisiones jurisdiccionales; y señala que se requiere una sistematización jurisprudencial que supere "el congelamiento y la continua aplicación de criterios generados en una etapa dudosamente democrática del país".
Por su parte, Ortiz Mayagoitia que al igual que Silva Meza se perfila como uno de los principales contendientes, pone mayor énfasis en la dirección de los debates en el pleno; la eficiencia del sistema administrativo; el impulso al desarrollo del canal judicial de televisión; que los secretarios de estudio y cuenta de la Corte sean considerados "de manera más efectiva" para los concursos de oposición de jueces y magistrados; y la implantación de un nuevo sistema de visitas de los juzgadores en el que participen los ministros de la Corte; reconoce también que el pleno deberá hacer un esfuerzo para la población incremente su confianza en el Poder Judicial de la Federación.
Aguirre Anguiano no deja duda en que mantendrá la continuidad del trabajo desarrollado por Azuela; además de racionalizar el crecimiento de juzgados y tribunales federales.
Al igual que Ortiz Mayagotia se pronuncia por la aplicación de juicios orales en materia penal y "continuar con el impulso de una cultura de la legalidad a escala nacional".
La ministra Sánchez Cordero señala que la Corte debe ser un órgano reconocido, nacional e internacionalmente; además de que debe ser garante para que se respeten los derechos fundamentales y humanos. Propone también establecer un servicio civil de carrera en materia administrativa en el interior del Poder Judicial de la Federación; hacer eficiente el gasto de la judicatura federal; revisar el mecanismo de selección de jueces y magistrados, así como definir los criterios de estabilidad e inamovilidad de los funcionarios tanto en el área jurisdiccional como administrativa.
La ministra hace énfasis también en desarrollar una política de género que facilite la inserción y desarrollo profesional de las mujeres en el Poder Judicial.
A su vez, Gudiño Pelayo coincide con sus compañeros en cuestiones como la autonomía jurídica, administrativa y presupuestaria del Poder Judicial de la Federación y pone especial énfasis en la importancia de implementar un Sistema de Evaluación Permanente (SEP) que con bases objetivas y científicas pondere el desempeño judicial de jueces, magistrados y ministros.
Finalmente, Valls Hernández, quien cumplió poco más de dos años en la Corte los otros ministros integran el máximo tribunal desde la reforma constitucional de 1994, plantea la elaboración de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el Poder Judicial en su conjunto, para definir estrategias que hagan más eficiente el sistema de impartición de justicia.