Juan N. Guerra: "la mafia tiene más ética que el secretario de Gobernación"

La detención de líderes appistas fue un acto de "traición", señala la izquierda

DE LA REDACCION

La detención de cuatro dirigentes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) es una "traición" y una "celada" del gobierno federal a una expresión del movimiento social, coincidieron diputados de PRD, Convergencia y PT. Por el contrario, el PRI descartó que la acción haya sido una trampa y la definió, más bien, como "una señal de legalidad".

De igual modo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sol azteca censuró la medida y acusó al gobierno de Felipe Calderón de "alta traición" contra el movimiento oaxaqueño, al capturar a cuatro de sus integrantes y recluirlos como "narcotraficantes" en el penal de alta seguridad del Altiplano, conocido antes como La Palma.

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, advirtió que esos hechos son un signo de que los conflictos políticos se resolverán este sexenio mediante la aniquilación de los adversarios.

En San Lázaro, el coordinador de la fracción perredista, Javier González Garza, indicó que la mano dura no puede continuar guiando las decisiones de los gobernantes: "Vamos a hacer todo para que esto pare. Necesitamos cambios profundos y reales en el país, no mano dura".

Asimismo, el vicecoordinador de la bancada del partido del sol azteca, Juan N. Guerra, advirtió que no se permitirá al gobierno federal el uso de la violencia para acallar a sus oponentes políticos. "Esta política del garrote es la misma que enseña ahora el secretario de Gobernación. Citar a dirigentes de la APPO para tener un diálogo y meterlos a la cárcel lo pinta como un traidor de la peor calaña, en el que no puede confiar absolutamente nadie".

Antes del inicio de la sesión ordinaria, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, respondió a la pregunta en torno al significado de la detención de los dirigentes oaxaqueños:

"Se violentó Oaxaca durante mucho tiempo, se cometieron atropellos enormes, se destruyeron inmuebles con un valor histórico impresionante; es una determinación judicial. Todos tenemos que apegarnos a las leyes, considero que él (Flavio Sosa) sabía que tenía orden de aprehensión, lo vino diciendo desde hace diez días en todas las reuniones: 'ya me tengo que ir porque me van a detener'. Tenía, al parecer, varias órdenes de aprehensión. Ahora vamos a ver su defensa qué argumenta; tenemos que ser muy respetuosos de la ley".

­¿Es una señal de mano dura del nuevo gobierno?

­Es una señal de legalidad. Los que cometen atropellos ilícitos, quienes sean, tienen que ser sancionados. No sólo en Oaxaca, en cualquier parte de la República.

­¿No fue una trampa, un error garrafal, detener a los interlocutores del gobierno?

­No creemos que haya sido una trampa; el señor (Flavio Sosa) ya tiene muchos años en esto, sabía perfectamente a qué iba.

Antes de subir a tribuna, González Garza consideró muy graves las detenciones, porque el conflicto en Oaxaca se puede complicar y generalizar. "Me parece uno de los signos más graves. No se puede ­en ningún lugar, ni en las guerras­ detener a los emisarios; venían a una reunión con Gobernación y los detienen. Me parece un signo absolutamente alarmante. ¿Qué caminos van a dejar para la situación que se vive hoy en Oaxaca?"

El perredista Juan Guerra la emprendió contra el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, a quien responsabilizó de los hechos: "Es una actitud de corte fascista. La mafia tiene más ética que el secretario de Gobernación, porque este es el único gobierno que detiene a los emisarios. Esto lo pinta con una calidad moral y ética muy por abajo, incluso, de la de los grupos mafiosos. Es lamentable. Evidentemente es una medida de una torpeza enorme y que habla de lo que hemos dicho: viene con un garrote en la mano y piensa que así se van a resolver las cosas".

Buscará el sol azteca liberación de presos

Mientras, la dirigencia nacional perredista anunció acciones para lograr la liberación de todos los presos políticos ­más de 150 recluidos en cárceles de Nayarit y el estado de México. El domingo, el presidente del PRD, Leonel Cota Montaño, participará en una magna marcha en la ciudad de Oaxaca.

Ese mismo día, militantes y simpatizantes del Frente Amplio Progresista (FAP) se movilizarán en la mayoría de los estados del país; el sol azteca asumirá la defensa jurídica de Flavio Sosa, por ser miembro del Consejo Nacional del PRD, y solicitará que organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales investiguen las graves violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales en Oaxaca.

El CEN perredista subrayó que la detención de los appistas es un signo de "mano dura" y "traición" al movimiento social, y acusó al nuevo gobierno federal de intentar "la criminalización de la lucha social".

El partido del sol azteca advirtió que se avecina un periodo de represión y de hostigamiento hacia los luchadores sociales o los opositores al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El PRD insistió en que la detención del dirigente de la APPO provoca la suspensión del diálogo, agudiza la represión que se está viviendo en Oaxaca y es un acto abusivo y arbitrario; más grave aún, añadió, es el hecho de que a un luchador social se le mande a un penal de máxima seguridad.

"Un dirigente social y político que es tratado como un criminal de alta peligrosidad es el preludio de un proceso de represión en nuestro país, de persecución, de hostigamiento, de atropellar garantías y derechos constitucionales", subrayó. Recordó que desde que se conoció el nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como nuevo secretario de Gobernación el partido del sol azteca advirtió de que habría en México un gobierno fascista.

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, planteó que Oaxaca vive una crisis política que tiende a crecer ante la aprehensión de algunos dirigentes de la APPO.

Entrevistado a su llegada a la Asamblea Legislativa, minutos antes de que tomara posesión Marcelo Ebrard Casaubón, manifestó que los problemas en aquel estado no se resolverán con acciones autoritarias, sino con "política, mucha política", porque es un asunto muy serio.

Con esa posición coincidieron la gobernadora de Zacatecas, Amalia García; el ex regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís, y el presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, quien lamentó que las autoridades federales, en lugar de distender el conflicto lo agudicen y traten de desvirtuar su origen, cuando se trata de un movimiento legítimo, sustentado en la sociedad.

El PRD, aclaró, únicamente es solidario con las causas que le dieron origen al problema. Por ello, explicó, el apoyo brindado durante esta lucha. "El próximo domingo acudiremos a la entidad a una manifestación que realizarán los integrantes de la APPO", añadió.

Camacho Solís, por su parte, exhortó a las autoridades federales a evitar que la amenaza y persecución sean el signo a seguir en la solución de problemas políticos. Subrayó que debe recobrarse la conciencia sobre la difícil situación que vive el país y que la única salida se logrará con más democracia, no con menos.

La gobernadora Amalia García consideró urgente que se rencauce la vida del país con civilidad y respeto, por el bien de todos los mexicanos, agotando todas las posibilidades de negociación.

En cambio, la senadora priísta María de los Angeles Moreno calificó la detención de los líderes de la APPO como el inicio de una etapa de cumplimiento de la ley en el gobierno de Felipe Calderón.

"Creo que este sexenio comienza con la aplicación de la ley y ojalá que así continúe", declaró.

Al termino de la toma de posesión de Marcelo Ebrard Casaubón como jefe de Gobierno capitalino, Moreno aseguró que "invadir las calles, quemar autobuses, invadir casas o destruir y tomar expedientes de oficinas gubernamentales es un delito, así como bloquear la libre circulación. Si la ley se está aplicando por delitos cometidos, es correcto que se aplique".

Sobre la propuesta de diálogo que había planteado el gobierno federal, puntualizó: "eso no significa que se quebrante la ley; al contrario, significa que todos estamos obligados a cumplir con ella. En un cauce democrático podemos dialogar, pero no se puede tener de rehén a la autoridad y pedir diálogo. Creo que las detenciones no se contraponen con el avance de las negociaciones", concluyó.

Con información de Roberto Garduño, Enrique Méndez, Juan Balboa, Laura Gómez y Josefina Quintero