Los panistas festejan el arresto de Flavio Sosa

Libertad a los presos políticos, demanda el PRD en el Senado

ANDREA BECERRIL

"¡Libertad a los presos políticos!" de Oaxaca y declarar la desaparición de poderes en la entidad, exigió, desde la tribuna de la Cámara de Senadores, el perredista Pablo Gómez durante un largo debate en el que la fracción del PRD dejó en claro que no trabajará con un gobierno represivo como el de Felipe Calderón.

"Quédense con su presidente", que confunde "la mano fuerte con la mano dura, que llena las cárceles de Oaxaca de luchadores sociales y deja libres a los delincuentes", manifestó el coordinador perredista, Carlos Navarrete, al fijar la postura de su grupo y advertir que desde el Congreso serán intransigentes en la defensa "de la gente que le dio su voto a Andrés Manuel López Obrador".

Por impulso del PRD, la sesión de ayer se centró en la discusión sobre el tema Oaxaca, al que se dio prioridad ­por encima de iniciativas y propuestas­ y hubo incluso un receso de 10 minutos, después del cual el debate se centró entre panistas y perredistas, los primeros para aplaudir la detención de Flavio Sosa y demás dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Los perredistas, en tanto, exigieron el cese de la represión. "Como lo hicimos en el 68 y lo hemos hecho durante todas estas décadas, demandamos la libertad a los presos políticos", de los de Oaxaca, de Atenco y de todos los luchadores sociales, exclamó ante el pleno el senador Pablo Gómez Alvarez.

"No los pudieron acusar de disolución social, porque ese delito ya no existe", pero todos los demás sí y de manera generalizada, mediante un "machote", recalcó Navarrete.

El panista Federico Doring advirtió que Flavio Sosa "está en la cárcel por haber cometido delitos varios, no por pensar distinto", pero el legislador pasó problemas para responder a los cuestionamientos de integrantes del Frente Amplio Progresista. El senador de PRD por Oaxaca, Salomón Jara, le preguntó cómo es posible que los asesinos del camarógrafo estadunidense Brad Will estén libres y los luchadores sociales y simpatizantes de la APPO en prisiones de alta seguridad.

"Lo que sé es que en este país nos habíamos tardado en ejecutar una orden de aprehensión en contra de quienes avasallan el estado de derecho y siembran el caos en Oaxaca, porque el movimiento es legítimo, pero lo que usted y Flavio Sosa deben de saber es que una causa, por legítima que sea, no es una justificación de impunidad para delinquir por doquier", contestó el panista.

Pero el senador de Convergencia Dante Delgado le repreguntó por qué el dirigente de la APPO pasó de ser "don Flavio", como le llamaba el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, a un delincuente que debe ser recluído en el penal de alta seguridad de Almoloya.

Döring sostuvo que la aplicación de la ley es la misma ahora que antes del primero de diciembre, celebró de nueva cuenta la detención del dirigente de la APPO y agregó que "sería sano que Ulises Ruiz dejara la gubernatura de Oaxaca". Antes, en una entrevista, dijo que lo mejor es que "se largara".

Los perredistas lo confrontaron de nuevo y Leonel Godoy le hizo notar que si los panistas dicen respetar la ley, cómo avalan que se vulneren las garantías individuales de Sosa y los demás dirigentes, que en lugar de ser sujetos a proceso en sus lugares de origen, sin órdenes de detención los trasladaron, golpeados, a cárceles de otros estados.

El oaxaqueño Salomón Jara señaló que Calderón se estrena con 525 detenidos, 60 sin presentar y 17 asesinatos.

Otro perredista, Francisco Javier Castellón, relató el caso de una mujer indígena, que no habla español, Aurelia Reyes Santiago, trabajadora doméstica que nada tiene que ver con la APPO, pero que fue aprehendida, maltratada y enviada a Nayarit, donde le piden una fianza de 4 millones de pesos, al igual que a los demás detenidos, para enfrentar los procesos en libertad.

El senador Tomás Torres presentó una iniciativa de ley federal de amnistía y reconciliación, con motivo del conflicto de Oaxaca, por la que se frenaría toda acción penal ante los tribunales del orden federal a quien haya sido acusado de "delitos relacionados con el propósito de alterar o modificar la estructura política del Estado mexicano o el orden social establecido".

En la discusión, el tema Oaxaca estuvo ligado al inicio del gobierno de Calderón, "un gobierno débil", que no entiende que es minoría, que "no puede darse el lujo de decir: 'Yo gané, yo me impuse, yo dirijo al país y no me importa nada lo que pueda pasar enfrente'".

El PRI, por medio de Pedro Joaquín Coldwell, deploró que "en un acto de machismo irracional", Calderón se impusiera y tomara posesión en San Lázaro, en una ceremonia "grotesca" para el Presidente de México y denigrante para el Congreso.

A nombre de su grupo parlamentario denunció una práctica antidemocrática cometida el pasado primero de diciembre, cuando la transmisión por televisión fue secuestrada por un organismo dependiente de la Presidencia de la República y "una pareja de locutores cumplió el ingrato papel de manipular la información de manera primitiva y llenaron el tiempo con afirmaciones vanas y mentirosas, con sandeces que contradecían lo que el auditorio veía".

Mal inicio, recalcó Coldwell, de un gobierno que comienza vulnerando garantías fundamentales, "mala señal de quien para imponerse no se detiene a secuestrar a la televisión". Otra priísta, Rosario Green, justificó la actuación de los legisladores de su partido, el primero de diciembre: "fuimos a San Lázaro por México y por nadie más".