Participan intelectuales, artistas, periodistas, religiosos y abogados
Crean el Comité de Liberación 25 de Noviembre para defender garantías
Exigen la presentación con vida de desaparecidos y excarcelación de detenidos
Oaxaca, Oax., 5 de diciembre. A iniciativa del pintor Francisco Toledo, escritores, intelectuales, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y representantes de la Iglesia católica integraron el Comité de Liberación 25 de Noviembre, con el propósito de exigir la presentación con vida de las personas desaparecidas y excarcelación de detenidos en forma ilegal durante las manifestaciones y los enfrentamientos ocurridos entre la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en semanas recientes.
En este organismo participan, además del artista plástico, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Graciela Iturbide, Demián Flores, Rafael Barajas El Fisgón, Gabriel Macotela, Angeles Romero Frizzi, Sara Méndez Morales, Alejandro de Avila Blomberg, Claudina López Morales, Alma Soto, César Mayoral Figueroa, Israel Ochoa Lara, Armando Figueroa, Casiano Luis Mejía, Arturo Peimbert y Romualdo Wilfredo Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, entre otros.
En conferencia de prensa, De Avila Blomberg informó que el comité tiene como propósito ayudar a liberar a quienes están presos sin haber realizado acciones vandálicas ni haber agredido a los cuerpos de seguridad ni a terceros. Además de que la mayoría, por haber sido trasladados a penales fuera de Oaxaca, no cuentan con la asistencia de sus familias ni con recursos económicos para su defensa jurídica.
Toledo lamentó que el gobierno federal se haya decidido por el arresto de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los miembros más visibles del consejo estatal de la APPO, "en vez del diálogo. Es un mal comienzo" para la administración del presidente Felipe Calderón, pues Sosa, junto con otros miembros del consejo estatal estaba en la ciudad de México para hacer contactos con la Secretaría de Gobernación y reanudar el diálogo. La detención de integrantes y dirigentes de la APPO "no es la solución, porque los problemas que dieron origen al conflicto van a seguir ahí", destacó el pintor juchiteco.
Durante el movimiento magisterial y popular "han habido muchos crímenes" contra integrantes de la APPO, "pero los responsables no están en la cárcel, y a quienes se les agarra, después se les suelta", señaló Francisco Toledo en referencia a los funcionarios del municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, quienes fueron liberados después de ser detenidos como autores del homicidio del periodista estadunidense Bradley Roland Will.
Consideró que los gobiernos federal y estatal "están haciendo uso selectivo" de las instituciones de procuración y administración de justicia, porque "solamente se castiga de un lado".
Por su parte, el abogado Israel Ochoa Lara señaló que el comité revisará el caso de Sosa Villavicencio, pues aparte "de ser víctima de la represión del Estado, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario". Denunció que la defensa jurídica de los presos, fundamentalmente los que fueron trasladados a los penales federales de Nayarit, Tamaulipas y estado de México, no han podido acceder a los expedientes jurídicos por los obstáculos que han puesto las autoridades judiciales de Oaxaca, quienes están a cargo de sus procesos penales por delitos del fuero común.
Entre las primeras acciones jurídicas que emprenderá el comité están la presentación de un recurso de apelación al auto de formal prisión contra los detenidos y un juicio de amparo para lograr que los regresen a penales de Oaxaca, destacó.
Esto, aparte de las actividades políticas y de difusión para denunciar a escala nacional e internacional las arbitrariedades e irregularidades en la detención y el traslado de los detenidos, indicó.
Movimiento de miles, no de dirigentes
Florentino López Martínez, uno de los voceros de la APPO, dijo que la detención de su compañero Flavio Sosa no doblegará al movimiento, porque "no es de dirigentes, sino de bases, de cientos de miles de mujeres y de hombres. Este movimiento seguirá hasta la caída de Ulises y la salida de la PFP", afirmó.
Expuso que "el terror de Estado tampoco nos ha hecho cambiar de parecer de que nuestra lucha debe seguir siendo política, pacífica y de masas, a pesar de que tenemos 17 asesinados en esta jornada de lucha, decenas de desaparecidos y cientos de presos políticos", asentó. Asimismo, llamó a participar en la octava megamarcha el próximo domingo para "expresar nuestra condena y oposición a la política del garrote y los fusiles a la que nos quiere condenar esta camarilla de asesinos y ladrones que se hacen llamar gobierno en Oaxaca".
Traición de Felipe Calderón: PRD
Tomás Basaldú Gutiérrez, dirigente estatal del PRD, dijo que al ordenar la detención de Sosa Villavicencio, Calderón Hinojosa "traicionó su palabra" de ofrecer diálogo a la oposición, porque sucedió cuando la APPO había pactado un encuentro con la Secretaría de Gobernación.
Anunció que militantes del PRD se trasladarán a la ciudad de México para manifestarse y demandar la liberación de Sosa Villavicencio, quien es consejero nacional de ese partido, además de Jorge Sosa Campos, secretario de capacitación política de la dirigencia estatal, y de César Mateos Benítez, consejero estatal. "No las podemos hacer aquí porque no se respetan los derechos constitucionales", señaló.
Consideró que la solución al problema y la reconciliación en Oaxaca pasan por la salida del gobernador y de la PFP, así como "el castigo a los responsables de los crímenes y las agresiones" contra seguidores y dirigentes de la APPO.
Amenazas de deportación a periodista
La periodista argentina Graciela Atencio denunció que recibió amenazas de deportación de Norma Reyes Terán, directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en el cual se desempeñaba como jefa de la Unidad de Planeación, por haber manifestado su rechazo a la represión en Oaxaca con la entrada de la PFP.
"(Por eso) tuve que adelantar mi salida del país, después de pedir protección en la embajada de Argentina, poner una queja en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reportarme ante el Instituto Nacional de Migración en Oaxaca para aclarar que no había incurrido en ningún acto que justificara mi deportación", afirmó.
Dijo: "renuncio porque no quiero trabajar para un gobierno que optó por la represión para acabar con un conflicto político grave y profundo. Me opongo a la entrada de la PFP y a la suspensión de las garantías individuales y de todo acto que atente contra los derechos humanos de las personas".