Culmina sin acuerdos ni compromisos la reunión entre la APPO y Gobernación

Soy el primer preso político del régimen de Calderón: Sosa

Pide al gobierno federal que reconsidere su decisión y opte por el diálogo, dice su abogado

ALFREDO MENDEZ E ISRAEL DAVILA REPORTERO, CORRESPONSAL

Flavio Sosa Villavicencio, uno de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) detenido el pasado lunes en el Distrito Federal, se considera "el primer preso político del régimen del presidente Felipe Calderón", y por esa razón llamó al gobierno federal a que "reconsidere su decisión y opte por la vía del diálogo y la conciliación".

Así lo hizo saber ayer el detenido a su defensor particular, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, con quien se reunió durante varias horas en el interior del penal federal del Altiplano, antes La Palma, ubicado en el estado de México.

"Me pidió que por mi conducto le enviara un exhorto al pueblo de Oaxaca para que continúe en pie de lucha; físicamente está bien, lo vi sereno y con buen ánimo, sólo que se dijo sorprendido por su detención; esperaba que Calderón apostara por el diálogo", indicó el litigante.

Los incendiarios, infiltrados de Ulises Ruiz, afirma

Horas antes, frente a autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), Flavio Sosa aseguró que los responsables de haber incendiado varios edificios gubernamentales en Oaxaca fueron personas infiltradas del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, mas no integrantes de la organización social de la que él forma parte.

En las instalaciones de la delegación capitalina de la PGR, minutos después de haber sido aprehendido junto con su hermano Horacio y dos de sus compañeros de lucha, Sosa Villavicencio declaró que es "miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD)", rechazó ser líder de la APPO y dijo que la organización en resistencia fue creada hace seis meses y depende al menos de 200 personas.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, Horacio Sosa fue trasladado ayer al penal de San José del Rincón, en Tepic, Nayarit, donde permanecen 138 personas detenidas en Oaxaca el pasado sábado 25 de noviembre.

En tanto, durante un interrogatorio ministerial efectuado el lunes, antes de ser trasladado al penal de máxima seguridad, Flavio Sosa solicitó que su otro hermano, de nombre Erick, sea liberado, pues "quiero comentarles que ustedes detuvieron a mi hermano en el aeropuerto (de Oaxaca), pero él no tiene ninguna participación dentro de la APPO, él es un bombero que trabaja en el aeropuerto; y si el objetivo era que yo estuviera preso, que yo declinara a mis posiciones, ya lo lograron".

Uno de los momentos claves de la declaración se dio cuando el agente del Ministerio Público Federal le cuestionó: "¿Cuál es el objetivo principal de la APPO?"

Durante unos segundos, Flavio Sosa se quedó pensando en silencio, y luego, con una risa nerviosa, respondió: "Mmm... Buena pregunta... Ayudar a que en Oaxaca haya democracia".

En tanto, Flavio Sosa y su hermano Horacio cumplieron sus primeras 20 horas de encarcelamiento en el penal de máxima seguridad del Altiplano y de San José del Rincón, respectivamente, sin conocer oficialmente de qué se les acusa.

Su abogado Eduardo Miranda Esquivel también ignora los delitos que le imputan al presunto dirigente de la APPO, ya que ni en los juzgados federales con sede en Toluca, ni en los del fuero común de Almoloya de Juárez, ha llegado algún pliego consignatario o petición de algún juzgado de distrito o de Oaxaca, para realizar la audiencia, vía exhorto, en la que se le tomaría declaración preparatoria.

Durante la tarde de ayer, los abogados de los hermanos Sosa Villavicencio iniciaron un peregrinar por los juzgados de distrito y por la delegación de la PGR en el estado de México para conocer las acusaciones que pesan sobre sus clientes, pero no tuvieron éxito.

"Nadie se hace cargo de la puesta a disposición de Flavio y Horacio en el penal y eso es una irregularidad", denunció Miranda Esquivel.

Lo único que sabemos, agregó, es lo que se ha difundido en los medios de comunicación, de que tiene cuatro causas en juzgados de Oaxaca por delitos del fuero común, y una federal. Pero, en concreto, no tenemos notificación oficial de alguna autoridad.

Se deslilnda de hechos violentos

La noche del lunes, durante su primera declaración, Flavio Sosa se deslindó por completo de los hechos violentos que se han generado durante el conflicto en Oaxaca, y aclaró que el propósito del movimiento social siempre fue manifestarse por la vía pacífica, como parte de su derecho constitucional de recurrir a huelgas de hambre, marchas y plantones.

El detenido pidió a las autoridades federales no poner a disposición de las autoridades de Oaxaca a Marcelino Coache e Ignacio García, detenidos junto con él el pasado lunes, ya que supuestamente su vida corre peligro, pues pueden ser sometidos a torturas y tratos vejatorios e inhumanos.

Fuentes de la Procuraduría General de la República revelaron que Coache y García serán consignados penalmente por el delito de resistencia de particulares, ya que se opusieron a que los hermanos Sosa Villavicencio fueran detenidos por agentes federales. Serán trasladados en las próximas horas a un penal estatal de Oaxaca. También les fincarán cargos en esa entidad por los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena.

* Ofrece la dependencia un proceso judicial imparcial

* Se reunirán el próximo viernes

FABIOLA MARTINEZ

Una comisión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el encargado de despacho de la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Mario Escárcega, reiniciaron ayer el diálogo sobre el conflicto en Oaxaca.

A pesar de la lista de peticiones de la APPO, que incluye la liberación de todos los "presos políticos", cancelación de órdenes de aprehensión y la salida del gobernador Ulises Ruiz, entre otras, no hubo ningún compromiso de la dependencia que encabeza Francisco Ramírez Acuña, salvo la voluntad de reunirse de nuevo el próximo viernes.

Erangelio Mendoza, uno de los dirigentes de la APPO, advirtió que con la detención masiva de integrantes y simpatizantes del movimiento popular y la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca, el presidente Felipe Calderón está "respaldando en los hechos" al gobernador Ulises Ruiz.

"Ellos (gobierno federal y estatal) están lejos de calmar el problema. El pueblo está exigiendo alto a la represión y al estado de terror que tiene Ulises Ruiz en Oaxaca, con el apoyo de la PFP", dijo.

Fuentes de Gobernación dejaron en claro que la cita de este martes fue "una mesa de diálogo, no de negociación", particularmente porque no es posible ­agregaron­ negociar órdenes de aprehensión que ya libró un juez.

En tanto, Mario Escárcega dijo que aún no hay fecha para que salga la PFP de Oaxaca y, ante ello, es necesario buscar acuerdos concretos "en mesas más pequeñas". El punto esencial, señaló el funcionario, es alcanzar una reforma integral en Oaxaca, "no pensando en que se vaya determinada persona o que llegue otra, sino (en) construir cosas profundas en la entidad ante una irritación y tejido social lastimado".

Esta postura, puesta en evidencia en el primer acercamiento de la APPO con los representantes del gobierno calderonista, difiere de la estrategia que impulsó en su momento el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza.

En octubre pasado, en el contexto de la negociación con la sección 22 del sindicato magisterial, Abascal ofreció liberar a detenidos y cancelar órdenes de aprehensión como vía para distender el conflicto y propiciar el regreso de los maestros a las aulas.

En ese contexto fueron liberados tres "presos políticos" y Abascal se comprometió a que el cuarto (Catarino Torres, líder de la Comisión de Defensa Ciudadana ­Codeci­) saldría liberado el 21 de noviembre pasado, aunque eso no ha ocurrido porque ese dirigente es acusado de delitos federales graves.

Después del encuentro de la comisión de la APPO, que se prolongó más de tres horas, Gobernación emitió un comunicado de prensa en el cual asegura que Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO ­aprehendido la noche del lunes y trasladado a un penal federal­ enfrentará "un proceso judicial imparcial", y se le otorgará asistencia jurídica si así lo solicita.

La dependencia precisa que Flavio Sosa y otras tres personas detenidas (estas últimas acusadas por delitos del fuero común) llevarán un proceso con pleno respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, "así como con estricta observancia de sus derechos constitucionales".

En el caso de Sosa, la Secretaría de Gobernación afirma que se cumplieron cinco órdenes de aprehensión emitidas por dos jueces del estado de Oaxaca por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, lesiones calificadas, robo calificado con violencia y daños por incendio. Advierte que estrechará la colaboración con autoridades de entidades federativas para fortalecer la aplicación del marco legal y la vigencia del estado de derecho.

El rencuentro

Después de la entrada de la (PFP) a Oaxaca el 28 de octubre pasado, la comunicación entre la APPO y el gobierno federal ocurrió de manera intermitente y sin resultados concretos. A poco más de un mes, el acercamiento se retomó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, con la intermediación del obispo emérito Samuel Ruiz y Miguel Alvarez, de Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz). También acudió Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), quien informó que del 25 de noviembre (el último enfrentamiento PFP-APPO) a la fecha han sido detenidas 215 personas, quienes se encuentran en diversos penales, como el federal de Nayarit, y los estatales de Tlacolula, Miahuatlán e Ixcotel, así como en los separos de la Policía Ministerial oaxaqueña.

La defensora de derechos humanos agregó que se puso en la mesa con Gobernación la necesidad de que se respete al movimiento social en Oaxaca, el cual persigue demandas legítimas y justas.

Esto, porque es necesario que cese la criminalización del movimiento social, las detenciones, órdenes de aprehensión y violaciones graves a los derechos humanos por las policías federal, estatal y municipal y el aparato del gobernador Ulises Ruiz en su conjunto.

Precisó que en la última serie de detenciones se han presentado casos de tortura, incomunicación de los detenidos con sus familiares y excesivos requisitos para la visita y defensa de los detenidos. "Estamos frente a un terrorismo de Estado", dijo.

La lista de peticiones de la APPO fue amplia, aunque las autoridades no manifestaron ningún compromiso específico, particularmente en lo que se refiere a la eventual liberación de los detenidos tras el choque del pasado 25 de noviembre.

Encabezados por Erangelio Mendoza y Zenén Bravo, los integrantes de la APPO manifestaron su disposición de dialogar directamente con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, aunque sólo encontraron la promesa de que el funcionario se reunirá con ellos en breve.

De manera simultánea informaron a la subsecretaría de Gobierno, a cargo de Mario Escárcega en forma temporal, de la realización de una jornada de movilización el próximo domingo 10 de diciembre, así como sobre la integración de comisiones que se trasladarán a Nayarit (donde están detenidas 138 personas vinculadas con la APPO) y otro grupo que visitará a su compañero Flavio Sosa, ingresado al penal federal del Altiplano (antes La Palma) en el estado de México.

Bravo y Mendoza, acompañados por integrantes de la comisión jurídica de la APPO, también solicitaron a Gobernación garantías para no ser detenidos y, en consecuencia, continuar en el diálogo.

A pesar de la detención de Flavio Sosa y los nulos compromisos gubernamentales en el reinicio de pláticas, los dirigentes de la APPO manifestaron su confianza en que el encuentro con Ramírez Acuña ocurra en breve y en construir una nueva etapa de negociación.

No obstante, Zenén Bravo dijo que es incongruente que por un lado se acepte el diálogo y por otro se detenga a dirigentes que han colocado esa vía como estrategia para la solución del conflicto.

En su comunicado, Gobernación sólo informó del encuentro y de la exposición por parte de integrantes de la APPO "de asuntos relacionados a la procuración y administración de justicia en la entidad".

Por otra parte, Zenén Bravo informó que Gobernación se comprometió a permitir el acceso a dos abogados al penal del Altiplano para que Flavio Sosa tenga acceso a su defensa jurídica, y a garantizar el traslado y la estancia de una comisión del movimiento popular a Tepic, Nayarit, para que visite a los presos recluidos en el penal de seguridad de El Rincón.