La fiscalía, intento del gobierno para engañar a la comunidad internacional, afirman
Exigen ONG no cerrar investigaciones sobre feminicidios en Ciudad Juárez
Presentan informe sobre el trabajo que realizó la PGR en torno a los crímenes
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Las organizaciones exigen a la fiscalía reponer los procedimientos jurídicos que la misma PGR encontró como inconsistentes, reabrir las indagatorias y rencauzar los procesos que se encuentran viciados de origen
Foto: J. Guadalupe Pérez
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, sólo sirvió para intentar sorprender a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos con información equivocada acerca de los feminicidios, aseguró Pavel Uranga, integrante del Observatorio Ciudadano, el cual agrupa a diversas organizaciones civiles.
Durante la presentación del Informe de Evaluación y Monitoreo sobre el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, los representantes del Observatorio Ciudadano exigieron a la fiscalía, encabezada por Alicia Elena Pérez Duarte, reponer los procedimientos jurídicos que la misma PGR encontró como inconsistentes, reabrir las indagatorias y rencauzar los procesos que se encuentran viciados de origen.
En conferencia de prensa, los activistas enfatizaron la necesidad de dar seguimiento a la opinión consultiva solicitada ante la Corte Penal Internacional sobre la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos, para determinar si se les puede procesar penalmente en el marco del derecho internacional.
De acuerdo con datos de la misma fiscalía especializada, son 177 funcionarios quienes se encuentran implicados en posibles actos de negligencia, omisión, corrupción y delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, no fueron investigados debido a que los casos se remitieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo que canceló la posibilidad de realizar investigaciones penales en contra de sus propios elementos.
Las representantes de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indicaron que actualmente las autoridades sólo investigan la desaparición de mujeres consideradas de "buenas costumbres", criterio que aseguraron, "sólo calumnia y desprestigia a las jóvenes y a sus familiares, además de que impide se lleve a cabo la búsqueda de todas las desaparecidas".
A dos días de que Fox entregue la Presidencia, Luz Estrada, vocera de CDD, exigió al gobierno federal no dar carpetazo a las investigaciones pues, de lo contrario, el Estado mexicano avalaría el patrón de violencia institucional que propicia la impunidad en todos los niveles gubernamentales.
En ese contexto señalaron que la inacción del Estado provoca desconfianza en las instituciones y pervierte la impartición de justicia al no permitir castigar a los responsables de los crímenes. Agregaron que de poco sirvió el compromiso hecho por Fox al inicio de su gobierno, ya que los resultados arrojados por la fiscalía tienen "grandes inconsistencias". Sobre la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, consideraron que debe otorgar mayores facultades a Pérez Duarte para que la solución de los casos se convierta en una prioridad nacional.
Las organizaciones civiles concluyeron que la fiscalía no cumplió con el mandato que le fue otorgado, pues no investigó, persiguió ni castigó a los presuntos responsables que ella misma identificó al analizar los expedientes.
Criticaron las declaraciones hechas por el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, en el sentido de que la fiscalía especializada sólo tuvo facultades para auditar la actuación de la procuraduría estatal. Señalaron que el informe final presentado por la fiscalía contiene "graves inconsistencias, imprecisiones y omisiones que sólo han pavimentado el camino hacia la perpetuidad de la impunidad, a la disolución social y a la desconfianza en las instituciones de la República".
Indicaron que la cifra de 379 homicidios reportada como "definitiva" por la fiscalía especial carece de consistencia, pues a pesar de recurrir a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se les informó sobre la metodología empleada para llegar a dicho resultado, el cual contrasta con el registrado por El Colegio de la Frontera Norte que señala 442 crímenes de mujeres cometidos en la entidad desde 1993.
Por su parte, Marimar Monroy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que la violencia contra la mujer vulnera el derecho a la vida, a la libertad, al pleno acceso de justicia, a una igual protección de las leyes, además de que les niega la oportunidad de vivir y educarse en un ambiente libre de estereotipos sociales.
Monroy añadió que al no resolver la situación en Ciudad Juárez, el Estado mexicano incumple con las obligaciones adquiridas en el ámbito internacional como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención de Belem do Pará, y la Plataforma de Acción de Beijing.