Instituciones económicas
El 20 de noviembre pasado Andrés Manuel López Obrador planteó 20 medidas. Una es una iniciativa de ley de precios competitivos que reglamente el artículo 28 constitucional. En el razonamiento de esa iniciativa se señala que es indispensable acabar con los monopolios económicos, regulando los precios de productos y servicios de uso generalizado. Se documentan los excesos de precios comparándolos con los de Estados Unidos, con las ganancias de las empresas monopólicas mexicanas y de sus equivalentes estadunidenses, y con el diferencial salarial entre los trabajadores de ambos países.
Unos cuantos días después, el Banco Mundial (BM) hizo público, en el marco de un seminario internacional sobre la relación entre equidad y competencia celebrado en nuestro país, un estudio titulado: La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México en el cual se prueba que los "grupos poderosos se benefician del status quo... reciben rentas sustanciales a costa del dinamismo en el crecimiento". Se trata, precisamente, de aquellos que controlan mercados e imponen precios exorbitantes, lo que les ha permitido incrementar significativamente su riqueza: en 2000 tenían 254 mil 200 millones de pesos, 5 por ciento del PIB, y para 2006 han acumulado 555 mil millones de pesos, equivalentes a 6 por ciento del PIB. Son los beneficiarios de las privatizaciones llevadas a cabo en los gobiernos priístas de 1983/88 y 1989/94.
La coincidencia de opiniones entre AMLO y el BM y, sobre todo, el acuerdo en la necesidad de que el Estado intervenga no es circunstancial. Obedece a un diagnóstico que señala que la institucionalidad económica promotora del funcionamiento de los mercados no ha funcionado. En realidad, las reformas que provocaron el desmantelamiento de la industria estatal y la eliminación del intervencionismo del Estado no se acompañaron con el surgimiento de nuevas instituciones económicas. Al contrario, como en los tiempos estatistas las elites controladoras usan a sus políticos para obstruir el desarrollo de los mercados y establecer barreras de entrada verdaderamente infranqueables.
De este modo resulta que, efectivamente, las instituciones económicas no sirven. La conclusión no es novedosa. Ha sido advertida por analistas económicos y actores políticos, aunque uno de los que mayor audiencia ha tenido es el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, quien desde hace tiempo ha insistido en que los monopolios privados y también los públicos constituyen una de las razones fundamentales para explicar el rezago de la economía mexicana. Los precios en telefonía, telecomunicaciones, servicios bancarios, entre otros, "capturan la renta nacional", es decir, se apropian de parte del ingreso que producen todos los sectores.
En el seminario, promovido por el BM, el presidente de la Comisión Federal de Competencia denunció que los grupos de interés se resisten a que haya competencia, lo que deriva en mayores precios para los consumidores. Esto ha erosionado "la posición competitiva del país", lo que es parte de una grave crisis, pero no de las que generan conciencia. Señaló asimismo que "en la crisis de competencia se nos está cayendo el país poco a poco, porque perdemos capacidad para atraer capital y crear empleos"
Así que parece haber cierto consenso entre actores ciertamente diferentes, salvo, por supuesto, entre las 20 familias poderosas y los políticos a su servicio. Por ello, la propuesta legislativa para reformar el artículo 28 constitucional resulta pertinente. Es, al mismo tiempo, oportuna, ya que coloca al gobierno que está formando Calderón en la obligación de pronunciarse y a los legisladores del PAN y del PRI en la tesitura de rechazar o aprobar una iniciativa indudablemente adecuada que empezaría a desmontar esos monopolios. Esa es la tarea que está iniciando el "gobierno legítimo" y que pudiera resultar fructífera si contribuye a generar la voluntad política necesaria para construir instituciones que promuevan realmente la competencia.
El vicepresidente del BM, en una entrevista con La Jornada (28/11/06), hizo un señalamiento preciso: "las instituciones políticas son responsables del grado de inequidad en una sociedad y de diseñar políticas para contener la influencia de las elites". El impulso para que nuestras instituciones políticas actúen está dado. Veremos si lo hacen o si, por el contrario, cumplen con sus patrocinadores.