Lo que viene
La decisión de reprimir violentamente a los miembros de la APPO no se puede considerar el resultado indeseable pero directo de los hechos del último sábado. Más bien, según las evidencias de testigos recogidas in situ por los medios, estamos ante la consumación de una estrategia calculada para liquidar de un tajo la resistencia civil en Oaxaca antes del cambio de gobierno federal, impulsada para mostrar cuál será de aquí en adelante la "filosofía" del nuevo Ejecutivo, una vez superados los escollos del anunciado Viernes Negro que hoy concentra todas las miradas de la opinión pública nacional e internacional, así como las peores dudas acerca del funcionamiento real de nuestra inmadura democracia.
Las declaraciones previas del gobernador Ulises Ruiz afirmando que las cosas estaban a punto de solucionarse en Oaxaca, la graciosa huida del presidente Fox y del secretario Abascal para negar la responsabilidad federal en la crisis, así como el anunciado nombramiento del ex gobernador de Jalisco como próximo secretario de Gobernación, ya presagiaban el anuncio de la política de cero tolerancia impuesta con toda la fuerza del Estado, eufemismo que describe el uso indiscriminado del tolete y el fusil lanzagases y la más amplia connivencia entre las incontroladas fuerzas policiales locales y el gran aparato de contención federal llegado a Oaxaca para garantizar el "orden" en la ciudad.
Para el gobierno foxista, cuya salida anticipada nadie llora, el fracaso oaxaqueño es otro de los muchos acumulados en su largo expediente de errores, desatinos y extravíos, la prueba última de que, en cierto sentido, los años de la alternancia, en lugar de consolidar la democracia, han servido para agravar la crisis nacional, profundizando las divisiones surgidas de la no reconocida descomposición de las viejas instituciones del régimen, así como de la manifiesta insensibilidad de gran parte de las elites para comprender el estado de ánimo de amplias capas de la población las cuales, por diversas circunstancias, han quedado al margen de la modernización o han sido excluidas del juego democrático electoral, mientras sus necesidades y demandas, de mera sobrevivencia o de espacios políticos reconocidos, crecen en proporción geométrica a las carencias irrespirables de su entorno social, pese al recurso de la emigración o a la aplicación de programas de asistencia que, en definitiva, no tocan las causas de la desigualdad ni tampoco modifican el autoritarismo local.
Mientras los legisladores disputan por la posesión de la tribuna del Congreso como espacio simbólico de la confrontación política, en Oaxaca el estado de derecho se transfigura en lo que realmente es: una fantasía cuyo destino final parece ser el de justificar la actuación ilegal de un poder ejercido desde la mayor impunidad, capaz de extraer de las cárceles locales a detenidos cuyas identidades se ocultan, de hacer arbitrarias redadas, cateos para "levantar" a los sospechosos de alguna clase de participación en las batallas callejeras del centro histórico de la ciudad.
Las imágenes de los detenidos formando "cuerdas" para ser trasladados a penales son estremecedoras. Un familiar describió así la escena: "los hombres (iban) golpeados brutalmente y todos, hasta las mujeres esposadas y agachadas, en la fila para subir al helicóptero". Una vez más, la solución impuesta por la autoridad revela el desprecio que a los cuerpos de seguridad del Estado (y al Ministerio Público) les merecen dichos ciudadanos y la ley que no se cansan de invocar. En definitiva, en casos como éstos no hay presunción de inocencia que valga, pues ya han sido clasificados previamente como "altamente peligrosos", ante la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La única información disponible es que, entre los deportados, están 107 hombres y 34 mujeres. El objetivo, sin embargo, salta a la vista: se busca descabezar el movimiento metiendo a la cárcel a los líderes y activistas de la APPO, sembrar el miedo entre la población y, paradójicamente, salvar la cabeza de Ulises Ruiz mientras ésta sirva para fortalecer el compromiso no muy terso, pero a todas luces ya suscrito entre el presidente electo y la plana mayor del priísmo. Habrá quien en el análisis de los últimos acontecimientos, al menos desde el regreso de los maestros a clases y las explosiones ocurridas en el Distrito Federal, ponga sobre el tapete la oportunidad de las tácticas del movimiento popular, en particular la idea de cercar pacíficamente a las fuerzas del orden, y excesos comprobables que no deberían pasar desapercibidos, pero en el balance final hay cuestiones que no se pueden eludir. La mayor responsabilidad política por lo ocurrido en Oaxaca corresponde al gobierno local y al gobierno federal que hizo todo lo posible para que el problema se pudriera antes de buscar una solución justa. Lo mismo puede decirse de los grupos parlamentarios del PAN y el PRI en el Senado, los cuales, por razones diferentes, sabotearon la posibilidad de la salida de Ulises Ruiz, quien se quedó en el cargo gracias a ese contubernio enmascarado en la defensa del estado de derecho, Creel dixit. La vía legal, política y pacífica fue desechada a favor de la negociación mafiosa entre los capos de ambos partidos. La transparencia democrática se hundió junto con la credibilidad de los jefes de ambos grupos parlamentarios.
El presidente electo Felipe Calderón quisiera aparecer todavía al margen de estas acciones, pero la lógica indica que Fox no habría tomado la decisión de reprimir sin el acuerdo de su sucesor. El estupor con que fue recibido el nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación no es casual, como no lo es, tampoco, el mensaje que pese a todas las opiniones asépticas quiso enviar Calderón, en el sentido de que de ahora en adelante habrá orden en la República y fuerza en la aplicación de la ley. A su vez, en una declaración radiofónica, el recién nombrado secretario de Gobernación se espantaba las moscas del autoritarismo diciendo que durante su gestión "habrá mano firme mas no mano dura" y "que con trabajo serio y responsable se pueda restituir la paz en el país." Bonita declaración para comenzar un gobierno que debe enfrentar la polarización política; la guerra directa del crimen organizado, la recesión anunciada por el secretario Carstens, la crisis institucional y el desbarajuste administrativo del gobierno, el malestar creciente de los millones que emigran al norte y se topan con muros, desiertos y armas especiales, en fin, cuando más falta haría en la casa presidencial (y en los partidos) una visión de Estado nos topamos con el forcejeo por la tribuna del Congreso y el deseo de satisfacer a toda costa los clamores de quienes piden que la actuaciones de Ramírez Acuña en contra de los altermundistas torturados sean la nueva divisa del gobierno. Naturalmente, la oposición de izquierda está obligada a poner otras pautas, sin concesiones, pero sin caer en el garlito al que quieren llevarla sus adversarios para convertirla en el chivo expiatorio de sus propias miserias.