Durante su gobierno se produjeron 640 denuncias

Con Ramírez Acuña, auge de la tortura en Jalisco

Jóvenes y mujeres, principales víctimas del panista

EMIR OLIVARES ALONSO

Durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña en Jalisco las denuncias por tortura aumentaron de manera considerable: de 2001 a 2006, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) recibió 640 quejas por ese delito, informaron diversas organizaciones sociales locales.

En un análisis de la gestión del probable encargado de la política interna del país durante el próximo sexenio, las organizaciones destacan que aunque el caso del 28 de mayo de 2004 ­cuando policías reprimieron y detuvieron a decenas de personas que se manifestaban durante la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea­ es paradigmático, Ramírez Acuña permitió la impunidad en diversos casos de tortura en Jalisco, incluso cuando fue alcalde de Guadalajara.

Refieren que el 4 de mayo de 2002, policías irrumpieron en un rave en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde "ocasionaron tratos crueles, inhumanos y degradantes a mil 500 jóvenes, al tiempo que realizaron detenciones arbitrarias", pretextando que allí se vendía droga.

El hoy gobernador con licencia declaró entonces: "Son acciones muy concretas de la policía estatal, donde no vamos a permitir estas reuniones de francachelas y verdaderas orgías. Pedimos a los medios y a la ciudadanía que nos hagan saber dónde se realizan o se pretenden realizar para que lleguemos y se impidan".

Resaltaron que en 1999, durante su gestión como alcalde de Guadalajara, la CEDHJ emitió la recomendación 11/99 referente al caso de Víctor Castañeda Casas, presunto responsable de secuestro, quien "fue torturado" por policías hasta el extremo de matarlo.

Las organizaciones sociales, entre ellas el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del Iteso, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, recordaron que por los hechos del 28 de mayo de 2004, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe especial en el que, tras sus investigaciones, se acreditó la existencia de 73 casos de detenciones ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura a manos de policías.

El entonces gobernador desacreditó no sólo las recomendaciones generadas por esos hechos, sino que ninguna autoridad a su cargo ha atendido los señalamientos de diversas organizaciones, nacionales e internacionales, por las quejas de violaciones a los derechos humanos.

El reporte asegura que la política de Ramírez Acuña mostró "intolerancia hacia las manifestaciones juveniles y el ejercicio de sus derechos civiles y políticos". Agregan que durante su gestión en el municipio de Guadalajara, el panista "instaló una ideología moral llena de prejuicios sobre los jóvenes, sus formas de expresión, identidades y derechos", política en la que influyeron la jerarquía católica tradicional y distintos sectores conservadores de la ciudad.

En torno a los derechos sexuales, el texto refiere que durante 2005 y 2006 se presentaron oposiciones por parte de varios diputados panistas ­cercanos al gobernador­ ante el uso de la píldora del día siguiente; además de que las autoridades de Jalisco se opusieron a la modificación del libro de ciencias para primero de secundaria, en el que se habla abiertamente de sexualidad; e inclusive, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación colaboró con la Unión de Padres de Familia para redactar un "anexo informativo" que cubría las "deficiencias del texto".

Otra de las violaciones a las garantías de los jóvenes fue el "acoso reiterado" por las autoridades hacia el llamado Tianguis Cultural, contra el que se orquestó una campaña de desprestigio, amén de que es constantemente vigilado por policías, quienes catean a jóvenes "sospechosos".

Ramírez Acuña tampoco garantizó los derechos de las mujeres en el estado, pues durante su gobierno "no existió ningún programa que atendiera específicamente a ese sector". El reporte denuncia que Jalisco es uno de los estados en los que la legislación no considera el delito de rapto, que para denunciar estupro la menor tiene que demostrar ser "casta y honesta", y aún no se tipifica el delito de violación dentro del matrimonio. Denunciaron que durante los últimos 10 años, sólo en la zona metropolitana de Guadalajara, la cifra de muertes violentas de mujeres es de 530, mayor a la de Ciudad Juárez.

Denunciaron que Ramírez Acuña además avaló el deterioro ambiental en Juanacatlán, Arcediano, y en las sierras de Mazamitla y Tapalpa; incumplió con la ley de transparencia al no entregar "copia simple" de su nómina a sectores que se lo solicitaron; amén de que emprendió "persecuciones" contra minorías como homosexuales, travestis y jóvenes contraculturales.