Editorial
Más bancos, ¿para qué?
La "opinión favorable" emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la constitución de cinco nuevos bancos, a dos semanas del fin del presente sexenio, y después de un proceso de decisión opaco y soterrado, obliga a preguntarse por el sentido de multiplicar las instituciones crediticias privadas de nuestro país. La inquietud sobre este tema es obligada, porque la historia reciente de los bancos en México es una concatenación de saqueos a la nación: el de 1982, que llevó al gobierno de José López Portillo a la nacionalización de la banca; la restitución parcial efectuada en el sexenio siguiente, y la corrupta reprivatización del salinato, en el cual las instituciones financieras fueron entregadas, en adjudicaciones turbias, a individuos y grupos inescrupulosos y, para colmo, sin experiencia bancaria como se hace ahora con las nuevas autorizaciones, lo que llevó a un desastre generalizado y a un nuevo saqueo: el del "rescate" de los bancos privados, en el sexenio de Ernesto Zedillo, con cargo al erario. Esa operación de transferir al conjunto de los mexicanos las deudas astronómicas que dejaron los banqueros ha seguido gravitando con efectos nefastos en la economía a lo largo de la administración de Vicente Fox. El argumento zedillista de que no podía permitirse la desaparición del sistema bancario nacional empezó a desfondarse desde el gobierno pasado, y a mediados del presente la casi totalidad de la banca privada estaba en manos de consorcios extranjeros.
En todas esas etapas, incluida la actual, los bancos privados, lejos de ser un factor de crecimiento y estabilidad, han constituido un elemento de zozobra económica, una ancla para el desarrollo y un depredador temible de la economía de millones de mexicanos. Hasta los máximos directivos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México reconocen que las empresas financieras cobran, en el país, intereses absurdamente mayores que en sus naciones de origen. Los márgenes de intermediación son desmedidos, el esquema de comisiones resulta leonino y, por lo demás, el negocio principal de los propietarios de bancos no es el de prestar el dinero que reciben en depósito, sino el de cobrar los jugosos bonos del Fobaproa.
Con estos antecedentes, la autorización para la apertura de nuevas casas bancarias tendría que implicar un proceso cuidadoso, transparente y regulado por criterios claros. En cambio, el gobierno de Fox, a unos días de cerrar la puerta, regala ahora "opiniones favorables" con el argumento de que las nuevas empresas alentarán la competitividad en el sistema financiero e inducirán una disminución de intereses y comisiones. Los elementos disponibles indican que no será así. De hecho, entre la docena de multinacionales que domina la mayor parte del sistema bancario se registra una libre competencia que en ningún momento se ha traducido en beneficios para los usuarios de los servicios financieros. En los medios y en todos los círculos sociales proliferan las historias de abusos, cobros indebidos, contratos engañosos y episodios de usura ante los cuales las autoridades, de manera sistemática, dan la razón a los bancos en detrimento de los usuarios.
La realidad es que, con las autoridades proempresariales y antipopulares que padece el país, los ciudadanos se encuentran indefensos ante los bancos. En ese contexto, la rebatinga por los menguados recursos monetarios de las clases populares objetivo de la mayor parte de las nuevas empresas autorizadas, extensiones bancarias de negocios aboneros augura males mayores para la economía de los hogares mexicanos.
Y las autorizaciones otorgadas, como dice la expresión popular, "al cuarto para las doce", en las postrimerías sexenales, parecen, más que decisiones racionales de política financiera, pagos de favores recibidos y facturas pendientes entre los dueños del poder y los amos del dinero. Parece, en suma, otro de los golpes de despedida del foxismo a la sociedad mexicana.