El respeto a los derechos humanos, sólo en los discursos, dice
La represión fue la bandera del gobierno de Fox: Centro Prodh
A pesar de las "vistosas acciones" que promovió en el ámbito de los derechos humanos la administración del presidente Vicente Fox, en la que el discurso en torno a estas garantías fue una de sus principales divisas, la grave situación de pobreza en la que vive más de la mitad de la población en México y la impunidad que priva en el país son dos elementos fundamentales en los que se advierte "la sistemática violación a los derechos humanos", advierte el informe sexenal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El documento sostiene que durante el actual gobierno a 13 días de culminar las agresiones contra estas garantías se agravaron en supuestas líneas normativas en las que "se legaliza la violación a derechos" por servidores públicos.
En siete capítulos, la organización de derechos humanos realizó un balance en de la situación que guardaron durante el gobierno foxista los siguientes temas: crímenes del pasado e impunidad, sistema de justicia penal, represión contra movimientos sociales, la Policía Federal Preventiva (PFP) y los derechos humanos, persecución contra periodistas y defensores, derecho de los pueblos indígenas, y pobreza y políticas públicas de derechos humanos de Fox. Asimismo el reporte señala que durante el sexenio foxista se presentaron 117 desapariciones.
En torno a la impunidad de los crímenes de la guerra sucia, el Centro Prodh señala que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado "es un caso emblemático del uso político de la creación de diversas instancias que tienden a adolecer de las mismas debilidades entre negligencia y corrupción"; amén de que casos recientes de represión de Estado, como Acteal, Aguas Blancas y El Charco, quedaron en la impunidad.
Por ello, se recomienda que el Estado garantice el esclarecimiento y la sanción a los responsables en los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos. Particularmente, asegurar la permanencia de una fiscalía que corrija sus actuales deficiencias para ser completada con una comisión de esclarecimiento histórico, "autónoma y plural, creada para este efecto".
Sobre el sistema de justicia que prevaleció durante la actual administración el Centro Prodh destaca que es necesarió reformarlo, pues las modificaciones realizadas en los pasados seis años contribuyeron para vulnerar los derechos humanos. Entre las recomendaciones para estas reformas destacan: que una autoridad judicial imparcial sea la única facultada para recibir una confesión de carácter probatorio, la tipificación del delito de detención arbitraria dentro del catálogo de ilícitos que pueden ser cometidos por servidores públicos, derogar de los códigos penales los delitos de difamación y calumnia, y reglamentar la protección a la reputación en el ámbito civil.
El presidente Fox convirtió la represión "en su bandera; proclamando su espíritu democrático, abierto al diálogo y que, en el discurso, fue reiterativo para señalar que nunca reprimiría", pero analizar la realidad contradice sus promesas, pues la represión continúa en todos los niveles de gobierno.
El estudio advierte que la represión se caracterizó durante el actual sexenio por la criminalización de luchas sociales y la fabricación de delitos, como en el caso de San Salvador Atenco. Por ello se recomendó al próximo mandatario y a la 60 legislatura que vigilen la integridad de las personas a partir de medidas cautelares, el cese de agresiones y hostigamiento, la libertad inmediata de todos los detenidos por operativos policiacos y la investigación "imparcial e independiente" para esclarecer los hechos, sanción a los responsables de cometer violaciones a derechos humanos, aun incluidos altos mandos, y reparación de daños a las víctimas.
En cuanto a la PFP, el organismo civil de derechos humanos indica que es necesario instaurar un programa gradual de "desmilitarización" de esa corporación y de todos los órganos de seguridad pública en el país de los tres niveles de gobierno; que se adopten los lineamientos establecidos en tratados internacionales.
Para defensores y periodistas se exige el cese de hostigamientos y amenazas, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a medios de comunicación, el reforzamiento público del espacio radioelectrónico, entre otros.
El capítulo final señala que la legislación mexicana debe armonizarse con los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México en general, y con mayor eficacia los que garantizan los derechos sociales, económicos, culturales, pues la violación a éstos perjudica a 80 por ciento de la población nacional "que ha visto frustradas sus esperanzas de una mejora sustancial en sus niveles de vida y calidad de vida".