Exige descongelar proceso judicial contra los responsables del desfalco
El gobierno veracruzano, obligado a resarcir daño patrimonial a Tiburones Rojos: diputado
Jalapa, Ver., 13 de noviembre. El gobierno de Veracruz está obligado a recuperar mil 372 millones de pesos, por multas y daño patrimonial al fideicomiso que administró el club deportivo Tiburones Rojos del Veracruz, según resolución emitida por la sala regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dio a conocer el diputado local Miguel Angel Yunes Márquez.
El legislador, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal, señaló que los responsables del fraude fueron el ex presidente del fideicomiso, Rafael Herrerías Olea, así como los empresarios Mauricio Rodríguez Elorduy y Simón Pedro Téllez Ramírez, quienes deberán ser requeridos por las autoridades.
En conferencia de prensa en esta ciudad, Yunes Márquez sostuvo asimismo que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado tiene retenido el proceso judicial contra Herrerías Olea y otros funcionarios de la administración del ex gobernador Miguel Alemán Velasco, pese a que la querella correspondiente se presentó en 2005.
Igualmente negó que con las acciones de fiscalización emprendidas hacia el club Tiburones Rojos el Congreso local haya adoptado una posición de ataque o agresión hacia el equipo de futbol como, dijo, presumen funcionarios estatales.
"En el caso del fraude a Tiburones Rojos, quienes deben recuperar el dinero y castigar a los culpables han querido presentarnos como adversarios del equipo, lo cual está alejado de la realidad", aclaró.
Aseguró que si la procuraduría veracruzana descongela el expediente de investigación y obliga a resarcir el patrimonio afectado, "el equipo podría tener recursos para autofinanciarse y convertirse en el mejor de México".
El legislador panista refirió que en cumplimiento del decreto 264 del Congreso local, emitido el 27 de julio de 2005, el Organo de Fiscalización Superior inició el procedimiento para determinar responsabilidades, además de imponer indemnizaciones y sanciones por el desfalco en el club deportivo, según consta en el expediente PR./EG./05/2005.
De esto derivó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE y se inició el procedimiento para fijar indemnizaciones, con el fin de recuperar el monto del daño patrimonial.
En este último punto, Yunes Márquez recordó que se atribuyó responsabilidad a Herrerías Olea, ex presidente del club deportivo; a Mauricio Rodríguez Elorduy y Simón Pedro Tellez Ramírez. También se implicó al ex secretario estatal de Finanzas, Juan Amieva Huerta, y al ex director del Instituto Veracruzano del Deporte, Carlos Sosa Lagunes.
A ellos se les impuso el pago de indemnizaciones por 686 millones 77 mil pesos y multas por la misma cantidad, lo que da un total de mil 372 millones 154 mil pesos que se debieron entregar al erario estatal.
Inconformes con la resolución, los involucrados promovieron un juicio de nulidad, pero fue rechazado, y posteriormente la sala regional zona centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que la resolución causó ejecutoria.
"Por lo tanto el gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Finanzas, está obligado incondicionalmente a ordenar y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, y recuperar ese dinero propiedad del erario", recalcó.
Yunes advirtió que si el gobernador Fidel Herrera y sus funcionarios se empeñan en proteger a los involucrados en el fraude, incurrirán en responsabilidades directas de tipo patrimonial, administrativo y hasta penal.
"No tienen porqué actuar como defensores de Rafael Herrerías y socios, sino que deben unirse al esfuerzo para defender el interés de los veracruzanos, y recuperar lo que nos defraudaron", concluyó.