Entrevista a FLAVIO GALVAN RIVERA, MINISTRO PRESIDENTE DEL TEPJF

Llego al tribunal para consolidar la credibilidad

Descarta que el bombazo tenga relaciones con los comicios

ALONSO URRUTIA

Convencido de que la calificación de los comicios de julio pasado fue un "buen trabajo jurídico" y que su polémica designación fue producto de la propia división generada durante el proceso electoral, el nuevo magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Flavio Galván Rivera, asume como uno de sus principales retos "consolidar" la credibilidad de la institución.

En entrevista con La Jornada, Galván Rivera, quien fue secretario general de acuerdos del TEPJF y encargado de leer el polémico dictamen de la calificación presidencial, reconoce la necesidad de reformas legales que complementen el marco jurídico en diversos ámbitos: brindar facultades al TEPJF para interpretar la constitucionalidad de la ley, asignar a las salas regionales mayores facultades en las elecciones locales y dotar de mayores atribuciones al Instituto Federal Electoral para que investigue de oficio la llamada propaganda negra.

A su juicio, la revisión del marco legal que rige el sistema político mexicano implicaría la necesidad de conformar una nueva Ley de Partidos Políticos que rija la vida democrática interna de cada instituto para permitir a los militantes defender sus derechos y asumir sus responsabilidades, pero también a los partidos tener la posibilidad de gozar de mayores márgenes de acudir a la justicia electoral.

No evade el tema de los polémicos fideicomisos y bonos de los magistrados, cuya solución estaría, dice, en realizar modificaciones legales que garanticen a los miembros del TEPJF recursos para su retiro y que consoliden su independencia. Ello, reconoce, podría reducir los márgenes de discrecionalidad en la adjudicación de bonos no sólo en el Poder Judicial, sino en otros ámbitos del Estado.

­Al término de un año complejo de tribunal, ¿cuál es el nivel de credibilidad tras la polémica calificación de los comicios presidenciales?

­Los medios han hecho pública la opinión de la población y cuál es el ambiente de credibilidad que tenemos. Por supuesto debemos tomar con la relatividad que se debe las encuestas que se hacen. La credibilidad del tribunal y de los magistrados podríamos decir es alta en esta nueva integración. La afirmación puede ser aparentemente gratuita, pero la sustento en la votación que tuvimos, una votación unánime; no hubo en ningún caso voto en contra o abstenciones. Todos los partidos votaron por esta integración.

­¿No percibe un desgaste importante en este periodo postelectoral?

­Es normal; toda sentencia, toda resolución de un juzgador será aprobada por el que resulta beneficiario y será condenada por quien resulta perjudicado. En todo juicio, quien gana alabará al juez, que es sabio y justo, y quien pierde seguramente dirá que el juez fue injusto.

­Sobre el dictamen de las elecciones presidenciales, se cuestionó que había sido elaborado con criterios muy estrictos y no con una posible interpretación integral o constitucional.

­El dictamen es un buen trabajo jurídico, es reflejo del criterio de los magistrados que integraban este tribunal. Fue tan discutido porque parte de la base misma de la división del voto en las elecciones; a partir de eso las opiniones necesariamente se han dividido.

­¿No es paradójico que los empresarios violen la legislación y se mantengan impunes?

­No corresponde al tribunal saber de las conductas que pueden ser constitutivas de infracciones o un tipo de ilícito. El tribunal se limita a analizar si la elección es válida, si se ajustó a derecho, y dictar su resolución de validez o declarando la nulidad. En el caso se consideró que fue ajustado a la ley.

­A partir de esta experiencia, ¿serían necesarios cambios legales para que hubiera consecuencias de contratar ilegalmente propaganda?

­Hay necesidad de reformas, probablemente una revisión previa del contenido para poder garantizar que cumple con la finalidad prevista en la ley. Esa finalidad es llevar a los ciudadanos la plataforma electoral que sustenta cada partido y sus candidatos. ¿Cuál debe ser el contenido de la propaganda electoral? Revisar que se ajuste a esa disposición y, claro, posteriormente se podría, a petición de parte o inclusive de oficio de las autoridades electorales, ordenar su revisión cuando no se ajuste a la ley. Si esto se prevé desde la ley y se faculta al IFE se pueden abreviar tiempos y daños.

­Se habló de que uno de los mayores riesgos de la elección fue el mismo presidente Vicente Fox. ¿Juzgaría necesario realizar reformas para lograr mayor control de los funcionarios?

­Lo tienen que valorar los partidos para determinar hasta dónde disciplinar la conducta de los gobernantes en las campañas.

­¿Cuáles vislumbra como sus principales retos?

­Consolidar la confianza de la ciudadanía en el tribunal. Transparentar el acceso al conocimiento de todo mundo, los procedimientos que realiza.

­Consolidar la confianza se dice fácil, pero es un asunto complejo.

­Definitivamente, la confianza es un fenómeno subjetivo de cada ciudadano, queremos que a partir de nuestras sentencias confíen en que aplicamos el derecho e impartimos justicia electoral.

­¿La pretensión va contracorriente con la pérdida de confianza no sólo del TEPJF sino también del IFE? Hay sospechas sobre su actuación ¿cómo revertirlas?

­Como jueces sencillamente cumplir con el mandato constitucional de objetividad, imparcialidad y actuación conforme a derecho.

­¿Qué reformas juzgaría necesarias para adecuar el funcionamiento del tribunal?

­Hay un problema interesante que trasciende al aspecto económico. Las salas regionales tienen una existencia permanente, pero no tienen función constitucional permanente. Esto lleva a la necesidad de una reforma electoral que les dé permanencia, no estática, sino dinámica, y les conceda competencia no sólo en elecciones federales, como ahora, sino que pudieran resolver controversias en comicios municipales y de diputados locales.

"Hay temas más complejos. Actualmente no podemos analizar la constitucionalidad de la ley, ni siquiera para determinar su inaplicación a un caso concreto, es un tema mucho muy importante. O se da competencia expresa a la sala superior o se concede autoridad a la Suprema Corte de Justicia para permitir el análisis de esas leyes que se pudieran considerar inconstitucionales. Podemos ir de reformas sencillas hasta complejas para poder facilitar el acceso a la justicia electoral".

­Uno de los mayores avances del tribunal fue en materia de regulación de la vida interna de los partidos. ¿Es suficiente con los criterios o se requieren reformas legales?

­Se requieren reformas, cuando menos a la ley de medios, para poder determinarlo en la ley y no en la jurisprudencia y conocer las controversias de la vida interna de los partidos, con motivo del respeto o trasgresión de los derechos de los afiliados de un partido e incluso también del cumplimiento de sus deberes. ¿Por qué no pensar que también los partidos podrían tener un derecho similar, y esto por supuesto se lleva también a los demás ámbitos? ¿Por qué las autoridades electorales no pueden promover un medio de impugnación en contra de una decisión?

­¿Eso significa avanzar a una ley de partidos?

­Por supuesto. Expedir muchas leyes especiales no es la panacea, pero es necesario que regulemos de manera integral el origen, funcionamiento y existencia de los partidos.

"También tenemos que revisar la normativa en materia de fiscalización, llevarla al texto de la ley, no solamente en acuerdos o en reglamentos. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben seguir en la fiscalización en el origen y ejercicio de los recursos de los partidos? No debemos olvidar que gran parte de esos recursos tienen su origen en los ingresos del Estado y deben tener claridad.

­¿El bombazo en la sede del TEPJF fue un mensaje a sus actuaciones?

­Pienso que no fue un mensaje expresamente al tribunal, fue tal vez un lugar que escogieron, pero no un mensaje a la institución ni a sus integrantes.

­¿Cuál será el destino de los polémicos bonos de retiro?

­Es un tema que tenemos que revisar los magistrados y tomar una decisión.

­¿Se reditarán en esta administración?

­No; los fideicomisos fueron constituidos en su momento, se aplicó la normatividad que se consideró era la adecuada al caso y se cumplió en la parte que correspondió. Ahora empieza una nueva integración y habrá que tomar en cuenta qué es lo que seguirá en esta materia, cuál es la decisión de los señores magistrados para este tema.

­¿Habría que regularlos?

­Por supuesto, es una reforma urgente, se tiene que prever un sistema de retiro. Es un tema vinculado con la independencia del juez. Si le garantizamos estabilidad, inamovilidad en el cumplimiento de su función y que estará protegido por un haber de retiro no tendrá que preocuparse por saber qué hacer al concluir su encargo, sobre todo porque existen disposiciones que impiden dedicarse al ejercicio de la profesión por cierto tiempo. Las necesidades no concluyen con el encargo, continúan y deben ser satisfechas.

­¿Eliminaría la discrecionalidad en el uso de los fondos?

­Debe evitarse.