Acusa al ex mandatario y a siete ex funcionarios por el atentado a una mutual judía

Gira juez argentino petición de captura del ex presidente iraní Alí Hashemi Rafsanjani

STELLA CALLONI

Buenos Aires, 9 de noviembre. El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral giró hoy una petición internacional de captura en contra del ex presidente iraní Alí Hashemi Rafsanjani (1989-1997) y otros siete funcionarios de ese país y un dirigente de la organización chiíta Hezbollah, acusados de haber ordenado el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

El gobierno de Irán, por medio del encargado de negocios, Mohsen Baharvand, rechazó de inmediato, una vez más, responsabilidad alguna de su gobierno en el atentado, y dijo que la determinación judicial busca "encontrar un chivo expiatorio".

Con esta decisión, el juez Canicoba convalidó el dictamen reciente del fiscal Alberto Nisman y declaró el ataque explosivo un delito de lesa humanidad, lo que implica que no podrá prescribir.

El diplomático iraní sostuvo que la conferencia anual de Interpol "exculpó" en 2004 a 12 iraníes requeridos por Argentina como sospechosos del ataque a la AMIA, y señaló que la fiscalía "mintió" al adjudicar el atentado al conductor Ibrahim Husein Berro, quien supuestamente estrelló un auto cargado de explosivos contra el inmueble de la mutual judía, aunque es considerado un "mártir" porque se inmoló "en una batalla que se libró en Líbano contra los sionistas".

El atentado a la AMIA dejó 85 muertos, centenares de heridos y cuantiosos daños materiales, pero desde esos momentos la causa de la investigación estuvo marcada por graves irregularidades, consentidas por las autoridades del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) como de instituciones judías en este país, incluido el entonces jefe de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Rubén Beraja.

En el comienzo de la investigación, en 1994, el entonces juez Juan José Galeano fue a Venezuela a interrogar a un testigo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Se trataba de un presunto arrepentido funcionario del espionaje iraní, Moatammer Manouscher, que armó una versión increíble, lo que finalmente llevó a su descarte.

Además del ex presidente Rafsanjani, se pidió la detención de los ex ministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores, Alí Fallahijan y Alí Akbar Velayati, respectivamente; del ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y el ex jefe de las fuerzas QUDS Ahmad Vahidi; de dos ex funcionarios de la embajada en Buenos Aires, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Ashgari, y del ex jefe del Servicio de Seguridad Exterior de la organización libanesa Hezbollah, Imad Fayez Moughnieh.

El juez añadió en este caso al ex embajador Soleimanpour, a pesar de que el fiscal lo había dejado literalmente fuera a causa del anterior rechazo de la justicia británica.

El fiscal Nisman concluyó que el ataque se ordenó en una reunión de los funcionarios iraníes realizada en Mashad, el 14 de agosto de 1993, información que fue provista por la CIA y el Mossad.

Según esta versión, Irán habría actuado por estar "disconforme" con el gobierno de Carlos Menem por la suspensión de contratos de provisión de tecnología nuclear, que databan desde la administración de Raúl Alfonsín (1983-1989). En realidad esto sucedió después del atentado explosivo.

Desde la semana pasada, Baharvand recordó que el propio ex juez Galeano sostuvo que "el dictamen de Nisman tiene el mismo resultado inválido" que las investigaciones llevadas a cabo durante el periodo en que él estaba a cargo de la causa.

"Lo que se ha agregado es acusar al gobierno de Irán", dijo Baharvand, para luego añadir que Nisman en su dictamen nombra a 10 personas, cuando anteriormente eran 12 las sospechosas.

También Baharvand desbarata, entre otros datos, la tesis de Nisman de que la decisión del atentado fue tomada por las autoridades iraníes en 1993: "De acuerdo con esto la voladura de la embajada de Israel, ocurrida en 1992, no estaría relacionada con la decisión de 1993. Quizás tengamos que inventar otros nombres libaneses para este atentado y pedirle a la prensa que publique que fue una decisión surgida de una reunión".

Para el diplomático iraní, la base del problema es que en esta causa se define primero al culpable antes de investigar, por lo que "este método ilegal es la base de los problemas entre Argentina e Irán".

La campaña de acusaciones basadas en conjeturas y deducciones de la CIA y los servicios de espionaje de Israel, el Mossad, llevó a una disminución de las relaciones entre Irán y Argentina.

Galeano, quien fue separado de su cargo el año pasado por haber incurrido en irregularidades, ordenó a Interpol la captura de los 12 iraníes, pero Irán demostró a Interpol con pruebas documentales la debilidad de los argumentos y se derogó la orden.

La anulación del trabajo realizado por Galeano dejó un manto de sospecha mayor, ya que quedó al desnudo el intento de desviar la causa con conocimiento de Beraja y funcionarios de la administración de Carlos Menem, cuando un delincuente recibió un pago de 400 mil dólares para que acusara a policías y a los iraníes.

Además de las irregularidades, nunca se ha llegado a resultados concluyentes, y esto debido a que Washington y Tel Aviv quieren como culpable a Teherán, destacaron aquí analistas políticos.