Rechaza acusaciones de que la policía oaxaqueña practique tortura y desapariciones

La APPO, un grupo violento que comete terrorismo, dice la procuradora estatal

Precisa que desde el inicio del conflicto se han abierto 260 averiguaciones previas

GUSTAVO CASTILLO, ENRIQUE MENDEZ

Oaxaca, Oax. 9 de noviembre. Para la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), Lizbeth Caña Cadeza, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es un "grupo violento" que comete delitos que en el Código Penal Federal se "llaman terrorismo".

En entrevista con La Jornada, afirmó que se han abierto 260 averiguaciones previas relacionadas con el conflicto político y social que desde mayo vive esta entidad, y que a partir de ellas se han obtenido órdenes de aprehensión en alrededor de 40 por ciento de los casos.

A pesar de que la mayoría de la población de Oaxaca es indígena, aseguró que los agentes del Ministerio Público y los policías ministeriales no necesitan hablar lenguas nativas, sino que se requiere de traductores que participen en las actividades de defensa.

Respecto a las versiones de que el personal de la procuraduría es negligente, violador de derechos humanos, ineficiente y que practica actos de corrupción, tortura y desapariciones forzadas, afirmó: "esa es una cuestión estereotipada. No es una particularidad de Oaxaca".

La funcionaria de Ulises Ruiz refirió que de las 260 averiguaciones previas la mayoría se iniciaron por la probable comisión de ataques a las vías de comunicación, robo de vehículo, daños en propiedad ajena, allanamiento de casas habitación, hoteles, daños a establecimientos comerciales e inclusive hasta por amenazas.

­¿Estas órdenes de aprehensión a cuántas personas involucran?

­No puedo dar un número exacto, pero contamos con varios mandamientos de captura.

­Hay muchas quejas de que en la procuraduría se violan los derechos humanos, se detiene ilegalmente, se cometen actos de tortura y desaparición forzada. ¿Qué dice de ello?

­Que no ha habido detenciones arbitrarias y que nuestra actuación ha sido transparente. Y transparente yo le llamo al hecho de que las personas que son detenidas son trasladadas a algún separo o centro penitenciario.

"Nosotros no torturamos, creo que esa es una cuestión estereotipada; somos especialmente escrupulosos de que estos hechos no ocurran. En esta administración no hemos recibido ninguna recomendación de derechos humanos".

"Hemos sido particularmente escrupulosos en no ejecutar las órdenes de captura en tanto han estado las mesas de diálogo, para no exaltar más los ánimos".

­¿Qué hay de las incursiones de policías ministeriales en algunas colonias para actuar en contra de simpatizantes o miembros de la APPO?

­Eso es una situación muy delicada y mediáticamente ha sido manejada por la APPO en el sentido de que hay cuerpos paramilitares, pero el gobierno del estado, sobre todo la procuraduría, no tiene cuerpos paramilitares.

"Sin embargo, hemos sido señalados en algunos actos, como el ocurrido el 23 de agosto, cuando la Dirección de Seguridad Pública del Estado ­que no pertenece a la procuraduría­ pretendió retirar algunos vehículos atravesados en algunas calles y lamentablemente en esos acontecimientos perdió la vida una persona.

"A raíz de ello hubo un señalamiento muy severo, muy agudo de que había cuerpos paramilitares. Eso es totalmente falso".

­¿Qué significa para usted la APPO?

­Un grupo que realiza acciones violentas, que ha cometido diversos actos ilícitos. Como abogada, estoy consciente de que todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos públicamente y a no ser censurados por nuestras ideas.

"Sin embargo, el hecho de pretender obligar a una autoridad a que tome una determinación, y que para ello se realicen actos que afecten derechos de terceros o se impida la prestación de los servicios del estado, eso es un delito y está bien claro en el Código Penal Federal: se llama terrorismo".

­Hay quejas en todo el estado de que la procuraduría no respeta los derechos humanos, como fue el caso de la muerte de un joven en una comunidad serrana, cuyo cadáver quedó tirado 48 horas en la calle, hasta que llegó el perito a realizar el levantamiento del cuerpo.

­Tenemos asuntos complicados: somos 280 agentes del Ministerio Público distribuidos en todo el estado. Tenemos zonas de muy difícil acceso en las cuales nuestros agentes tienen que buscar la manera de distribuirse.

"En el caso que se comenta, es cierto, el perito tardó en llegar y el procedimiento lo tuvimos que subsanar con un médico de la zona".

­¿No se tiene, entonces, cómo garantizar la procuración de justicia?

­Hay aspectos que necesitamos mejorar, hacen falta muchísimas cosas, requerimos recursos, pero damos pasos para que esta situación mejore y que no haya estos señalamientos infundados de que hay tortura, abusos de poder o violaciones a derechos humanos.

­¿Cuántos agentes del Ministerio Público hablan lenguas indígenas?

­Tenemos 20 por ciento de un total de 280 agentes, pero requerimos no sólo de agentes del Ministerio Público que hablen lenguas indígenas e idiomas, sino también defensores de oficio, porque para eso están los traductores. La defensa es lo más importante.

­¿Cuántos elementos ministeriales hablan lenguas indígenas?

­Tenemos alrededor de 800 agentes de la Policía Ministerial y muy pocos conocen esas lenguas, tal vez 10 por ciento.

­Pero en Oaxaca la mayor parte de la población es indígena...

­Pero los agentes del Ministerio Público no necesitamos hablar la lengua indígena, sino allegarnos de las personas que pueden ser facilitadoras de nuestra labor, como son los intérpretes.

"Las ventajas que se prevén con las reformas en materia de procuración e impartición de justicia serán muy grandes, sobre todo para ahuyentar esas visiones estereotipadas en las que se ve a los elementos de la Policía Ministerial como violadores flagrantes de los derechos humanos, como personas corruptas, negligentes e ineficientes, que no investigan, que no aportan, que no conocen lo más elemental de derechos humanos.

"A mí me indigna cuando me dicen que los policías violan derechos humanos, torturan y cometen actos de corrupción, pero hay muchas situaciones estereotipadas que no son de esta administración, y que también están señaladas en toda la República, no es una particularidad de Oaxaca. Yo no soy corrupta, y eso es importante porque sirve de ejemplo para lo que se quiere".

­¿Es verdad que usted no esta titulada?

­Esas son mentiras: yo tengo título de licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Sin embargo, la procuradora no hizo mención del hecho de que para ocupar el cargo el Congreso local tuvo que aceptar una solicitud del gobernador Ulises Ruiz, para que se le dispensaran algunos de los requisitos de ley, tales como contar con 35 años cumplidos al día de su nombramiento (tiene 32), y que su título y cédula profesionales tuvieran diez años de antigüedad.