Insuficiente la propuesta de Gobernación para reinstalar mesa de diálogo, señala

APPO admite propuestas de Ruiz para acuerdo de gobernabilidad, ''pero sin él''

Advierte Flavio Sosa que la intención del gobierno es la ''eliminación física'' de los dirigentes populares

Anuncia rector de la UABJO que el lunes se reanudan las clases

ENRIQUE MENDEZ, GUSTAVO CASTILLO, OCTAVIO VELEZ

Oaxaca, Oax., 9 de noviembre. Como insuficiente definió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) la propuesta que, por conducto del Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), le hizo llegar la Secretaría de Gobernación para reinstalar una mesa de diálogo, y admitió las seis propuestas del gobernador Ulises Ruiz para un acuerdo de gobernabilidad, pero con una condición: "sin él".

Y es que, luego de analizar el paquete propuesto por el secretario Carlos Abascal, la plenaria de la APPO concluyó que el gobierno de Vicente Fox no quiere darle una salida al conflicto y, en cambio, "alargarlo, liberar a unos cuantos, pero al mismo tiempo aprehender a más compañeros".

De acuerdo con la respuesta que trajo Serapaz a la APPO, Gobernación condicionó, por ejemplo, el repliegue de la Policía Federal Preventiva (PFP) a que el movimiento social suscriba el pacto de gobernabilidad; respondió que se analizará, caso por caso, la liberación de presos; negó conocer las operaciones de la denominada Radio Ciudadana ­cuya autoría se atribuye al gobierno estatal­; expresó su respeto a la autonomía universitaria, y atajó que, en tanto, las fuerzas federales mantendrán la ocupación del Zócalo.

A la propuesta de integrar un consejo ciudadano para la depuración de la policía y la destitución de los mandos estatales, Gobernación le propuso a la APPO incorporarse a esa instancia.

"Se trata de respuestas muy ambiguas y no son suficientes para establecer las condiciones mínimas para retornar a la mesa de diálogo", declaró el vocero del movimiento, Florentino López, al término de la plenaria donde se analizaron las respuestas de la dependencia federal.

De hecho, anunció una nueva movilización para el lunes, un día después de que concluya el congreso constitutivo de la asamblea popular, en la que convergerán más de 3 mil delegados de barricadas, colonias, municipios y organizaciones simpatizantes de la APPO.

Por su parte, Flavio Sosa Villavicencio ­quien ayer exhibió los distintos amparos que se le han concedido para evitar ser aprehendido­ denunció que el gobierno federal y Ulises Ruiz Ortiz preparan la sustitución de la dirigencia colectiva de la APPO, mediante la aprehensión e inclusive "eliminación física" de los dirigentes.

En entrevista, señaló que se prepara "un choque entre grupos, la represión selectiva y masiva, para obligar a la PFP a quedarse y acabar con la APPO".

Anticipó que la intención del movimiento, que realizará a partir de mañana y hasta el domingo su asamblea constitutiva, es "adoptar el modelo boliviano de incluir a los indígenas en la disputa por el poder político", y ahí se presentará un informe político que servirá, también, como eje para la discusión.

A su vez, mandos de la PFP revelaron que no han recibido oficialmente ninguna solicitud para ejecutar órdenes de aprehensión contra los líderes de la APPO, y en cambio, en contacto con éstos se les ha ofrecido que, de liberarse el crucero de Cinco Señores, las fuerzas federales volverían a la ciudad de México.

Ulises no se va a detener

Mientras, Flavio Sosa consideró que el desdén de Ulises Ruiz al ultimátum que le impuso el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, en el sentido de lograr un acuerdo de gobernabilidad o renunciar, se debe a que el mandatario estatal "ve a Vicente Fox como un presidente congelado. Lo que está en juego es la voluntad democrática de Felipe Calderón y el trato que le dará a los problemas nacionales, y que quiera utilizar a Oaxaca como laboratorio".

Aseguró que en tanto la Federación no se decida a resolver el conflicto en la entidad, "Ulises Ruiz no se va a detener y es muy probable que nos quieran eliminar".

­Cuando dice eso, ¿habla de que los maten?

­Así es, no se descarta.

Denunció que se ha iniciado una campaña, principalmente desde la denominada Radio Ciudadana y la oficina de Comunicación Social del gobierno, que envía mensajes vía correo electrónico a ciudadanos para que éstos los renvíen a la estación radiofónica; y se distribuyen panfletos casa por casa, para "construir una etapa de justificación social de la represión".

Afirmó que en los mensajes emitidos desde la radio "se llama a chocar contra nosotros, para que la gente vea como algo natural el enfrentamiento. También se echó a andar una política de contrainsurgencia, para dividir a la sección 22 del magisterio, con ofertas a los alcaldes priístas para contratar profesores y conformar su propio sindicato".

Durante la entrevista, Sosa Villavicencio entregó una relación de amparos promovidos por la representación legal de la APPO ante distintos juzgados del fuero local y federal. Por la tarde, los abogados consiguieron la suspensión provisional contra la orden de aprehensión girada por el juzgado cuarto de distrito con sede en la ciudad de México, por los delitos de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia.

Además, cuenta con dos amparos concedidos por el juzgado segundo de distrito de Oaxaca, el primero bajo el número 881/2006, y el segundo contra la orden de aprehensión emitida por el juez mixto de primera instancia de Ocotlán, como probable responsable del delito de robo específico, en agravio del municipio de Miahuatlán.

El 16 de octubre, el mismo juez le concedió otro, bajo el número 1057/2006, respecto de la orden de aprehensión del 20 de septiembre pasado por los delitos de secuestro, lesiones calificadas y robo con violencia.

Refirió que el martes pasado se promovió un juicio de amparo contra las posibles órdenes de aprehensión que pretendían ejecutar la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal de Investigación, la procuraduría del estado, la Policía Ministerial y la Secretaría de Seguridad de Oaxaca.

El amparo, señala la asesoría jurídica de la APPO, "está radicado en el juzgado octavo de distrito, esperando hasta el momento el informe de las autoridades responsables, en virtud de que en forma indebida se ha negado la existencia de órdenes de aprehensión".

Liberan a los tres estudiantes detenidos

A su vez, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Francisco Martínez Neri, informó que las actividades administrativas, académicas y de investigación se reiniciarán el próximo lunes, tras la liberación de tres alumnos, una de las condiciones establecidas por la comunidad para el regreso a clases.

Mencionó que no será necesario el retiro de la barricada en avenida Universidad y dijo que se comunicó con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Arturo Chávez Chávez, para solicitar seguridad para alumnos, catedráticos y trabajadores administrativos.

Esta decisión se tomó luego de que los estudiantes Jesús René Trujillo Martínez, Benito Pereda Fernández y Mauricio Marmolejo Rivera fueron liberados después de ser detenidos en su domicilio por agentes de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) por la presunta portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Alejandro Benítez, integrante del sector estudiantil de la APPO, denunció que a sus compañeros se les detuvo ilegal y violentamente en el domicilio de Trujillo Martínez. Los tres estudiantes, fueron entregados por los agentes de la PABIC en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, donde obtuvieron su libertad después de cubrir una fianza de 40 mil pesos.

Sin embargo, por otra parte se reveló que la profesora Blanca Reyna Canseco Méndez y el estudiante universitario Jaime Rosas Guzmán fueron detenidos el sábado pasado por elementos de la PFP en Nochixtlán, porque se les encontró "propaganda subversiva" y pretendían viajar a la capital del estado para "destruir la ciudad y derrocar al gobierno". Ambos fueron consignados al penal de Etla por la presunta comisión del ilícito de asociación delictuosa.

Según el parte informativo del inspector y subinspector de la corporación policial, Sócrates Burgoa Garza y Daniel Atilano Iturbide, respectivamente, y supervisado por el comisario del sector XX-082 de Asunción Nochixtlán, Antonio Neyra Skidmore, el arresto ocurrió a las 7:20 horas del 4 de noviembre, y que al ser revisados se les encontró un paquete con ejemplares de la revista Bandera Roja, propaganda de la APPO. Según sus declaraciones, en las instalaciones de la PFP en Nochixtlán fueron desnudados para tomarles fotografías.

Hoy, además, desconocidos balearon una de las barricadas en Ciudad Universitaria, en el cruce con Periférico, casi frente a un centro comercial, lo cual provocó pánico entre los transeúntes y clientes. En el lugar se encontró una decena de cartuchos percutidos de calibre .45, y algunos de los disparos impactaron vehículos estacionados.

Posteriormente, la Unidad Ministerial de Intervención Táctica desactivó una granada de fabricación casera depositada frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura.

Mientras, hoy se confirmó que el regidor de seguridad pública de Santa Lucía del Camino, Abel Santiago Zárate, y el suboficial de la Policía Municipal Orlando Manuel Aguilar Coello recibieron el auto de formal prisión como
presuntos responsables del delito de homicidio calificado en agravio del camarógrafo estadunidense Bradley Roland Will.

En el expediente penal 172/2006 está asentado que, según la declaración de testigos, el empleado municipal Héctor Miguel Cantor y el estudiante José Luis de la Piedra Bustamante, observaron cuando el policía y el regidor dispararon armas de fuego contra brigadistas de la APPO el 27 de octubre, en la calle Calicanto, en Santa Lucía del Camino.

Santiago Zárate y Aguilar Coello declararon que sí dispararon, pero al aire, en atención a un auxilio solicitado por Alejandro Antonio Martínez y Alejandro Ignacio Cuevas Pérez, habitantes del lugar, al ser supuestamente atacados por los integrantes de la APPO.