Sin aval de ministros se proclamó para un tercer periodo; la Constitución local sólo permite dos
Permanencia irregular de la titular del Tribunal Superior de Justicia en QR
Busca evitar que opere en pleno el Consejo de la Judicatura y le quite mando económico: magistrado
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La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Lizbeth Song Encalada, aseguró que su permanencia en el cargo es legal y su gestión concluirá en 2008
Foto: José Luis López Soto
Cancún, QR., 5 de noviembre. El Poder Judicial de la entidad enfrenta una situación sui géneris, debido a que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lizbeth Song Encalada, decidió permanecer en el puesto por decisión propia aun cuando viola la Constitución, que estipula formas y tiempos para su ejercicio.
Song Encalada anunció que será titular del tribunal hasta 2008, lo cual, dice el también magistrado del TSJ Ariel Martínez Carrillo, ha sumido en "una crisis legal y de credibilidad" al Poder Judicial del estado.
La magistrada cumple su tercer periodo como titular del TSJ, no obstante que la Constitución sólo permite una relección; además su ratificación en el cargo no se hizo por acuerdo del pleno del tribunal, según estipula la ley.
El magistrado explicó que la presidenta se ha mantenido en el poder sin una ratificación del pleno, como manda la Constitución, por lo cual llamó al resto de los integrantes del tribunal a hacer un acto de "reflexión" y salvar esta situación. "Lamentablemente se trata del órgano superior del Poder Judicial y mire cómo estamos; ojalá los magistrados reflexionen sobre esta situación. Es la casa de la justicia y no puede ser que se transgreda la Constitución".
Song Encalada fue electa presidenta del TSJ en marzo de 2000, para continuar el periodo del ex magistrado Joaquín González Castro, quien pidió licencia. En agosto de 2001, cuando venció el periodo de González Castro, fue elegida presidenta por tres años, según permite la Constitución local en su artículo 99, que autoriza una sola reelección en el cargo.
Durante los tres años para los que fue electa, el TSJ enfrentó una controversia constitucional con el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, porque éste presentó una reforma para aumentar el número de magistrados del órgano, cambió la forma de operar del Consejo de la Judicatura y le dio más facultades.
En agosto de 2004, cuando Song Encalada debía ser rele- vada, un amparo promovido por un magistrado que sin su consentimiento había sido enviado al Consejo de la Judicatura canceló la sesión del pleno donde se haría el cambio de presidente. Entonces ella siguió en el cargo, no obstante que su periodo constitucional había terminado.
Esta situación se mantuvo aproximadamente un año, hasta que un tribunal colegiado de circuito desechó el amparo.
El viernes 7 de octubre de 2005 Song Encalada citó a una sesión extraordinaria del pleno para el lunes 10 de ese mes, según consta en el oficio 7190/2005. En esa sesión se trataría el tema de la "elección del presidente del TSJ". Sin embargo, horas antes de llevarse a cabo, ella misma giró el oficio 7203/2005 e indicó que la sesión se suspendía.
Para sorpresa de todos los que conocieron esa suspensión, un día después Lizbeth Song apareció en un periódico local anunciando que sus compañeros magistrados habían decidido, durante la supuesta sesión, dejarla en el cargo "por tiempo indefinido" para ocuparse de asuntos "de mayor relevancia" en ese momento.
De acuerdo con Juan Caballero Corral, consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura, en aquel momento algunos magistrados prefirieron callar, "porque observaban a la presidenta cada vez más cerca del gobernador" priísta Félix González Canto.
Caballero Corral aseguró que la permanencia de Song Encalada en la presidencia del TSJ no sólo es por el puesto en sí, sino también una estrategia para evitar que entre en funcionamiento plenamente el Consejo de la Judicatura, órgano creado para ser contralor del Poder Judicial. Actualmente la presidenta del TSJ lo es también del citado consejo, pero además maneja el gasto corriente de este último en forma discrecional.
El consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura se sumó a las críticas por el manejo del Poder Judicial, y coincidió en que Song Encalada se mantiene en el poder fuera del término constitucional además concentra el mando administrativo y económico del TSJ y del consejo.
Según Caballero Corral, la presidenta del tribunal puede, con esas facultades, proteger jueces, archivar denuncias, entregar obras sin licitar y hasta relegirse "indefinidamente" en el cargo.
"Esto ha desprestigiado al Poder Judicial, porque representa una conducta inmoral de nuestros jueces más altos", dijo el consejero.
Song Encalada: hay acuerdo para que permanezca
Al ser consultados sobre la razón de su permanencia en el cargo, la misma Song Encalada y el magistrado Carlos Sosa Huerta dieron versiones diferentes.
Carlos Sosa Huerta dijo que la renovación del mandato de la presidenta se dio en forma "tácita", mientras la presidenta aseguró: "El pleno aprobó que me quede".
La presidenta reconoció que la sesión del 10 de octubre de 2005 donde se debía elegir presidente no se realizó, pero dijo: "Hay un acuerdo de que yo permaneciera en el cargo, en el entendido de que es por tres años". Agregó que su periodo terminaría en 2008.
Carlos Sosa Huerta, por su parte, dijo: "se analizó constitucionalmente cuál era la situación que debía prevalecer, y se consideró que se había prorrogado tácitamente ese nombramiento (...) ella tiene la calidad de presidenta del Tribunal Superior hasta que venza el periodo de tres años".
Sin embargo, Ariel Martínez Carrillo aclaró que "ni uno ni lo otro; ni hay un acuerdo del pleno ni tampoco ha sido ratificada en el cargo (...) el que diga lo contrario está mintiendo. La forma de comprobarlo es que exhiban un acta con las firmas de todos los magistrados. No lo pueden hacer porque el acta no existe".
El magistrado dijo que la Constitución estatal es clara en que un presidente sólo puede estar por un máximo de dos periodos de tres años cada uno, tiempo que ya ha sido rebasado por Lizbeth Song.
"Es una situación irregular y no hay duda de que con la permanencia de ella se está violando la Constitución", aseguró.