Se acusa al ex presidente guatemalteco de malversación de fondos por más de 16 mdd
México concede extradición de Alfonso Portillo
El gobierno mexicano autorizó la extradición del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo con el propósito de que enfrente acusaciones en su país por la supuesta malversación de fondos por más de 16 millones de dólares, equivalentes a cerca de 900 millones de quetzales.
Esta decisión fue aplaudida por el gobierno guatemalteco, cuyo presidente, Oscar Berger, pidió directamente a Vicente Fox que interviniera para lograr la extradición de Portillo.
Cables de agencias noticiosas de aquel país señalan que según el fiscal general, Juan Luis Florido, es importante la decisión del Presidente y la cancillería mexicanos, ya que "se está reconociendo que había un sustento legal importante en la petición de Guatemala, no obstante la opinión de una juez".
Hace dos semanas, la juez federal Verónica Judith Sánchez, titular del juzgado décimo de distrito del Reclusorio Oriente, consideró que no había elementos jurídicos para conceder el envío del alto funcionario guatemalteco. Esto no pesó para que el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez firmara la tarde del lunes pasado la autorización para que Portillo sea extraditado.
Sin embargo, el propio fiscal guatemalteco reconoció que el proceso no podrá hacerse pronto, por los tiempos que marcan las leyes de los dos países.
Refugiado en México desde que dejó su cargo en 2004, Portillo ahora cuenta con 20 días para presentar algún recurso en contra de este procedimiento. La resolución jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue notificada a su defensa legal la noche del lunes, para que manifieste si acepta ser enviado al vecino país del sur o si se opone a su extradición, y entonces iniciar un juicio que podría tardar varios meses en resolverse e inclusive terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El fiscal que se encarga del caso en Guatemala, Carlos Rodríguez, planteó que el trámite de extradición fue solicitado a México luego de que se encontraron indicios de anomalías en las transferencias de unos 15.8 millones de dólares realizadas por Portillo al Ministerio de la Defensa, de los cuales 4.6 fueron a parar al Banco de Crédito Hipotecario Nacional, donde ya no se tuvieron noticias de su destino. En este hecho están vinculados cinco militares y el ex presidente de esta institución, José Armando Llort Quiteño.
En respuesta a estas acusaciones, el abogado Marcos Castillejos, defensor de Portillo, informó que en los próximos días presentará la demanda de garantías, a fin de que "el Poder Judicial federal vuelva a darnos la razón en que no hay elementos jurídicos para la extradición".
El litigante aseguró que su cliente no puede ser extraditado fast track pues cuenta con una suspensión definitiva que lo impide, además de que "la ley mexicana es muy clara y nos otorga la posibilidad de volver a recurrir al amparo". Asimismo, agregó que el ex presidente guatemalteco no piensa abandonar territorio mexicano, donde permanecerá hasta el final del juicio.