Priístas, líderes políticos, empresarios y ''gente bien'' marchan en apoyo a Ulises Ruiz

Si se cumplen órdenes de aprehensión se aviva el conflicto, advierte la APPO

El acta de defunción del enfermero confirma que murió por una granada de gas lacrimógeno

ENRIQUE MENDEZ, GUSTAVO CASTILLO; OCTAVIO VELEZ ENVIADOS Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 31 de octubre. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ratificó que el diálogo con la Secretaría de Gobernación pasa por el cumplimiento de sus demandas, principalmente la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP), y advirtió que si las fuerzas federales cumplen las órdenes de aprehensión contra los dirigentes ello avivará el conflicto.

"Si se cumplen las detenciones ya no garantizaríamos la seguridad de los poli-cías", sostuvo Flavio Sosa Villavivencio, integrante de la dirección colectiva de la Asamblea Popular. En conferencia de prensa en Santo Domingo, también mostró el acta de defunción del enfermero del IMSS Jorge Alberto López, donde se confirma que murió por el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por la PFP, y exclamó: "¡Aquí está su saldo blanco, señor Vicente Fox y señor Rubén Aguilar!"

Este mediodía, priístas, policías, dirigentes políticos, empresarios, legisladores y ex diputados del tricolor organizaron una marcha en "apoyo" a Ulises Ruiz, en la que se reveló el sentimiento de odio "a esos mugrosos que no se bañan".

Inclusive, mientras la caminata llegaba al parque de El Llano, el diputado local del PRI Jesús Madrid Jiménez le arrebató una cartulina a una mujer y la golpeó, pero fue rescatado por policías. El corte de la movilización a favor del gobernador lo definió no sólo el hecho de que en ella participó el dirigente campesino Elpidio Concha Arellano, quien organizó la "recuperación" de edificios públicos el viernes, que derivó a su vez en dos balaceras, sino que personal de comunicación del gobierno del estado envió a algunos medios imágenes del acto, tomadas por el fotógrafo oficial del gobernador, que se llama Carlos Salinas.

La denominada "caminata por la paz" convocó para este miércoles a ciudadanos a una nueva concentración para "limpiar" las calles y muros de la ciudad, y el PRI ofrecerá, simultáneamente, una conferencia de prensa donde informará de las acciones que asumirá para defender a su gobernador. La dirigencia estatal le ha sugerido a Ulises Ruiz "mostrar el músculo" del partido.

Por otra parte, el visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Cruz, informó que los dos módulos de ese organismo instalados en la ciudad han recibido por lo menos 50 quejas de la ciudadanía en contra de la PFP, por violaciones a derechos humanos cometidas durante los dos primeros días del operativo.

Explicó que las querellas acogidas por el equipo de la CNDH, encabezado por el cuarto visitador, José Ramón Morales Díaz, son por diferentes abusos, especialmente detenciones arbitrarias, maltrato y lesiones. De hecho, explicaron fuentes cercanas al gobernador, la administración de Ulises Ruiz ya cuestiona la eficacia de la operación policiaca, porque su efectividad se concentra exclusivamente en el zócalo capitalino, y sobre todo porque la ocupación no ha garantizado la reapertura de comercios y bancos en el centro histórico.

Si bien hoy se relajó la vigilancia, lo que permitió el acceso de ciudadanos a la plaza, a partir de las 7 de la noche se estableció una especie de toque de queda, el zócalo volvió a ser sellado por la PFP y se impidió todo acceso. A lo largo del día, también, continuaron los rumores sobre un presunto avance hacia Ciudad Universitaria para acallar a Radio Universidad, pero las emisiones no se interrumpieron.

Asimismo, y ante el debate que se generó ayer en el Congreso de la Unión para exigir la renuncia del gobernador, y después de que la víspera se le demandó pedir licencia, Ruiz Ortiz insistió en que no renunciará ni solicitará licencia porque "no cederá ante el chantaje político de una minoría que no representa la voluntad de los oaxaqueños", y porque fue "electo bajo los estándares democráticos (sic) establecidos por las instituciones electorales del estado".

En un boletín, la Dirección de Comunicación Social insistió en que el mandato del gobernador es por seis años, por lo que Ruiz Ortiz concluirá su administración hasta 2010.

Inclusive, se dio espacio para "invitar" al Poder Legislativo a ser más prudente en sus exhortos, porque "únicamente enrarecen el ambiente político tanto del estado como del país y entorpecen la pronta solución del conflicto. Ninguna de las instancias que presionan al gobernador para que se separe del cargo tiene argumentos legales al respecto. Se trata únicamente de apreciaciones partidistas y de una lucha política que está desconociendo el proceso electoral que se llevó a cabo en Oaxaca y que otorgó la gubernatura a Ulises Ruiz Ortiz", señaló. Y subrayó que la renuncia del mandatario estatal "no es una condición necesaria ni suficiente" para resolver el conflicto político social.

La movilización priísta "por la paz" coincidió con las exequias del enfermero del IMSS Jorge Alberto López Bernal, quien fue asesinado el domingo en la barricada de Canal 9, cuando un policía federal preventivo le disparó en el pecho una granada de gas lacrimógeno. Sus funerales se realizaron en Soledad Etla, de donde era originario.

El visitador de la CNDH resaltó que el ombudsman constató que López Bernal falleció "por el disparo" de una bomba de gas lanzada por agentes de las fuerzas federales. "Fuimos a ver el cadáver, se dio fe, se tomaron fotografías y se verificó que murió por el petardo", remarcó José Luis Cruz.

Mencionó que la CNDH indaga la identidad de los familiares de las otras dos personas reportadas fallecidas durante la resistencia ofrecida por el pueblo al ingreso de las fuerzas federales, entre ellas Roberto López Hernández, muerto en la barricada de Brenamiel, y un menor de 12 años aún no identificado.

Cruz dijo no tener información sobre el supuesto traslado de presos del penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, La Palma, de Almoloya de Juárez, estado de México.

"Lo que sabemos es que están en Miahuatlán y en (el penal femenil de) Tlacolula de Matamoros", señaló.

El sentimiento de ira y frustración por los asesinatos se reflejó en una pequeña pero airada manifestación que realizaron profesoras en El Llano al paso de la movilización pro Ulises Ruiz. "¡Asesinos, avanzándole, asesinos!", les espetó una maestra y la furia de la alta burocracia priísta quiso arrebatarle una cartulina donde exigía la salida de Ruiz Ortiz.

Fue además una marcha que, sin pudor, copió las consignas de la APPO y las ajustó a conveniencia; le quitó el nombre de Ruiz Ortiz y agregó en su lugar las siglas del movimiento. Por ejemplo, gritaron: "¡si Juárez viviera, a la APPO le escupiera!", y "¡lo quiera o no lo quiera, la APPO va pa' fuera!"

No sólo contó con el respaldo logístico del gobierno del estado, también configuró la reaparición de la clase bien de Oaxaca en las calles. Quién va, por ejemplo, a una marcha con tacones de diez centímetros. Ya una vez en El Llano, el sentimiento que tanto explotó el PAN en su campaña presidencial se resumió en la primera intervención de una señora al pie de la estatua de Benito Juárez: "¡nosotros sí nos bañamos, ellos, los de la APPO, no!"

"Victoria caricaturesca": EPR

Mientras, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) fijó hoy su posición respecto del operativo de la PFP y aseguró que la toma del zócalo por la "soldadesca gris" fue una "victoria caricaturesca"; advirtió que "si piensan que con esto van detener al movimiento popular se van a equivocar nuevamente. No podrán detener este descontento social que se viene generalizando y acrecentando en el estado y en el país" y resaltó que inevitablemente "confluiremos todos en la lucha revolucionaria".

En ese sentido, el EPR evaluó que la incursión policiaca federal no significó derrota alguna para el movimiento popular oaxaqueño que, por el contrario, "fortaleció las convicciones y los deseos de continuar en la lucha".

La incursión "únicamente ha sumado el repudio y la organización de sectores de nuestro pueblo que se mantenían al margen y que hoy se incorporan a la lucha", señaló.

En un comunicado, la comandancia militar de zona del grupo armado, sostuvo que tanto el presidente Vicente Fox, como Felipe Calderón como el "gran estratega" Eduardo Medina Mora, ex director del Cisen y actual secretario de Seguridad Pública Federal, y el ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, el PRI y el PAN, se equivocaron al pretender doblegar al movimiento magisterial y popular con "el terror y la guerra".

Asimismo, trascendió que los cinco policías preventivos que fueron retenidos por simpatizantes de la APPO, durante su repliegue desordenado en el puente Valerio Trujano por la resistencia popular, aún no han sido dejados en libertad y permanecen en lugares desconocidos.

Al cierre de esta edición, también se conoció que la PFP detuvo ilegalmente al reportero Gildardo Mota, del diario La Opinión, quien permanece en la base aérea de El Tequio.

Mientras tanto, el coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, el presbítero Romualdo Wilfrido Francisco Mayrén Peláez, lamentó la intervención de la PFP, porque "un conflicto político y social como éste debió haber tenido una salida política". y resaltó que el movimiento popular "no se acabará hasta en tanto no se resuelvan de fondo las causas que dieron su origen".