Usted está aquí: martes 31 de octubre de 2006 Sociedad y Justicia La comparecencia de Romero devino en defensa de los hermanos Bribiesca

Los hijos de Marta Sahagún, sin relación con Construcciones Prácticas, insiste

La comparecencia de Romero devino en defensa de los hermanos Bribiesca

Califica de "presunciones, conjeturas y especulaciones" los señalamientos de diputados

Con Fox se ha sancionado a 27 mil servidores públicos, explica en la glosa del Informe

CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO

Ampliar la imagen Romero Ramos Foto: José Antonio López

Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública, defendió a los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, al insistir en que no tienen vínculos con la empresa Construcciones Prácticas.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, el funcionario refutó también los cuestionamientos sobre supuestos favores que recibieron los Bribiesca Sahagún del gobierno federal.

"Yo nunca he conocido elementos probatorios concretos que acrediten que los señores Bribiesca eran socios de esa empresa, Construcciones Prácticas. Sí he escuchado muchas presunciones, conjeturas y especulaciones, pero nunca he visto una prueba concreta", señaló.

A pesar de las pruebas y documentos que acreditan la relación de Manuel y Jorge Bribiesca con dicha empresa, el funcionario mantuvo la defensa de los hijos de Sahagún Jiménez. "Las auditorías no revelan conexión alguna entre los señores Bribiesca y Construcciones Prácticas", insistió.

Sanciones a funcionarios

En una comparecencia que duró apenas dos horas, el secretario de la Función Pública informó que en el presente sexenio la dependencia a su cargo ha sancionado a más de 27 mil servidores públicos y ha aplicado multas por 15 mil 293 millones de pesos. La divisa del funcionario fue siempre el éxito en el combate a la corrupción y el impulso de la transparencia durante la administración foxista.

Sobre este último tema, insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe de la ley federal de justicia administrativa, que permitiría la creación de tribunales especializados para vigilar la conducta de los servidores públicos.

 
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