Múltiples reclamos por la opción de fuerza para Oaxaca
ONG pro garantías están en alerta permanente
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos condenó la violencia cometida este viernes en Oaxaca "por policías y grupos parapoliciacos operados desde el gobierno estatal", y advirtieron que si se ejecuta un operativo de fuerzas federales, éste debe garantizar la seguridad de las personas y sus derechos, así como evitar cualquier acción represiva contra la población, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del sindicato magisterial.
Aseguró que el gobierno federal y el Senado tienen que asumir su responsabilidad por la actuación de las fuerzas federales y la protección que le han brindado al gobernador Ulises Ruiz, así como "a instituciones anacrónicas que no responden a las necesidades y reclamos reales de los ciudadanos".
Las 55 organizaciones de la red, con presencia en 20 estados, indicaron que los pasos para alcanzar la solución en Oaxaca es la separación del cargo del gobernador y "el combate decidido a la impunidad". Para ello, agregaron, "es necesaria la investigación (garantizada por el gobierno federal) y castigo de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Ruiz, funcionarios públicos, policías locales y grupos parapoliciales".
El organismo insistió en que una solución real en Oaxaca requiere la transformación profunda de las instituciones del estado y que en dicho proceso se garantice que la participación ciudadana, especialmente de los pueblos indígenas, sea decisiva. Exhortó a las partes en conflicto a conducirse por la vía del diálogo, la atención a las demandas sociales y el respeto a los derechos humanos, lo cual, consideró, "lamentablemente no ha sucedido".
Destacó que el anuncio del operativo que ordenó el presidente Vicente Fox rememora los hechos de San Salvador Atenco, "donde la actuación de las fuerzas estatales y federales se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos". Apuntó que en anteriores operativos el discurso federal adujo "el restablecimiento del orden", pero la práctica "ha sido la violencia contra la población y de preservación de las condiciones que originaron los conflictos".
"Respuesta inmediata"
Ante la orden de movilización de fuerzas a Oaxaca, el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina afirmó que diversas ONG se encuentran en "estado de alerta permanente, de grave preocupación y de respuesta inmediata" ante cualquier signo de represión.
El director del organismo en México -que en los años 80 integró el obispo Sergio Méndez Arceo para apoyar a refugiados latinoamericanos y que, a su muerte, el obispo Samuel Ruiz retomó-, Martín Hernández, afirmó que junto con otras ONG estarían en disponibilidad de ir a Oaxaca a desplegar acciones similares a las emprendidas tras el levantamiento zapatista en 1994, con caravanas y cinturones de paz, en respuesta a la represión federal y para evitar muertes de personas.
Afirmó que el envío de fuerzas federales muestra la falta de voluntad política de los gobiernos federal y local para una salida negociada, pero sobre todo es, agregó, "indignante" que asuman la violencia como único recurso de solución.
"Nos demuestra que éstos no están preparados para responder a las demandas populares"; pero sobre todo, señaló, la "falta de imaginación y de propuestas" de gobernantes que actúan cada vez más al estilo de las dictaduras latinoamericanas "que ante cualquier reclamo social tenían como respuesta la fuerza".
Consideró que la salida de Ulises Ruiz beneficiaría a Oaxaca y a la nación. "Es un personaje que se ha mantenido en crisis permanente", por lo que el Senado tiene que reconsiderar la decisión de sostenerlo al frente del estado, apuntó.
Mientras, las organizaciones civiles, los centros de derechos humanos y autoridades agrarias participantes en la reunión nacional para el seguimiento y evaluación de las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas demandaron la renuncia inmediata de Ulises Ruiz.
Lo responsabilizaron "directamente" de los asesinatos y hechos de violencia; reprocharon al gobierno foxista su omisión en ejercer sus atribuciones y su cerrazón a reconocer que "es un conflicto social y político que va más allá de una demanda local y laboral", y censuraron al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, porque por "su tibieza y doble discurso" ha prolongado la solución con propuestas "poco viables, confusas y no consensuadas".
Anoche se informó que un comité estudiantil de la Universidad Autónoma de Puebla partió a la capital oaxaqueña para apoyar a la APPO. De igual forma, organizaciones sindicales y ONG poblanas se manifestaron en la capital del estado contra la violencia social y el envío de fuerzas federales.
Con información del corresponsal Ernesto Aroche