Emite juez orden de arresto por el caso de secuestro permanente de 36 personas
Imputa la justicia chilena a Pinochet su responsabilidad en muertes y desapariciones
Santiago, 27 de octubre. La justicia chilena inculpó hoy a Augusto Pinochet por su responsabilidad en muertes y desapariciones y emitió una orden de arresto en su contra, en relación con 36 secuestros permanentes (desapariciones), un asesinato y 23 casos de torturas en delitos cometidos en el centro de detención militar de Villa Grimaldi.
La medida fue adoptada por el juez Alejandro Solís al rechazar sobreseer estos casos ocurridos en ese centro de torturas y desapariciones citado, que operó la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) bajo su mandato en las décadas de 1970 y 1980, durante la pasada dictadura militar.
El juez dijo que por ahora no dará detalles pero que el lunes hará la notificación al inculpado, que el 25 de noviembre cumplirá 91 años y quedaría en arresto domiciliario. No obstante, el magistrado adoptó la resolución nueve días después del interrogatorio a que lo sometió en su casa en su calidad de superior jerárquico de la Dina.
Esta es la primera vez que Pinochet es procesado por delitos de tortura, y en el caso de Villa Grimaldi se trata de la misma prisión en que estuvo detenida la entonces estudiante Michelle Bachelet y su madre. Una prisión en la que estuvieron más de 4 mil 500 presos políticos, de los cuales unos 250 fueron asesinados o desaparecidos.
En este caso Pinochet, que perdió su fuero, corre el riesgo de ser sentenciado por primera vez y sin absolución. El magistrado ha desechado que su falta de lucidez mental le impide afrontar un juicio.
En tanto, el juez Juan González anunció que seguirá adelante con la investigación de los lingotes de oro que tendría Pinochet en un banco de Hong Kong, a pesar del comunicado entregado por el banco HSBC, que asegura que son falsos los documentos que lo vinculan con el depósito valuado en entre 160 y 170 millones de dólares.
El juez entiende que el banco es parte interesada en el asunto, lo que resta méritos a sus afirmaciones. A su vez, el gobierno dijo que esperará un pronunciamiento de la justicia, mientras la familia Pinochet afirmó que procederá legalmente contra quienes difundieron informes falsos sobre este caso.