Denuncian en Washington graves violaciones a derechos humanos

ONG llevan a la CIDH queja por el caso Oaxaca

Amenazas, ataques y homicidios, saldo de 153 días de conflicto, dicen

VICTOR BALLINAS

Organizaciones civiles mexicanas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación que priva en Oaxaca, donde, luego de 153 días de conflicto y plantón, se han cometido violaciones a las garantías individuales de los manifestantes, que van desde hostigamiento, amenazas, detenciones ilegales, fabricación de delitos y ataques a medios de comunicación, hasta asesinatos.

Al iniciar los trabajos del 126 periodo de sesiones regulares de la CIDH, en Washington, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expusieron ante esa organización sus preocupaciones por los crecientes actos intimidatorios, ataques y asesinatos en contra de los integrantes del plantón magisterial y de organizaciones civiles integradas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en los 153 días de conflicto han enfrentado desalojo, detenciones de líderes y destrucción de medios de comunicación en manos del movimiento, entre otras.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que luego de exponer la situación en esa entidad, en la que demandaron la pronta y urgente llegada de una misión de trabajo de la CIDH, ésta les respondió que realizará una visita in loco, a principios de 2007, a esa entidad.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) emitió una declaración urgente para Oaxaca, en la que manifiesta su preocupación por la intensificación del clima de violencia los últimos días, en los que dos simpatizantes de la APPO fueron asesinados por los disparos de hombres armados, y otras personas han resultado heridas.

Amnistía señala su preocupación porque otros ciudadanos puedan sufrir ataques similares de hombres no identificados y comunica que las negociaciones entre autoridades federales, manifestantes y gobierno local no han traído una solución política a las movilizaciones.

Refiere además que el 15 de octubre pasado el Senado se negó ''a forzar la dimisión del gobernador Ulises Ruiz, al rechazar la petición de los inconformes de que se disolvieran los poderes del estado de Oaxaca''.

AI reitera su preocupación ante la posibilidad de que la Policía Federal Preventiva (PFP) y la estatal traten de poner fin a las manifestaciones haciendo uso de fuerza excesiva contra quienes siguen manteniendo el control en la zona central del estado.

Esta organización internacional de defensa de los derechos humanos demanda a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la presunta tortura al estudiante Pedro García García; de igual forma, sobre el asesinato de Alejandro Gracia Hernández, las heridas a otros simpatizantes de la APPO y el homicidio del maestro Pánfilo Hernández.

También solicita una indagatoria sobre los vínculos entre los hombres armados no identificados, responsables de estos y otros delitos, y las autoridades del estado; también que los resultados de esa investigación se hagan públicos.

Por otra parte, en la sesión de la CIDH, las organizaciones civiles denunciaron un cúmulo de violaciones que se han cometido contra manifestantes del magisterio y de la APPO, así como contra ciudadanos que apoyan esa lucha. ''Son múltiples la forma de intimidación y ataques: asesinatos, fabricación de delitos, órdenes de aprehensión, vigilancia y seguimiento de personas, familias; vigilancoa extrema a viviendas y vehículos; tomas de video y fotografías; ataques a medios de comunicación, balaceras, amenazas de muerte, advertencias telefónicas, difamación, utilización de una página web para desprestigiar e incitar ataques contra la dirigencia del movimiento y otras personas, así como rumores de ataques violentos, todo ello con el objetivo de impedir la participación ciudadana.

Dichas organizaciones denuncian que el operativo policiaco del 14 de junio pasado -desalojo del plantón magisterial- muestra un excesivo uso de la fuerza que puso en riego la integridad y la vida de las personas que se encontraban en la protesta: niñas y niños, mujeres y adultos; a la fecha han muerto 11 en el contexto de esa movilización en los últimos tres meses; ocho de ellos están ligados a la APPO, uno a un ayuntamiento popular y uno más del consejo central de lucha de la sección 22 y un accidentado en una barricada. A la fecha, las investigaciones no avanzan.

Las familias de las víctimas, aseveraron la organizaciones civiles en Washington, se encuentran temerosas ante la intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca, debido a que funcionarios y policías ministeriales han participado en los ataques, ''lo que vuelve a la procuraduría juez y parte impidiendo una investigación pronta e imparcial''.

Asimismo, la Red Todos los Derechos para Todos, el Cejil y la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos denunciaron que la actuación de los cuerpos policiacos ha sido irregular: ''Acuden vestidos de civil, sin portar identificaciones, usando automóviles particulares y taxis, la mayoría sin placas, y haciendo uso de violencia indiscriminada'', dijeron.

Por lo que hace a la situación de diez personas detenidas, en ocho casos se han documentado tortura física y sicológica, y también han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes; fueron detenciones ilegales y arbitrarias; hubo violaciones al debido proceso. ''En la actual situación que enfrenta el estado de Oaxaca no existen garantías reales para presumir que sus procesos serán oídos y resueltos expeditamente por jueces independientes, concluyeron.