Documenta que la corporación hizo el desalojo de la siderúrgica sin mandato judicial
La PFP planeó, coordinó y dirigió el operativo de abril en Sicartsa: CNDH
Envía el ombudsman recomendación al titular de la SSP federal y a Cárdenas Batel
El operativo de desalojo violento del 20 de abril pasado contra los mineros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartasa), en Michoacán, "fue planeado, coordinado y dirigido" por la Policía Federal Preventiva (PFP) -cuyos miembros "portaban armas de fuego e incluso las accionaron"-, apoyada por la tercera brigada de la Policía Militar -elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en San Miguel de los Jagüeyes, estado de México-, sostiene el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
En la irrupción policiaco-militar a la siderúrgica, que dejó saldo de dos muertos y 54 heridos -21 de ellos por arma de fuego-, también participaron miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y de la policía Ministerial, pero la ejecutaron los mandos de la PFP, asegura el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, en la recomendación 37/2006.
La investigación de la CNDH reveló que fue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la que "solicitó -el 18 de abril de este año- a Gobernación 'valorar' el requerimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a través de la PFP, procediera a restablecer el orden y el estado de derecho en las inmediaciones de la siderúrgica".
Después de valorar la petición, apunta la CNDH, la Secretaría de Gobernación "respondió el oficio de la STPS -ese mismo día- con el argumento de que se advierten los graves daños que eventualmente sufriría la población y el medio ambiente en Lázaro Cárdenas si se dejaba de dar mantenimiento a las instalaciones de la empresa, y comunica la autorización".
Horas más tarde, el estado mayor de la PFP envió oficio al coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, en el cual indica que, "por acuerdo del titular de la SSP federal, y por instrucciones del comisionado, es necesario que el 19 de abril se trasladen tres compañías vía terrestre, equipadas con equipo antimotines y armamento necesario, de la Ciudad de México a Lázaro Cárdenas", continúa la CNDH.
Apunta que el mismo día 18 de abril el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP dirigió "oficio al comandante de la tercera brigada de la Policía Militar en San Miguel de los Jagüeyes, en el que le informa que, por instrucciones del estado mayor de la PFP, se llevaría a cabo operativo para restablecer el orden y la paz en Lázaro Cárdenas".
La investigación que llevó a cabo la CNDH destaca que el estado mayor de la PFP envió otro oficio al coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, en el cual le da a conocer que el "Plan de Acción Lázaro Cárdenas 2006 se iniciará a las dos de la madrugada y se llevará a cabo hasta que permanezcan libres vías de comunicación en diferentes empresas siderúrgicas".
Da cuenta además de que los elementos que tomaron parte en dicho operativo fueron 450 de la PFP, 172 de la policía ministerial de la PGJE, 299 de la preventiva y 30 del grupo motorizado Lince, de Michoacán. Asimismo, dos helicópteros de la PFP realizaron vuelos del aeropuerto de Zihuatanejo, Guerrero, a Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La CNDH asevera que de las pruebas recabadas se constató que "no hubo mandato judicial para llevar a cabo el desalojo y que, a pesar de que había cuatro denuncias penales contra dirigentes mineros de la sección 271, tampoco se giraron órdenes de aprehensión para detenerlos; sin embargo, uno de los objetivos del operativo era su detención".
Soberanes Fernández dirigió la recomendación 37/2006 al titular de la SSP federal, Eduardo Medina Mora, y al gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, por los hechos de violencia en que perdieron la vida dos personas y 54 más resultaron lesionadas.
Asevera que se constató que las policías federal y estatales portaron armas y las accionaron, además que ninguna de las corporaciones actuó con apego a la ley, sino que se hizo excesivo uso de la fuerza.
Al titular de la SSP le recomendó la CNDH que se investigue a cuatro funcionarios de la PFP: el comisionado, el jefe del estado mayor, el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo y el jefe de la sección tercera del estado mayor; asimismo, a dos de la tercera brigada de la Policía Militar de la Sedena: el comandante y el jefe del estado mayor, "quienes planearon, coordinaron y ejecutaron el operativo del 20 de abril, en el que hubo excesivo uso de la fuerza y armas de fuego".
Soberanes Fernández solicita a Cárdenas Batel que "se determine conforme a derecho los procedimientos que radicó en contra de los presuntos responsables de los homicidios de Héctor Alvarez Gómez y Mario Alberto Castillo Rodríguez, y que se determinen los demás procedimientos instaurados en contra de los servidores públicos involucrados".
También le pide que radique procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del entonces secretario de Seguridad Pública estatal por su "irregular actuación" en esos hechos, "así como de aquellos otros servidores públicos que hicieron un uso indebido de la fuerza y de las armas de fuego que probablemente privaron de la vida a dos agraviados y lesionaron a 54 más".
A Medina Mora le solicita adicionalmente que se finquen responsabilidades contra el personal de mando que entorpeció las labores de la CNDH, ya que proporcionó información falsa para que no se conocieran los hechos.