Censuran diputados el desdén de Fox; sí hubo una política al respecto: Bermúdez
Tomaron posesión los integrantes de la Comisión de Cultura en la Cámara
Entre discursos críticos contra la administración foxista, ayer tomó posesión la nueva Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, correspondiente a la 60 legislatura, en San Lázaro
Además de censurarse la falta de interés mostrado durante este sexenio por la cultura y el arte, se destacó la inexistencia de una política cultural de Estado, acusación en la que coincidieron la diputada priísta María Beatriz Pagés-Llergo Rebollar y el perredista José Alfonso Suárez del Real.
Entrevistada al final del acto, al que asistieron funcionarios, intelectuales, artistas y trabajadores del sector, la titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez, respondió a ese señalamiento: ''Pueden hablar de políticas de Estado buenas o malas, pero no de que no existan; eso es desconocimiento".
También entrevistado, el nuevo presidente de esa comisión, el perredista Emilio Ulloa, rechazó que encabezarla sea ''un premio de consolación" para su fracción y, entre otros aspectos, afirmó que incrementar el presupuesto destinado a cultura será prioridad en el trabajo.
Informó que ha sostenido ya pláticas con el diputado César Camacho en torno de su iniciativa de reformas a los artículos 73 y 124 constitucionales, aprobados por el Senado y que han causado mucho malestar entre la comunidad cultural.
Adelantó que el legislador ha mostrado disposición para que su iniciativa sea revisada y, en su caso, modificada en lo referente a patrimonio y derechos de autor.
Enigmas de la burocracia
Durante la ceremonia, la diputada María del Carmen Salvatori fue la primera en poner el dedo en la llaga en materia cultural contra la administración foxista.
El gobierno federal, dijo, ''ha permanecido, lamentablemente, alejado de los grupos de intelectuales mexicanos (...) Queda para la historia, tristemente en su errática confusión en el nombre del reconocido escritor Jorge Luis Borges, para sólo dar una muestra de su desapego a la cultura".
En ese tenor fue seguida por Pagés-Llergo Rebollar, quien aseguró que ante la falta de una política cultural de Estado, se requiere ''poner las bases para fortalecer el desarrollo cultural regional, estatal y municipal, para que el Estado proteja y aliente a los creadores, para que la cultura, como se ha promovido, sea un derecho constitucional", y que entre otros aspectos permita ''consolidar la industria editorial y abandonar la vergüenza de ser uno de los países con menos lectores".
El discurso más punzante fue el de Suárez del Real, quien subrayó cómo el actual gobierno federal ''se negó a concluir su ambicioso Programa Nacional de Cultura, como producto de circunstancias propias de los enigmas de la burocracia".
Criticó que, ''cada año, la propuesta presupuestal que recibió esta Cámara, en materia de cultura, era deficitaria y por ello se puede calificar de irresponsable".
Y puntualizó cómo ''las actividades de este sexenio también se vieron inmersas en acciones generadoras de dudas, malestares, controversias colectivas y francos rechazos gremiales y sociales". Entre otras, mencionó la polémica propuesta de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, la entrega al clero del antiguo oratorio de San Felipe Neri y el enigma que encierra el costo de la megabilioteca Vasconcelos.
Entrevistada, Bermúdez se dijo respetuosa de las críticas -''por supuesto, es el PRD, siempre nos van a criticar"- y aseguró que quien niega la existencia de una política cultural de Estado ''no entiende lo que es el trabajo cultural en este país".