Ocho meses después del accidente no ha mejorado la situación de los trabajadores

Deudos de los mineros de Pasta de Conchos exigen justicia en el Congreso

No es capricho, queremos encontrar a los responsables, señalan a diputados

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

A ocho meses de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos todavía no hay un deslinde de responsabilidades ni se han cumplido los compromisos asumidos por el gobierno federal, denunció en la Cámara de Diputados un grupo de mineros y familiares de trabajadores muertos, quienes manifestaron su disposición de entablar un diálogo con la Secretaría de Trabajo "para saber qué está haciendo o qué va a hacer la dependencia, qué podemos hacer en equipo para llegar al fondo de todo esto y encontrar a los responsables para determinar realmente lo que pasó y de esa manera poder cambiar la situación en nuestra región".

Maribel Rico Montelongo señaló en conferencia de prensa que, como una de las afectadas directas del accidente, en el que falleció su hermano, exige que el mismo no quede impune. "Sabemos que ese dolor es incomparable, es un dolor de sangre. Nosotros, a petición de todos los familiares, solicitamos que nuestro caso no quede impune, olvidado. Queremos que una comisión de diputados se forme lo antes posible; en la pasada legislatura se integró y solamente una vez vimos por ahí a los legisladores; no se llegó a nada".

Destacó que esta petición no tiene que ver con un capricho: "nuestros familiares ya han quedado ahí, pero es una región carbonífera, el carbón es un recurso natural que sigue siendo útil para todos, se tiene que seguir explotando y los trabajos tienen que continuar. Nosotros lo que queremos es seguridad para los trabajadores, mejores salarios para ellos, precisamente por eso estamos aquí. Para nosotros ya se acabó; quizá con esto que sucedió vamos a tratar de que nuestros hijos busquen otro empleo, pero no todos pensamos lo mismo. Si no hay empleos tienes que trabajar como lo hacían nuestros familiares, que era el trabajo que existía y para llevar el pan de cada día tenían que arriesgar su vida", insistió Maribel Rico Montelongo.

A su vez, el diputado priísta, Yerico Abramo Masso, enfatizó que la demanda de los mineros y familiares afectados no es que las empresas carboníferas quiebren, pues Coahuila genera casi 70 por ciento del carbón que se extrae en el país, y los coahuilenses van a seguir viviendo del mineral, pero es preciso que lo hagan en mejores condiciones laborales, con una ley que les permita ejercer con seguridad su trabajo.

Consideró que todas las minas deberán ser sujetas de investigaciones y evaluaciones mensuales por parte de la Secretaría del Trabajo, "por cierto, en siete meses no tuvimos delegado del trabajo en Coahuila y el argumento es que no hay presupuesto para pagarle", lo que es falso, aseguró, "ya que en el presupuesto 2006 que autorizó la 59 Legislatura, ahí viene muy claro el pago a delegados de la Federación en las 32 entidades del país. Sí hay presupuesto".

Abramo Masso destacó que a pesar de la disposición al diálogo que manifiestan los afectados por la tragedia, es imprescindible que se concluya la investigación para determinar quiénes son los responsables. "Aquí, el gobernador Humberto Moreira lo ha dicho desde el principio: que vaya a la cárcel el que tenga que ir, después de que se terminen las investigaciones y aquí no defenderemos a nadie. Nosotros no venimos a defender a nadie, lo único que tenemos es ganas de saber la verdad, no nos impulsa nada más", insistió.