Aprueban 135 legisladores integrar organismo especial
Comisión de diputados investigará a ISOSA
Ante el vacío de la bancada panista y gran parte de legisladores priístas, 135 diputados perredistas, petistas, de Convergencia y uno del tricolor avalaron la integración de una comisión especial que investigue a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA), señalada de proveer de recursos incuantificables a Francisco Gil Díaz, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El legislador perredista Pablo Trejo Pérez consiguió la firma de los 135 diputados, que dieron el visto bueno al punto de acuerdo en el que se establece que el artículo 93 de la Constitución otorga la atribución al Congreso de conformar una comisión investigadora "que indague a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria", en este caso "en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago de derecho de trámite aduanero".
El órgano legislativo, que entrará en vigor automáticamente al presentarse las 135 firmas a favor, "pues se requerían 125 más una, abundará en la participación de altos funcionarios públicos en los dudosos manejos que se concretaron en la citada integradora de servicios".
El tema de fondo radica en que, en 1993, la SHCP decidió que el manejo de los sistemas relacionados con la recaudación del derecho del trámite aduanero sería realizado por medio de empresas privadas. De tal forma, dicha dependencia licitó el servicio y se lo adjudicó a la empresa privada Integradora de Servicios SA.
No obstante, con el tiempo fueron detectadas irregularidades por la propia SHCP en la citada empresa, por lo cual le rescindió el contrato, y constituyó a la par el fideicomiso 954-8, denominado Aduanas 1, con una aportación inicial, instruida por el entonces subsecretario de ingresos, Francisco Gil Díaz, de 200 millones 500 mil pesos.
Posteriormente Hacienda constituyó la empresa ISOSA, destinada a labores de procesamiento electrónico de datos y
de despacho aduanero de la SHCP en el Servicio de Administración Tributaria, así como otros trabajos para empresas del sector público.
Pero entre 2001 y 2002 la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de la Cámara de Diputados, encontró diversas irregularidades relativas al Fideicomiso Aduanas 1, como las siguientes:
No se entregaron a la Tesorería de la Federación la totalidad de ingresos correspondientes a la recaudación del derecho de trámite aduanero previsto en la Ley Federal de Derechos. Asimismo, los ingresos obtenidos para recaudación del derecho de trámite aduanero fueron depositados en el Fideicomiso Aduanas 1.
En 2001 el monto no entregado a la Tesorería de la Federación por concepto de trámite de derecho aduanero fue de 2 mil 250 millones de pesos.
Tampoco fueron entregados los recursos correspondientes a 2 mil 295 pedimentos de exportación.
En el ejercicio fiscal de 2002 se observaron irregularidades por 2 mil millones de pesos en los ingresos que se recaudan por el derecho de trámite aduanero -que se cobra a importadores y exportadores-, los cuales no se reportaron adecuadamente a la Tesorería de la Federación.
También en la cuenta pública de 2003 se observaron irregularidades por 2 mil 586 millones de pesos, y en la cuenta pública 2004, por 836 millones.
La ASF, a cargo de Arturo González de Aragón, señaló a la SHCP como responsable del quebranto que suma 9 mil 985 millones de pesos, que se depositaron en Nacional Financiera, dentro del fideicomiso privado Aduanas 1.