Se analizan los expedientes de cuatro aspirantes
Aún no se define si llegará un civil o un militar a la PGR
El equipo de transición de Felipe Calderón baraja cuatro nombres para encabezar la Procuraduría General de la República (PGR): el litigante Julio Esponda, el ex senador panista Francisco Molina Ruiz, José Luis Reyes (ex abogado de Vicente Fox Quesada) y el del general Jaime López Portillo, procurador de Justicia Militar.
Fuentes oficiales indicaron que aun cuando se ha vislumbrado la posibilidad de que José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pudiera ser designado en lugar de Daniel Cabeza de Vaca Hernández, sus baterías están dirigidas a ser miembro del Poder Judicial de la Federación, en el cual aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Presuntamente Santiago Vasconcelos impulsaría la creación de jueces y tribunales especiales contra el crimen organizado, cuestiones a las que ha estado dedicado los pasados diez años.
Según las fuentes consultadas, el próximo titular de la PGR no está definido, toda vez que cada uno de los expedientes personales están siendo analizados. En el caso de Julio Esponda se ha tomado en consideración que ha participado como abogado de varios personajes cuyos casos han provocado diversas reacciones.
Entre sus clientes figura Jorge Lankenau, presidente del Grupo Abaco, quien fue acusado en 1997 por la PGR de defraudar con más de 175 millones de dólares a inversionistas; otros de sus defendidos han sido Carlos Cabal Peniche, ex presidente del Banco Unión, quien fue acusado de delitos financieros, y Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, quien enfrenta acusaciones de desvío de recursos y delitos electorales por haber entregado dinero de la paraestatal a la dirigencia nacional del PRI para la campaña presidencial del 2000.
Las versiones señalan que Esponda condicionó su llegada a la PGR a dos situaciones: la primera, que la SIEDO se convierta en organismo autónomo e independiente del Ministerio Público Federal, pero con capacidad para poner a disposición de jueces a sus detenidos. La segunda, indicaron los entrevistados, es que se mantenga Cabeza de Vaca unos meses, y luego, cuando esté en marcha la posibilidad de que la PGR se convierta en fiscalía de la nación y sea factible que se legisle su independencia del Poder Ejecutivo, él asuma el cargo.
En tanto, Francisco Molina fungió como titular del extinto Instituto Nacional para el Combate a las Drogas durante la gestión de Antonio Lozano Gracia; fue senador por el PAN y luego oficial mayor de la desaparecida Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, cuando Francisco Barrio se desempeñaba como titular de esa dependencia.
Molina Ruiz formó parte del equipo de transición de Vicente Fox, junto con José Luis Reyes (abogado personal del aún mandatario), y en ambos casos se considera que se pondría en marcha el proyecto de reformas legales que se pretendió impulsar este sexenio, entre ellas la creación de una policía única, convertir a la PGR en fiscalía de la nación y que el Poder Judicial se haga cargo de todas las cuestiones jurisdiccionales. A este respecto se avanzó en la creación de la Agencia Federal de Investigación, que era uno de los puntos proyectados en 2000 tanto por José Luis Reyes como por Molina Ruiz.
En el caso del general Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, ha desarrollado su carrera dentro de la justicia militar. Entre otros casos le tocó conocer las acusaciones contra los generales Jesús Gutiérrez Rebollo, Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, presuntamente involucrados con el cártel de Juárez.
Según las fuentes consultadas, la llegada del general a la PGR significaría la aplicación de "mano dura" en la persecución de los delitos y mayor control de funcionarios para evitar actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, puesto que se ve complicada una reforma legislativa que constituya la fiscalía de la nación.
Asimismo, se vislumbra de nueva cuenta la llegada de mandos militares a la PGR en un momento en que la Agencia Federal de Investigación ha entrado en crisis de credibilidad y eficacia, y la delincuencia organizada ha incrementado su presencia y acciones en distintas zonas del país.