Usted está aquí: jueves 5 de octubre de 2006 Opinión Oaxaca

Adolfo Sánchez Rebolledo

Oaxaca

En Oaxaca hay una situación de excepción cuyo final se acerca. El secretario de Gobernación, apremiado por la inminente solución de fuerza que se prepara a la vista de todos, se apresura a hallar en el último minuto la negociación salvadora que dé una salida pacífica al larguísimo conflicto que ha devenido en una suerte de comuna popular contra el gobierno de Ulises Ruiz. Sin embargo, predomina la ambigüedad. A un diputado que lo cuestionaba acerca del envío de una fuerza para restablecer el orden Abascal respondió: "No se preocupe, en nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión", pero entreabrió la puerta a un próximo operativo policiaco para "restablecer el orden jurídico vulnerado" (sic). Entre tanto, el diálogo tiene problemas. Los temas puestos a debate son muy pertinentes, pero la descomposición de las relaciones entre gobierno y ciudadanos, aun los que combaten a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca(APPO), ha llegado a un punto de no retorno que impone soluciones políticas, de Estado, imposibles de postergar. Elegir bien a los dialogantes es la diferencia entre la búsqueda honesta de soluciones y el tendido de un trampa para arrinconar al movimiento. Pero en la lista hay de todo: desde los cuestionados poderes del Estado, personalidades, iglesias y hasta algunos que no tienen vela en el entierro. Esa es, al parecer, la razón por la cual no asistirán al Foro para la gobernabilidad, la paz y el desarrollo de Oaxaca, lo cual, en mi opinión, es un error.

El momento es tan grave que el propio presidente Fox ha prometido, en uno de sus conocidos alardes retóricos, que "si no hay diálogo" habrá "castigo" para quienes desde ahora ya se considera culpables, es decir, los líderes visibles del movimiento magisterial-popular a quienes se les carga con dolo todo la responsabilidad por tropelías cometidas por vándalos radicalizados o supuestas células guerrilleras, algunas fantasmales, cuya sospechosa y siempre puntual aparición propicia toda suerte de especulaciones. El revanchismo, más que político, clasista, es, a pesar de la fantasía igualitarista de corte democrático, una constante más obvia y preocupante en todos los conflictos sociales del México actual.

Sin duda, hay malestar en Oaxaca, pues la ciudad se ha vuelto contra sí misma. Hay molestias, pero también voluntad de resistencia más allá de los piquetes instalados por la APPO. Pero ese curso no debería prolongarse. Urge solución. No sólo está en juego la educación de niños, ya de por si marginados educativamente hablando; o el destino de miles de profesores a quienes esa especie de soberbia presupuestal les ha negado la rezonificación y otras medidas dignificadoras de su vida y trabajo. También la hotelería y el comercio merecen salvarse del desastre porque de ellos se alimenta la vida ordinaria de la gente. En general, las causas de fondo del conflicto parecen evidentes, tanto que el mismo Abascal repitió en tv la lista de agravios seculares y recientes del pobre pueblo oaxaqueño.

Oaxaca, como otros estados meridionales, es parte de ese Otro México dual que ha servido para crear la ilusión del desarrollo en el norte, trazando una frontera interior a fuerza de fatalismo, desigualdad, prejuicios y discriminación más que secular. Allí convive la explotación globalizada de los recursos con la persistencia de clases políticas acostumbradas a gobernar sin contrapesos verdaderos, valga decir, impunemente, a las cuales periódicamente se enfrentan las comunidades, los pueblos, la organizaciones sociales sin vínculos orgánicos con los partidos nacionales, aunque en los últimos comicios la izquierda comenzó a generar un mínimo de esperanza que no debería frustrarse una vez por la intolerencia de las pequeñas disputas intergrupusculares.

Es posible que reformas como la reciente al código electoral local favorezcan un cambio en la situación y permitan el fortalecimiento opciones políticas estatales representativas, pero eso supone, además, reconocer legal y políticamente la existencia de un movimiento social auténtico que también defiende intereses legítimos incluso cuando cuestionan de raíz las instituciones que hoy afianzan una gobernabilidad espuria. Pero hay sectores locales y federales que ya no creen en otra salida que el uso de la fuerza. Sin pensarlo dos veces pretenden dar una lección preventiva ante el panorama de un país dividido, tanto en lo social como en lo político. Eso mismo piden también las fuerzas envalentonadas de la derecha, temerosas de que el precedente oaxaqueño se extienda hacia otras regiones donde hay bastante leña seca lista para incendiarse. Quieren, pues, mano dura, cortar por lo sano y demostrar, que, salvo en su visión autoritaria, jamás han comprendido la dialéctica entre política y derecho, misma que reducen a una fórmula de aceptación pasiva, irracional, de los dictados de la autoridad o la aplicación de la ley como simple "castigo".

Oaxaca es un tema nacional del que no puede sustraerse el gobierno. Fox estaba obligado a enfrentar con la fuerza política del Estado el conflicto, pero dejó pasar el tiempo, esperando el desgaste popular, la transa bajo cuerda o, peor, la represión selectiva que ya ha dejado varios muertos. Lo único cierto es que Ulises Ruiz ya no gobierna ni sentado en la punta de los sables de los marinos que desembarcaron en Huatulco. Es un cadáver político al que tal vez Fox no querría sepultar sin antes causarle un daño comparable a la APPO, de modo que el orden, al fin, impere sobre la justicia.

El diálogo entre la sociedad civil oaxaqueña debe darse cuanto antes, pero, ¿por qué retrasar una solución política que ponga a Ruiz en la calle y al problema en vías de solución? Porque se impone el principio de autoridad, tanto el que heredamos del viejo PRI como el recién formulado por el PAN de que gobernador electo es gobernador inamovible, lo cual contradice principios constitucionales y democráticos evidentes. Pero hay algo peor: el Senado está maniatado por una alianza sin principios entre el PAN de Calderón y el PRI que le aseguraría al primero una cómoda mayoría en el Congreso para mantener a raya a los partidos de la ex coalición Por el Bien de Todos. Craso error: el PRI no perderá ocasión de cobrarles las facturas pendientes y llegada la hora les dará la espalda. Si el PAN cree que salvando a Ulises Ruiz van a reditar, ahora al revés, la relación que Salinas mantuvo con ellos en el Congreso, se están equivocando más de la cuenta. Peligro a la vista.

 
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