Usted está aquí: jueves 5 de octubre de 2006 Política Deja Abascal al Senado decisión sobre Ruiz; la APPO se repliega

Posterga el secretario de Gobernación el operativo policiaco-militar en Oaxaca

Deja Abascal al Senado decisión sobre Ruiz; la APPO se repliega

En la mesa de concordia, priístas y empresarios presionan para el envío de las fuerzas federales

FABIOLA MARTINEZ Y ALMA E. MUÑOZ

Ampliar la imagen Los representantes indígenas Julián Valdez, Joel Aquino Maldonado, Adelfo Regino Montes, el pintor Francisco Toledo y Aldo González Rojas, al término de la mesa de negociación en Bucareli Foto: Guillermo Sologuren

Ampliar la imagen Luis Martínez, el diputado local panista Carlos Moreno Alcántara, Anuar Mafud, presidente del TSJE; el gobernador Ulises Ruiz, y Bulmaro Rito Salinas, presidente del Congreso local Foto: Guillermo Sologuren

En medio de la presión de la estructura priísta y empresarios de Oaxaca para que se envíe de inmediato la fuerza pública federal a la zona de conflicto, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, bajó de tono su discurso y advirtió que tal salida no resuelve la problemática en la entidad, aunque tampoco planteó, en la denominada mesa de concordia, la salida del gobernador Ulises Ruiz.

Al final del encuentro, al cual no asistió ningún integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ni del magisterio, Abascal optó, una vez más, por una salida temporal: postergó la ejecución del operativo policiaco y dejó en manos del Senado la eventual salida del gobernador.

Ufano, Ruiz Ortiz declaró al final del encuentro, como portavoz de lo acontecido: ''No voy a renunciar, no voy a pedir licencia, no es una salida para resolver el conflicto (...) Nadie está por la represión, hay que aplicar la ley y el estado de derecho''.

Durante el desarrollo de la mesa, a partir de la cual se pretende firmar la próxima semana el Pacto por la gobernabilidad, la paz y el desarrollo del estado de Oaxaca, Abascal llamó a Ruiz y a la APPO a dejar atrás posiciones antagónicas e irreductibles. Criticó que mientras unos piden la salida de Ruiz Ortiz, otros, como los empresarios, le exigen la irrupción de la fuerza pública.

Esclarecimiento de homicidios

La APPO, dijo, expone diversas demandas, como el esclarecimiento de homicidios (José Jiménez Colmenares y Lorenzo San Pablo) y violaciones a derechos humanos, pero al final, tras sus consultas, otra vez regresan aquí con la misma exigencia: la salida del gobernador.

''¡Por eso tenemos que romper el círculo vicioso y llegar a acuerdos!'', expresó.

''¿Cómo crear condiciones para que Oaxaca recupere la paz y el orden? (...) Los invito a levantar sus miras, a ser generosos y concretos en sus intervenciones.''

Así inició el encuentro en el salón Revolución de Bucareli, casi al mediodía, hasta donde llegó también una comisión de defensores de derechos indígenas, acompañados por el pintor Francisco Toledo, para pugnar por el diálogo, pero ''con representación auténtica de la sociedad oaxaqueña''. Pidieron que no se utilice la fuerza para disolver las protestas.

Con un estricto marcaje de los organizadores del encuentro, para que no se excedieran los tres minutos fijados para cada intervención, Joel Aquino Maldonado, de la comunidad Yalala y coordinador del Centro Cultural Zapoteco, manifestó que los pueblos indígenas de Oaxaca ''no necesitan al Ejército ni a la Marina (...) Su presencia es una amenaza terrible que no se justifica'', expresó de pie, al igual que sus compañeros, ante decenas de invitados sentados a la mesa.

''Lo que se requiere, señor secretario, son estrategias para combatir la pobreza.'' Al final citó una frase de una encíclica del papa Paulo VI: "El nuevo nombre de la paz se llama desarrollo de los pueblos". Y para que en Oaxaca haya paz, enfatizó, se requiere desarrollo.

Fijada su postura, los defensores de derechos indígenas anunciaron su retiro de la mesa y entregaron su propuesta a Abascal. El funcionario les preguntó: ''¿Para qué se van? ¿Por qué no quieren dialogar?"

Adelfo Regino respondió: ''No es que no queramos dialogar, queremos hacerlo, pero bajo otras condiciones, con otra temática y procedimientos mutuamente acordados. Aquí no están representados los pueblos de Oaxaca''.

En la lista de los presentes aparecieron más personajes ligados al priísmo estatal. Entre los legisladores destacaron Patricia Villanueva Abraham, ex procuradora del gobierno oaxaqueño, a quien la APPO culpa de ''encubrir delincuentes y de dejar ir a los responsables de varios homicidios'', y Genaro Vázquez Colmenares, hermano de Pedro, ex gobernador, así como los ex titulares del Ejecutivo local José Murat y Diódoro Carrasco.

Uno de los factores que propiciaron el rechazo de la APPO a la mesa fue la amplia presencia empresarial, sector que se manifestó de manera insistente por el envío inmediato de la fuerza pública.

También estuvo presente el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Freddy Cabrera Alcántara, a quien la asamblea señala como uno de los principales beneficiarios del gobierno del estado.

De acuerdo con fuentes consultadas presentes en la reunión, Cabrera -junto con Adalberto Castillo y Avelino Soriano- instó al secretario de Gobernación a que antes del viernes, en caso de no alcanzar acuerdos con la APPO, entre la fuerza pública. Soriano inclusive propuso castigo para los manifestantes y suspensión de derechos para los profesores activistas.

Abascal advirtió que no le pidieran plazos fatales, porque el gobierno apuesta al diálogo y no a la represión. Les dijo que si se empleaba la fuerza pública era para brindar seguridad, pero estaba consciente de que esto probablemente no resolvería el conflicto de fondo.

El arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, insistió en que la Iglesia reprueba toda violencia y que es necesario buscar mecanismos de solución alternos, sobre todo porque en el estado hay rezago social y una ''enorme corrupción de muchos años''.

Gabino Cué, senador por Convergencia, lamentó que el secretario de Gobernación no tuviera un diagnóstico real de lo que acontece en la entidad. "Oaxaca vive momentos de enorme crispación social que, con una decisión que implique el uso de la fuerza pública, podría desbordarse a niveles que nadie desea'', dijo.

Propuso que en lugar de esta salida se apliquen medidas de distensión. Como primer punto planteó ''revisar el tema de la salida del gobernador del estado''.

A la reunión para el pacto, el cual ayer no se firmó y se fijó el próximo miércoles como siguiente cita para avanzar en su construcción, sólo fueron invitados algunos comunicadores.

Por la noche, Abascal dio a conocer la creación de comisiones: una para redactar el proyecto del pacto referido, el cual -dijo- será presentado a la consideración de la sociedad oaxaqueña en fecha próxima; otra, integrada por legisladores oaxaqueños federales y locales, enfocada a proponer un presupuesto adicional para la entidad, ''a fin de enfrentar los rezagos sociales", y una última para impulsar apoyos económicos emergentes para ''recuperar el turismo, los servicios y la economía de la entidad''.

Llamó a la APPO y a la sección 22 del magisterio a ''volver eficaz el diálogo que llevan a cabo con Gobernación, para realizar de manera inmediata acciones de distensión que muestren voluntad política de solución pacífica del conflicto y devuelvan a la ciudad de Oaxaca el orden y la estabilidad".

Oaxaca, Oax., 4 de octubre. La creciente posibilidad de que en las próximas horas ocurrirá una incursión del Ejército, respaldado por Marina, la Policía Federal Preventiva -que entraría primero- e inclusive de elementos de la Agencia Federal de Investigaci-on, obligó a que desde este mediodía la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección 22 del magisterio realizaran un repliegue táctico hacia el centro histórico y el zócalo de esta capital, donde reinstalaron parcialmente el plantón.

No obstante, ambas organizaciones confirmaron su participación, este jueves, en la mesa alterna que aceptó realizar con la comisión única -integrada por 28 dirigentes- en la Secretaría de Gobernación, aunque demandaron garantías ''de que no serán detenidos'', así como para el plantón.

El encuentro en Bucareli contrastó con las posiciones expresadas este día por el gobierno de Ulises Ruiz, que exigió nuevamente la aplicación de la ley ''para restablecer la seguridad'' que, adujo, ''no tiene nada que ver con la mesa de negociación ni con la protesta de la APPO y el magisterio. Es deseable que se logren consensos y acuerdos para solucionar el conflicto en el corto plazo, pero la aplicación de la ley en caso de la comisión de delitos no puede esperar más ni es objeto de negociación''.

Así, el endurecimiento de posiciones obligó a los dirigentes del movimiento que demanda la destitución de Ruiz Ortiz a desalojar la estación de radio del Grupo Oro y levantar algunas barricadas. Aun así se reforzaron otras ''defensas'', como en la zona de Brenamiel, y mantienen las establecidas en la emisora La Ley, desde donde el movimiento transmite su información y cuyos accesos están bloqueados con autobuses, camiones, láminas, costales de arena, piedras y alambre de púas.

Además, organizaciones de la sociedad civil anunciaron la instalación de un campamento de 72 horas en el atrio de Santo Domingo y en el zócalo, así como una cadena humana en rechazo a la intervención militar y policiaca en la capital de Oaxaca.

En conferencia de prensa, alertaron que desde el inicio del conflicto ''no se había sentido tanto temor" y lanzaron un llamado urgente a los pueblos del estado y organizaciones de todo el país a sumarse al campamento de resistencia.

Y es que, en preparación del operativo para ''recuperar'' la ciudad, en el aeropuerto internacional Benito Juárez las fuerzas especiales del estado comenzaron a integrar brigadas de hombres y mujeres vestidos de civil, con ropa y apariencia de maestros e integrantes de la APPO, que serían infiltrados durante la intervención.

El vocero de la sección 22, Daniel Rosas, dijo desde el quiosco de la plaza principal que persiste la ''amenaza velada'' de que este miércoles o la madrugada de mañana ''se intente un operativo y por lo tanto nos mantenemos en máxima alerta''.

En esa declaración se hicieron evidentes, además, las diferencias de posición entre la APPO y la cúpula magisterial, pues el profesor denunció que hoy viajaron a la ciudad de México, donde se realizó el foro convocado por Gobernación, ''cinco personajes en nombre de la asamblea popular, pero lo hacen a título personal''. Entre los participantes en el plantón se escuchó un grito: ''¡traidores!''

El hecho es que en el vuelo de las siete de la mañana al Distrito Federal viajó el dirigente de la APPO, Flavio Sosa, a ''informar'' a Gobernación de los acuerdos de dicha asamblea y del magisterio de no acudir al foro en Bucareli.

También desde el quiosco, el vocero de la asamblea, Florentino López Martínez, confirmó que ''existe la amenaza inminente de desalojo'' y convocó a ''hacer funcionar los miles de ojos y oídos de los oaxaqueños para vigilar el andar de este operativo asesino. Estemos pendientes de cualquier agresión''.

Aseguró que la respuesta a una incursión militar ''debe ser contundente: salir a defender a nuestro pueblo. ¡Defender calle por calle nuestra ciudad! Vamos al cierre de carreteras, al fortalecimiento de barricadas. Si a Oaxaca la reprimen, todo México debe levantarse. Si reprimen, si se atreven a derramar la sangre de los oaxaqueños preparemos el cierre de carreteras a nivel nacional, huelgas, cierre de oficinas y toma de las principales calles''.

Mientras, y ante la inminencia de un operativo de desalojo, la APPO llamó a los militares y a la PFP a ''que no se vuelvan contra el pueblo'' del que han salido y ''no se conviertan en asesinos al servicio de los vendepatrias''.

En una carta abierta, la alianza de organizaciones hace saber a los militares y agentes policiacos, a quienes llamó ''hermanos'', que su lucha es para que Ulises Ruiz Ortiz deje de ser gobernador, ''porque durante su mandato asesinó a más de 35 compañeros luchadores sociales'' y encarceló a más de 200 dirigentes de las comunidades, además de desviar ''miles de millones de pesos que debían destinarse a obras de salud, vivienda, educación, a aliviar el dolor y necesidades del pueblo a la campaña de su candidato presidencial, Roberto Madrazo, a la construcción de sus mansiones y fortalecimiento de sus empresas''.

Además, por destruir los símbolos más importantes de la capital, como el zócalo, la Plaza de la Danza, la fuente de Las Siete Regiones y por prácticamente privatizar el palacio de gobierno y la Cámara de Diputados.

''Mientras nuestros niños en las comunidades se mueren de hambre y enfermedades, mientras en nuestras mesas sólo hay miseria, mientras nuestras escuelas caen poco a poco ante los embates del tiempo, Ulises gasta millones de pesos en sus lujos y pillerías, y cuando en el pasado le señalamos esto, en lugar de escucharnos y buscar ser buen gobernante respondió con balas, tortura y muerte'', resaltó.

También subrayó que la lucha de la APPO y del magisterio ''es pacífica'', pues no son violentos ''pero amamos nuestra vida y la libertad (y) estamos dispuestos a ofrendarla en aras de la libertad, en aras de un mejor Oaxaca para nuestros hijos, un mejor Oaxaca para todos. Ustedes deben saberlo, pues ustedes también son parte del pueblo de México; también son hijos de campesinos, de albañiles, de obreros, de trabajadoras domésticas; deben saber que el pueblo no es violento por naturaleza'', señaló.

Ante ello, instó a los militares y agentes policiacos a ''negarse a obedecer, negarse a reprimir, a disparar en contra del pueblo de Oaxaca, como ya lo han hecho cientos de policías estatales que antes que disparar en contra del pueblo prefirieron renunciar''.

Por otra parte, la secretaria técnica de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Sara Méndez Morales, dijo que en Oaxaca ''no es posible recobrar la tranquilidad con soldados o policías federales apostados en cada esquina o con tanquetas militares. El Ejército en las calles de Oaxaca o la Policía Federal Preventiva no es la solución'', señaló.

 
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