Editorial
2 de octubre, hoy
La masacre perpetrada por el gobierno priísta de Gustavo Díaz Ordaz en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 es, por muchas razones, un dato de referencia obligada para el México contemporáneo.
Debe recordarse, en primer término, que a 38 años de aquella atrocidad los culpables todavía vivos permanecen impunes, y que las instituciones del país no fueron capaces, en todo ese tiempo, de investigar y sancionar un crimen de lesa humanidad cometido en contra de ciudadanos jóvenes estudiantes, en su mayoría que demandaban el cumplimiento en los hechos de lo que eran, por entonces, meras promesas de la ley: democracia real, vigencia de las garantías individuales y mecanismos de control para un poder público ejercido en forma discrecional, corrupta y, como se demostró aquella tarde, desenfrenada y homicida.
A la sangrienta represión en la Plaza de las Tres Culturas siguió la persecución política de opositores o sospechosos de serlo y una guerra sucia que se prolongó hasta los años 80, que cobró la vida de miles de mexicanos y convirtió el estado de derecho en mera simulación. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, la tortura, los juicios políticos disfrazados de procesos penales se convirtieron en instrumentos sistemáticos del ejercicio gubernamental. Así respondió el grupo en el poder a los reclamos estudiantiles y populares. Los responsables de esa barbarie lograron su impunidad mediante pactos sucesivos de encubrimiento y protección que se refrendaban en cada sucesión presidencial. Implícitos o explícitos, tales pactos sobrevivieron a la alternancia de 2000 e involucran al foxismo, el cual, a contrapelo de sus promesas, no quiso o no pudo llevar a cabo un esclarecimiento exhaustivo y de fondo de lo ocurrido seis sexenios antes.
No debe perderse de vista que el movimiento estudiantil de 1968 fue una reacción social de exasperación ante la cerrazón gubernamental y la falta de canales institucionales para la participación ciudadana. El dato es de suma importancia porque hoy, a casi cuatro décadas, después de incontables luchas sociales, de miles de muertes y de numerosas reformas electorales, las instituciones del país son operadas con palpable espíritu excluyente y antidemocrático: las dependencias electorales no fueron capaces de corregir las distorsiones introducidas en las pasadas elecciones por el Ejecutivo federal y por grupos de interés económico y mediático, ni de responder a las masivas inconformidades que generó el manejo desaseado y dudoso de los resultados; no ha sido posible esclarecer, por los canales institucionales, uno solo de los casos de corrupción detectados en el círculo presidencial; durante muchos meses no ha habido nadie en las oficinas públicas que muestre interés por atender los reclamos del movimiento oaxaqueño que exige la salida de Ulises Ruiz del Ejecutivo local y, en cambio, se ha propiciado el ahondamiento de un conflicto que hoy constituye uno de los principales focos rojos en el escenario nacional.
Para colmo, en sus postrimerías, el foxismo, aliado con los cacicazgos priístas, ha dado muestras de una vocación represiva y de una intolerancia dignas de Díaz Ordaz, como ocurrió con la incursión policial en San Salvador Atenco.
Ahora que la oligarquía gobernante se dispone a efectuar una sucesión presidencial en medio de un descrédito sin precedentes y con la legitimidad severamente mermada, las tentaciones represivas parecen aflorar de nuevo en el grupo que se beneficia con el ejercicio del poder público. Cabe esperar que tenga en mente que el recurso a la violencia no haría más que apresurar su propia descomposición, porque el país ya no es el de 1968 y la sociedad contemporánea no aceptaría que los problemas creados por la ineptitud y la arrogancia de los gobernantes se saldaran con sangre ciudadana. En octubre de 2006, el 2 de octubre de 1968 no se olvida.