Diario de Guerra (poselectoral)
La Constitución, ¿qué hay que cambiar?
Es cierto: parece haber llegado el momento de una revisión a fondo de la Constitución, que cumplirá el próximo 5 de febrero 90 años de haber sido expedida. Ha sido acribillada por centenares de reformas imperfectas y contradictorias. Además estamos ante la mayor crisis política en una generación.
Me parece ilusorio que la reforma viniera desde la derecha o fuera apoyada por ella. El triunfalismo de Felipe, el PAN, Elba y los priístas asociados, los va a llevar a apostar a que se consolide el nuevo régimen por inercia. Carecen de ética, visión y grandeza. Por más que anuncien diálogo y apertura, no creo que vayan a renunciar ni a la composición del IFE o del Trife, ni a promover reformas importantes en el Cofipe. El dinero y la televisión seguirán siendo garantías para su proyecto reaccionario. El problema para ellos es que ni el Estado mexicano ni el pueblo son los mismos que en 1989.
El cambio debe darse desde el ala liberal y reformista. Será impulsado a escala institucional por el Frente Amplio Progresista, y a nivel extraparlamentario por el movimiento que surja de la convención nacional democrática. La presión que ejerzan simultáneamente estas fuerzas podría llevar a un cambio profundo.
La convención en uno de sus resolutivos propuso convocar a un plebiscito para impulsar a un "proceso constituyente". El objetivo sería lograr que la Constitución redefina el Estado mexicano como un estado social y plural de derecho para fortalecer a nuestra democracia y crear un sistema de vida basado en el mejoramiento constante de la población, como lo prevé nuestra Carta Magna.
La otra vertiente es la que tiene que ver con la estructura del poder. Se integrarían reformas: para modernizar el sistema electoral; el modelo de gobierno, incluyendo las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; para fortalecer el sistema de rendición de cuentas y combatir la mala administración y la corrupción; para hacer efectivo el derecho a la información y reorganizar el sistema judicial de modo de garantizar que la justicia y la seguridad jurídica no queden confinados al beneficio de una parte insignificante de la población. También para revisar a fondo el federalismo, sobre todo en sus aspectos fiscales.
Por supuesto que muchos de los contenidos de la Constitución del 17 deberían quedar intactos o incluso reforzarse en el tema de las garantías individuales, donde todavía existen aberraciones como la inexistencia de la presunción de inocencia.
Estas reformas no podrán darse como un ejercicio académico. Tendrán que ser impulsadas por una fuerza política cada vez más articulada, novedosa y pujante. Eso es exactamente el mandato que ha dado la convención a un grupo de juristas, sociólogos, politólogos e historiadores que han integrado la comisión cuya misión es convocar al plebiscito y organizar su ejercicio.