El de los 10 informadores que recibieron dinero no es caso único

Pago a periodistas en EU, "común" desde 1980

No revelar que se aceptan fondos viola lo básico de la ética periodística

Es sagrada la confianza entre la prensa y público, señalan expertos

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 25 de septiembre. El caso de los 10 periodistas que recibieron miles de dólares del gobierno federal por sus contribuciones a Radio y Tv Martí, canales de la US Office of Cuba Broadcasting, sin revelarlo a los periódicos y medios electrónicos independientes en los que trabajaban en el sur de Florida (con una excepción) -lo cual causó el cese de algunos la semana pasada- no es único.

En el gobierno de George W. Bush estas maniobras de promover la propaganda oficial por conducto de periodistas supuestamente independientes o mediante "productos noticiosos" oficiales disfrazados de información autónoma, se han vuelto parte de esta "democracia".

El Miami Herald descubrió los pagos a los 10 periodistas en documentos obtenidos mediante leyes de transparencia el mes pasado y los reveló en su edición del 8 de septiembre. Los tres que más dinero recibieron fueron dos veteranos reporteros y un colaborador freelance de El Nuevo Herald, el rotativo en español publicado por la misma empresa dueña de The Miami Herald. Casi todos son ampliamente conocidos y con gran influencia en Florida, y trabajaban en medios escritos y electrónicos (radio y televisión), cubriendo precisamente temas relativos a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

El Nuevo Herald reportó el pasado día 14 que el pago a periodistas por medios gubernamentales es "práctica común", que data de por lo menos de los años 80. Voceros de la entidad federal encargada de proyectos de radio y televisión gubernamentales señalan que periodistas estadunidenses reconocidos han participado y han sido pagados por organismos como la Voice of America, entre ellos reporteros y corresponsales de medios, entre ellos el Washington Post, Time y el Washington Times. La información del Nuevo Herald señala que esto es "una modalidad más amplia y extendida entre otros periodistas de Estados Unidos, tanto en forma habitual como esporádica".

Radio y Tv Martí son proyectos de Washington que este año recibieron un presupuesto de 37 millones de dólares y 149 empleados; dedicaron más de 2 millones de esos fondos para "contratistas", entre ellos periodistas empleados por otros medios. Su transmisión está prohibida dentro de Estados Unidos por las leyes antipropaganda oficial.

Aunque no es ilegal aceptar estos pagos a cambio de colaboraciones en los eventos, programas o publicaciones de otras empresas o hasta programas del gobierno, no revelarlo a esas empresas o gobiernos al cubrir temas relacionados como periodista o comentarista viola un principio fundamental de la ética periodística, afirman expertos y otros periodistas. No sólo es por el obvio conflicto de interés, sino por lo que todo editor describe como la "credibilidad" o "la confianza sagrada entre periodistas y el público" (como dijo Jesús Díaz Jr., presidente de Miami Herald Media Company, dueña del Herald y El Nuevo Herald).

Díaz agregó que "aun la apariencia de que la objetividad o integridad podrían haber sido perjudicadas es algo que no podemos condonar en nuestro negocio... no creo que la integridad y objetividad puedan ser aseguradas si cualquiera de nuestros reporteros recibe compensación monetaria de cualquier entidad que pudieran estar cubriendo o han cubierto, y particularmente si es una agencia gubernamental". Varios profesores y expertos en ética profesional expresaron que este caso representa un clásico conflicto de interés y por lo tanto es conducta inaceptable.

Jim Naureckas, editor de Extra!, publicación de la organización nacional de monitoreo de medios Imparcialidad y Exactitud en la Divulgación (FAIR, por sus siglas en inglés), consideró que "el proceso periodístico se corrompe cuando periodistas reciben dinero de un gobierno, particularmente si no lo divulgan". En entrevista con La Jornada, Naureckas declaró que el asunto medular en estos casos es el conflicto de interés. "No corresponde al periodista decidir si se ha afectado su integridad. Hay un conflicto de interés al aceptar dinero de un gobierno, y es difícil comprobar si uno está sirviendo al interés de uno o al del gobierno. El problema es básico: en esa instancia existen dos intereses, cuando idealmente, para un periodista, sólo debe existir uno."

Agregó: "es fácil decir que Bill Gates me compró un yate, pero que eso no tendrá efecto en mi trabajo al cubrir a Gates o sus intereses, ¿quién lo decide?"

Para Danny Schechter, director de mediachannel.org, uno de los críticos de medios más reconocidos en este país y veterano periodista, el problema de fondo es que "en un ámbito de medios tan comercializado se borra la línea entre el periodismo y los intereses comerciales o políticos". En entrevista con La Jornada señaló que "existe tal grado de corrupción del espíritu y misión de los medios, que se vuelve difícil reconocer cuándo empieza la corrupción y cuándo se acaba el periodismo" en este país.

La Sociedad de Periodistas Profesionales, agrupación nacional fundada en 1909, elaboró un código de ética para el gremio, el cual marca como principio fundamental la "independencia", señalando que los periodistas "no deben estar sujetos a más interés que el derecho del público a saber".

El código manifesta que "los periodistas deben evitar conflictos de intereses, reales o aparentes; estar libres de vínculos y actividades que puedan comprometer su integridad o perjudicar su credibilidad; rechazar regalos, favores, pagos, viajes gratuitos y tratamiento especial, y evitar empleos secundarios, participación política, cargos públicos y el servicio en organizaciones comunitarias si comprometen la integridad periodística; revelar los conflictos inevitables; mostrarse alerta y valientes en cuanto a pedir cuentas a quienes ejercen el poder; negar trato de preferencia a anunciantes y personas con intereses particulares y rechazar sus presiones para influir en la cobertura noticiosa; desconfiar de fuentes que ofrecen información a cambio de favores o dinero; evitar ofrecer pago por la noticia".

"Lo haría gratis"

Al parecer, algunos de los periodistas involucrados en este escándalo creen que por estar de acuerdo con la política oficial estadunidense contra Cuba no existe conflicto de interés ni violación de los códigos de ética. Juan Manuel Cao, reportero de Canal 41, quien recibió 11 mil 400 dólares de Tv Martí este año, declaró al Miami Herald: "no hay nada sospechoso en esto. Lo haría gratis, pero los reglamentos no lo permiten. Cobro simbólicamente, por debajo del precio del mercado.

"El propósito de estos programas... es demostrar a la gente en Cuba cómo es la vida en una democracia", dijo Ninoska Pérez Castellón, comentarista de Radio Mambí, al justificar por qué aceptó pagos de Washington como periodista.

A Helen Aguirre Ferré, coordinadora de opinión del Diario Las Américas, Tv Martí le pagó más de 4 mil dólares durante los últimos cuatro años, pero, en su opinión, sólo fue para pagar "su tiempo" y no violó la integridad periodística. Acaba de anunciar que donará el dinero a una organización caritativa para evitar que se extienda la impresión "errónea" de un conflicto de interés.

Pedro Roig, director de la Office of Cuba Broadcasting, declaró ayer al Miami Herald que algunos de los participantes y un locutor de los programas optaron por no aceptar pagos por sus contribuciones.

El gobierno paga

Para el gobierno, evidentemente la práctica de pagar periodistas simpatizantes para promover sus intereses es parte de su política interna e internacional.

A fines de septiembre de 2005, la Oficina de Fiscalización del Gobierno -agencia de investigaciones no partidista del Congreso federal- concluyó, tras un año de investigación, que el gobierno de Bush realizó actividades de "propaganda encubierta" en Estados Unidos, en violación de la ley. El gobierno pagó 240 mil dólares a Armstrong Williams, comentarista conservador, para que por conducto de sus columnas sindicadas y presentaciones ante medios promoviera las políticas educativas del gobierno de Bush. La misma agencia culpó al gobierno de contratar una empresa de relaciones públicas para difundir videos noticiosos en televisoras locales por todo el país, sin revelar que eran producto del gobierno, materiales que fueron trasmitidos por varias estaciones como si fueran segmentos informativos.

El FAIR señaló en su informe anual que otras revelaciones parecidas durante el año "demostraron que el de Williams no fue para nada un caso aislado de conflictos periodísticos entre la lealtad al público y al gobierno (o un cheque del gobierno)". Enumeró algunos ejemplos, entre ellos que la oficina del gobernador de Florida, Jeb Bush (hermano del presidente), usó más de 100 mil dólares de fondos públicos para contratar al reportero freelance de televisión Mike Vaslinda para producir espots noticiosos que promovían las políticas del gobernador. Mientras la empresa de Vaslinda hacía la propaganda oficial, el reportero se dedicaba a reportar sobre ese mismo gobierno estatal en segmentos que fueron trasmitidos en afiliados locales de CNN y NBC.

El Boston Globe descubrió una relación similar entre el gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, y un columnista del Boston Herald, Charles Chieppo, quien en su columna elogió un plan de transporte público promovido por el gobernador sin revelar que había presentado una solicitud para un contrato de 10 mil dólares relativo a promover las políticas de la misma oficina de gobierno que subsecuentemente le otorgó el contrato. En otros ejemplos, por lo menos 18 estaciones de televisión de California trasmitieron lo que parecía un reportaje, pero en realidad era lo que se llama un "comunicado de prensa por video", en el que se elogia un cambio polémico de las leyes laborales promovidas por el gobernador. En Oregon, un telenoticiario local presentó un "reportaje" sobre el avance en limpiar la contaminación de un río, sin revelar que el programa fue entregado gratis a la estación por la oficina de servicios ambientales del gobierno de la ciudad de Portland. Es una práctica extendida, y algunas empresas de relaciones públicas ofrecen premios a editores de radio y televisión para incentivarlos a usar el material prefabricado en sus noticiarios.

Más allá de estas costas, el año pasado, Los Angeles Times reportó la existencia de un programa secreto del Pentágono dedicado a redactar y colocar "notas" en los medios de Irak. Textos redactados en inglés, traducidos al árabe y entregados a periódicos en Irak para ser publicados a cambio de un pago, es decir, "inserciones pagadas". Una empresa privada contratista del Pentágono, el Lincoln Group, se encarga de esta iniciativa, empleando a su personal o subcontratistas para presentarse como reporteros freelance o ejecutivos de publicidad para entregar los materiales a los medios en Irak. Las notas "enfatizaban el trabajo de las tropas estadunidenses e iraquíes, denunciaban a los insurgentes y elogiaban esfuerzos encabezados por Estados Unidos para reconstruir el país", reportó el Times. Al publicarse, no revelaban su fuente o autoría.

Un alto vocero militar estadunidense en Irak confesó a la agencia Reuters: "éste es un programa militar de la fuerza multinacional para ayudar a presentar información ficticia sobre operaciones actuales a los noticiarios de Irak. Ya que es parte de nuestras operaciones actuales y parte importante para contrarrestar la desinformación de los insurgentes, no puedo ofrecer detalles". Al parecer, la transparencia no es parte de la política oficial.

Más recientemente, Naureckas señaló versiones de que reporteros que contribuyeron con trabajos a algunas agencias noticiosas estadunidenses y a la Radio Pública Nacional sobre Haití también recibían fondos federales del Fondo Nacional de la Democracia por trabajo no vinculado con su tarea periodística. Aunque no es ilegal, una vez más produce un conflicto de interés, ya que nadie puede asegurar que no influye de alguna manera en su trabajo profesional, señaló.

Ello preocupa a críticos y defensores de la profesión. "Hay una tendencia cada vez mayor en el gobierno de Bush a usar los medios como herramienta política", inclusive el pago a periodistas, afirmó. "Y si los periodistas insisten en que aceptan el dinero por nada, o sea, argumentan que no influye, ocasionan la pregunta ¿por qué interesa al gobierno hacer los pagos?", concluye Naureckas.

Las revelaciones de la creciente injerencia del gobierno en los medios "presentan pruebas escalofriantes de la campaña que funcionarios de Washington han estado impulsando contra una prensa libre e independiente", afirma Michael Massing en su amplio artículo sobre el tema en el New York Review of Books de hace unos meses. ¿Esta es la democracia que tanto desean que sea vista por el pueblo cubano y otros en el mundo?