En duda, el destino de más de 60 millones de pesos
Exige comisión priísta cuentas claras al contralor Oscar Joffre
Señala severas fallas en el informe que se presentará al Consejo Político Permanente
El acusado comienza cabildeo
La deuda acumulada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la falta de claridad en el destino de más de 60 millones de pesos constituyen para este instituto político un problema de dimensiones similares al sonado fracaso electoral del pasado dos de julio, revelaron integrantes de la Comisión de Financiamiento, que demandaron del contralor general, Oscar Joffre, mas información respecto de los recursos de financiamiento del primer semestre del presente año, toda vez que, aseguran, los documentos que habrán de presentar al Consejo Político Permanente, pese a que sólo se refieren a ''términos generales'', presentan severas fallas en su contenido.
De acuerdo con un documento en poder de La Jornada, los integrantes de esta comisión, que encabeza Héctor Luna de La Vega, han exigido una ampliación de la información que contiene el texto de Joffre, por considerar que no aclara suficientemente el destino de alrededor de 60 millones de pesos y los recursos obtenidos en diversos sorteos, además de las aportaciones que particulares hicieron a las campañas de Roberto Madrazo y de los candidatos al Congreso.
A su vez, la oficina de Joffre "cabildea" con los integrantes de la comisión para obtener los votos suficientes que le permitan que su informe, cuestionado de origen, se apruebe sin mayores indagatorias.
La Comisión de Financiamiento exigió a Joffre información detallada del financiamiento a corto plazo de 35 millones de pesos y de otros apoyos por 30 millones, ambos de origen bancario; información precisa sobre el monto obtenido por la realización de siete sorteos; condiciones y términos de los créditos con Banorte; información sobre las condiciones del contrato y las garantías ofrecidas para el mismo; informe sobre la composición de los pasivos, gastos y adquisiciones que tuvieron por objeto las campañas a Presidente y al Congreso y detalle de los depósitos en las cuentas respectivas de la Alianza por México.
Asimismo, demanda informes sobre los salarios del personal eventual y colaboradores contratados para la campaña madracista y el detalle de los apoyos a los comités distritales, organizaciones y sectores, debido a que si bien los comités debieron recibir 50 por ciento de los recursos que el Instituto Federal Electoral (IFE) entregó al PRI, en la práctica no se enviaron dichos recursos.
Esta información, que fue enviada al IFE y sobre la cual habrá de pronunciarse el instituto en el primer trimestre del año próximo, no satisface, sin embargo, al órgano de control del tricolor, que debe validar esta información antes de que sea entregada a la Comisión Política Permanente.
Se avecina recorte de personal
Mientras tanto, en los pasillos de la sede del partido corre fuerte el rumor de que la próxima quincena habrá un recorte por áreas. Se dice que quedarán en la calle 50 por ciento de los trabajadores, además de que amenazan con reducir los ya disminuidos salarios.
Consultados sobre estos rumores, los funcionarios de finanzas argumentan que "el dinero se acaba y las restricciones serán peores el año próximo". No obstante, en el estacionamiento del edificio tres, que aloja las oficinas donde se manejan los dineros del partido, es frecuente observar vehículos último modelo de procedencia extranjera.
Las finanzas del PRI empezaron a tener problemas desde que el IFE decidió imponerle una multa de mil millones de pesos, al haber comprobado que el partido recibió recursos desviados de Petróleos Mexicanos (Pemex), mismos que fueron utilizados en la campaña presidencial de Francisco Labastida, en 2000.
En su momento, Luna de la Vega aseguró que esta multa, así como uno de los créditos por 50 millones de pesos adquiridos con Banorte (tiene uno más por 57.5 millones con el mismo banco), quedarían saldados en 2006, crédito por el que entregó como garantía los edificios de la sede nacional del partido, ubicados en Insurgentes Norte, cuyo valor, aseguran, es de 380 millones de pesos.
Además, para restructurar su deuda y obtener 50 millones de pesos en efectivo -dinero que le permitió organizar su proceso interno para la elección de candidato presidencial- tuvo que solicitar un crédito por 120 millones de pesos, dinero que el PRI destinó, en parte, para cubrir el mes de fondo de garantía que exige la institución; los gastos notariales y administrativos, así como la comisión que debe pagarse por el crédito, que equivale a 1.5 por ciento del monto total del préstamo.
Entre los gastos electorales se contempla el pago de la propaganda del proceso interno y su operación, como es la instalación de casillas y emisión de boletas, entre otros.
Cabe señalar que durante el año electoral de 2006 el PRI recibió una partida de mil 265.3 millones de pesos para gastos ordinarios y electorales -la más elevada de todos los organismos políticos contendientes en la elección del 2 de julio-, misma que deriva de los resultados que obtuvo el tricolor en 2003, con 6 millones 166 mil 358 votos por sí solo, más los 3 millones 637 mil 685 sufragios que se añaden de su alianza en 100 distritos electorales con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que le permitieron obtener 36.7 por ciento de la votación.
De acuerdo con la ley, el PRI estaba en condiciones, como el resto de los partidos, de recibir en calidad de aportaciones una cantidad similar a la que le entregó el IFE.