Busca imponer a "privilegiados" que forman parte de la "familia de juristas"
Monreal acusa a la Corte de intentar manipular renovación en el TEPJF
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En imagen de archivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela
Foto: María Luisa Severiano
La Suprema Corte de Justicia de la Nación "maniobra" para imponer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a "grupos privilegiados", miembros de la "familia de juristas en el poder ", en el proceso de renovación de seis de los siete integrantes de ese organismo "amañado", carente de transparencia, que intenta además maniatar al Senado de la República para obligarlo a aceptar las ternas que se le presenten, denunció el perredista Ricardo Monreal.
Es algo muy grave, dijo, ya que se trata de los integrantes del TEPJF que tendrán a su cargo los próximos procesos federales, entre ellos la elección presidencial del 2012, y debe evitarse que se reclute a "subordinados, sumisos y obedientes al llamado máximo tribunal del país", y "por la triste experiencia actual, que estén supeditados también al poder político y económico".
Monreal detalló que ayer concluyó el plazo para la presentación de solicitudes para quienes aspiran a ocupar seis de las siete plazas de magistrados que se deben renovar en el tribunal, y muchos abogados y otros profesionales en la materia no pudieron participar, ya que la Corte emitió una convocatoria precipitada, con tan sólo ocho días de anticipación, que no se difundió debidamente, además de que se establecieron requisitos muy difíciles de cumplir por lo corto del tiempo.
Es decir, explicó, la convocatoria para la inscripción de candidatos se publicó con retraso el pasado día 11 y se dio un plazo de una semana, que concluyó la víspera -el martes 19 a las ocho de la noche-, pero no se le dio la difusión debida.
Inclusive "la convocatoria desapareció del portal de Internet de la Corte antes de su vencimiento; la página web de la Secretaría de Gobernación estuvo fuera de acceso al público." Por si fuera poco, en los medios de comunicación no hubo espacios para esa notificación, agregó.
Otra irregularidad, puntualizó el senador perredista, es que la Corte exigió a los aspirantes a magistrados electorales copias certificadas por notario público de su título profesional y demás documentos que sirven de soporte de la petición, lo que no tendría mayor relevancia, excepto por el hecho de que ese trámite notarial puede llevar hasta 15 días.
Es obvio que quien se beneficia de ello son los enterados con anticipación, que son, en primer término, "los miembros del Poder Judicial Federal y algunos grupos privilegiados que viven de la materia: la familia de juristas en el poder".
Destacó que no es casual que el último magistrado designado, José Alejandro Luna Ramos, sea hermano de una ministra de la Corte, y gracias a una interpretación de la ley en su favor, podrá permanecer en el TEPJF para ser el decano.
Un grupo de abogados, dijo, le expresó su pesar por no poder participar en el proceso de renovación del tribunal, a pesar de cumplir con los requisitos constitucionales, debido a las trampas de la Corte, que retrasó lo más que pudo la expedición de la convocatoria, con el pretexto de que hacerlo antes de que se declara presidente electo podría interferir en ese proceso.
El Senado, recalcó, tiene poco tiempo para decidir, pero está obligado a cuidar la selección, para no avalar como magistrados electorales a empleados de la Corte o subordinados de los ministros. En ese sentido, adelantó, el PRD, llevará este jueves al pleno senatorial la propuesta de pedir al máximo tribunal que lance una segunda convocatoria para dar oportunidad de que participen todos los juristas interesados, al ampliar el periodo de recepción de solicitudes a tres días, sin interrumpir el proceso en marcha.
La segunda convocatoria "se deberá hacer en forma masiva en universidades, colegios de abogados y en los principales foros de profesionales del derecho en el país".