Protegerá a la población de empresas que se promueven por teléfono: Profeco
Por falta de recursos, el Registro Público de Consumidores arrancará el próximo sexenio
Evalúa la procuraduría si lo administrará o si otorgará concesión a particulares
Ante la falta de recursos presupuestarios, el Registro Público de Consumidores entrará en vigor hasta la próxima administración federal, afirmó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Carlos Arce Macías.
La finalidad de ese registro es proteger a la población de al menos 100 empresas que ofrecen sus productos y servicios vía telefónica, sin previa autorización de los consumidores, y que muchas personas consideran un acoso.
El funcionario explicó que por el momento carecen de recursos presupuestarios para impulsarlo, ''pero queremos dejar el proyecto listo para que no haya pretextos'' y que en enero o febrero de 2007 se implemente.
Arce Macías indicó que si bien no es una inversión muy costosa, se necesitan algunos millones de pesos para el software y hardware para crear la base de datos, que incluirá número de teléfonos fijos residenciales, celulares y de fax personal.
Indicó que la Profeco aún evalúa la posibilidad de que el registro sea administrado por la propia dependencia, o bien se otorgue la concesión a alguna empresa particular.
En noviembre, posible aprobación de la Cofemer
Abundó que el anteproyecto del registro se presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y se prevé que, a más tardar, a principio de noviembre próximo se dé a conocer el dictamen de la posible aprobación.
''La propuesta que enviamos a la Cofemer está basada en experiencias de otros países como Estados Unidos, Inglaterra y España. No descubrimos el hilo negro'', aclaró.
Arce Macías acotó que la institución trabaja en ese proyecto desde hace un año y medio, así que ''no es una regulación improvisada o de ocurrencia, sino que atrás hay un trabajo serio que se desarrolló en la Profeco''.
Respecto al funcionamiento del Registro Público de Consumidores, explicó que sólo se deberá dar de alta el número telefónico al que no se desea recibir llamadas de ofertas de bienes, productos y servicios.
Refirió que se trata de un modelo similar al de Estados Unidos, donde hay registrados, aproximadamente, 80 millones de teléfonos, que representan 35 por ciento del total de las líneas telefónicas que hay en ese país.
En el caso de México, estimó que al inicio del funcionamiento del registro serán dados de alta 4 millones de números telefónicos, de 60 millones que existen en el territorio nacional.
Sin embargo, confió en que una vez que la población se familiarice con el mecanismo la cifra se incremente hasta 10 millones, aunque aclaró que ''difícilmente llegaremos a un porcentaje similar al de Estados Unidos''.
Advirtió que las empresas que no respeten la privacidad de los dueños de los números telefónicos registrados serán sancionadas administrativa y/o económicamente con base en la Ley de Protección al Consumidor.
El monto económico de la sanción dependerá de la empresa y de la recurrencia de la falta. ''Ahora no podría dar un dato al respecto. Nuestras sanciones llegan en casos extraordinarios hasta los 5 millones de pesos, pero evidentemente no es el caso'', dijo.
Arce Macías refirió que unas 100 empresas en México se dedican al marketing vía telefónica, lo cual, subrayó, ''no llamaría acoso''.
Aclaró que en la restricción no están consideradas las llamadas que llevan a cabo las diferentes instituciones de la banca comercial para ofrecer tarjetas de crédito, ni los partidos políticos.
Ello, porque ''no tenemos facultades regulatorias para ambas entidades'', aunque destacó que ya existen pláticas entre la Profeco y la Asociación de Bancos de México para que las instituciones bancarias se integren ''de manera voluntaria''.
En el caso de los partidos políticos ''no podríamos avanzar mucho, porque difícilmente aceptarían que hacen las llamadas''; además, es al Instituto Federal Electoral (IFE) al que corresponde regularlos.
En cuanto a las bases jurídicas en que estará sustentado el registro, Carlos Arce Macías precisó que se apegan al artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, que otorga a la Profeco la facultad, pero no la obligación, de crear ese mecanismo.