Por una cultura de la prevención
Cada día aumentan las víctimas mortales y los damnificados por las lluvias que azotan al país. El patrimonio de miles de familias y la infraestructura pública sufren daños crecientes. Los recursos del fondo de desastres son insuficientes para ayudar a las víctimas y se requiere muchísimo más para reparar como se debe carreteras principales y secundarias, puentes, escuelas, centros de salud, sistemas de electricidad y agua potable, y demás servicios públicos afectados. No existen datos que permitan saber lo que cada año el país pierde en su patrimonio natural con motivo de los huracanes, las lluvias, la sequía y el calor. Muchísimo menos se tiene una evaluación de lo que significa en salud y productividad, cuando decenas de miles de personas se enferman por falta de agua potable. Este año, y sólo para ilustrar con las altas temperaturas registradas, las enfermedades gastrointestinales aumentaron notablemente en el norte, lo que significó erogaciones mayores para las familias (de por sí ya con carencias económicas) y los sistemas de salud públicos, siempre en déficit de recursos.
En términos financieros, sociales y políticos es mucho más ventajoso prevenir que remediar los efectos de los desastres. Lo saben muy bien nuestras autoridades que asisten a las reuniones que sobre el tema celebra periódicamente la Organización de Naciones Unidas. Deben conocer, por ejemplo, que la pobreza está unida al deterioro ambiental y a la falta de preparación para enfrentar los peligros naturales. Por eso apenas 2 por ciento de las víctimas ocasionadas por los desastres durante los 20 años recientes en el mundo vivían en países industrializados, donde, mal que bien, funciona el aparato gubernamental y la sociedad para enfrentar la fuerza de la naturaleza. El restante 98 por ciento de las víctimas se localiza en los países en desarrollo o francamente pobres. Cada nueva tragedia borra las anteriores y por eso se oculta que durante los recientes 12 años ha muerto más de un millón de personas por las catástrofes naturales y 2 mil millones más sufren de alguna forma por lo ocurrido. Con el agravante de que el número de víctimas va en aumento.
Se habla muy poco sobre lo que cuesta evitar una tragedia y lo que después se gasta por no hacerlo. Un caso citado en reuniones internacionales sobre la falta de acciones oportunas para evitar un desastre fue lo que ocurrió hace seis años en Mozambique. Su gobierno necesitaba 10 millones de dólares para armar la estrategia contra las lluvias que azotaron a ese país en el año 2000. La comunidad internacional nunca atendió el llamado de auxilio y después comprobó que los daños ocasionados por el agua afectaron a dos millones de personas y significaron pérdidas materiales por más de 100 millones de dólares.
México no tiene necesidad de pedir ayuda internacional para armar una estrategia contra los desastres naturales. Nuestras reservas monetarias son multimillonarias en dólares, así que darles un pellizco no afectaría la marcha de la macroeconomía. Por el contrario, la beneficiaría porque gastar en prevención significa a futuro ahorrar en daños a la base material de la sociedad y en atender a los damnificados. Y eso se logra, por principio, elaborando los mapas de riesgos y con estrategias para enfrentar lo peor, llevando a cabo el ordenamiento del territorio, tarea de moda hace 30 años y que hoy está arrumbada en alguna dependencia gubernamental. Organizando a la población. Se hace lo contrario y las víctimas de un desastre se convierten en negocio de los allegados a los funcionarios, el clientelismo electoral del gobierno en turno y los partidos políticos. Las elecciones recientes así lo confirman.
No somos la excepción. En todo el mundo los funcionarios y las empresas ligadas a ellos se benefician con las tareas de la reconstrucción por los desastres. Estados Unidos es buen ejemplo con Katrina, Nueva Orleáns y la destructora ocupación de Irak. Sin faltar el desvío de la ayuda para fines personales o partidistas. Eso lo hemos visto los años recientes en el país y sin que ninguno de los funcionarios acusados de traficar con la ayuda haya sido sancionado. Hasta los convierten en legisladores. Así, el gobierno que termina deja malas cuentas.