Editorial

Oaxaca: provocaciones contra el proceso de negociación

Ayer sábado, hombres no identificados prendieron fuego a las oficinas de Nueva Izquierda de Oaxaca, una de las sedes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). César Mateos y Flavio Sosa, dirigentes del movimiento oaxaqueño, señalaron que esta agresión fue un intento más para reventar las negociaciones entre dicha organización y la Secretaría de Gobernación, con las cuales se buscan poner fin al conflicto en el estado. Entre las principales demandas de la APPO está la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

No es la primera vez que una acción violenta afecta los acercamientos entre los oaxaqueños y el gobierno federal. De hecho, ante la grave situación registrada en la entidad, unas 16 ONG nacionales e internacionales establecieron una misión civil para "constatar la realidad que vive el estado de Oaxaca y documentar violaciones a los derechos humanos".

Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: "Hemos conocido información de hechos que constituyen violaciones como son el uso excesivo de la fuerza, ataques a la libertad de expresión, de asociación y de reunión y a los códigos de conducta de los cuerpos de seguridad". El pasado 21 de agosto, por ejemplo, desconocidos atacaron con rifles AK-47 varias estaciones de radio tomadas por la APPO, un hecho que provocó la radicalización de las protestas.

Asimismo, agregó la misión, "en diferentes municipios del estado de Oaxaca desconocen a sus autoridades formales, sufren un clima generalizado de terror, consecuencia tanto de agresiones directas, como de amenazas sistemáticas". Señalaron que agentes policiacos vestidos de civil y particulares han realizado detenciones arbitrarias, sin siquiera identificase como miembros de los cuerpos de seguridad de la entidad. Las organizaciones humanitarias aseguran que la tortura es práctica común en el estado.

Este ambiente de crispación ha sido una constante desde que el pasado 22 de mayo unos 70 mil trabajadores de la educación declararon la huelga en demanda de mejores condiciones laborales. El 14 de junio, el gobernador Ulises Ruiz ordenó un brutal operativo policiaco para desalojar de la plaza central a los maestros inconformes, hecho que dejó decenas de heridos y detenidos.

A raíz de este acto gubernamental, miles de integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos se solidarizaron con los maestros, dando origen a la APPO, que desde ese momento aglutinó la inconformidad social generada por décadas de gobiernos corruptos en el estado.

Pero lejos de reflexionar acerca del verdadero estado que prevalece en Oaxaca se ha respondido con mayor represión y se han registrado innumerables violaciones a los derechos humanos contra líderes del magisterio y de otras organizaciones afiliadas a la APPO. Así, de acuerdo con las ONG, desde el 14 de junio se han llevado a cabo alrededor de 17 detenciones de dirigentes, de los cuales varios permanecen aún detenidos.

Pese a los esfuerzos de las organizaciones humanitarias para llamar la atención sobre la creciente violencia que se vive en Oaxaca, las agresiones continúan; el pasado lunes, decenas de estudiantes fueron reprimidos con lujo de violencia, y ahora, el incendio de las instalaciones de Nueva Izquierda, sede de la APPO.

Ante este panorama es necesario, pues, que el gobierno federal haga lo conducente para acabar con la represión en el estado y solucionar política y pacíficamente el conflicto.